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Son los aludidos, especialmente el Partido Popular, pero ni PP ni PSOE parecen haber tomado nota de la amenaza de los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial que estudian la posibilidad de dimitir. Aunque desde ese sector del órgano de Gobierno de los jueces se insiste en que las dimisiones son personales, el objetivo de la iniciativa pasa por que los ocho miembros de ese bloque decidan dar el paso, dejen el Pleno sin quorum y así forzar la renovación del CGPJ que en diciembre cumplirá cinco años en funciones.
El amago se produce tres meses después de la dimisión del expresidente del Consejo, Carlos Lesmes, que amenazó con irse si no había renovación. La amenaza no funcionó y su marcha sólo sirvió para que Sánchez y Feijóo mantuvieran la reunión que parecía, una vez más, definitiva. Pero tampoco. Lesmes se fue y el Consejo siguió bloqueado.
Esta vez parece que la amenaza tampoco está teniendo efecto en los destinatarios. No hay reuniones, al menos que se conozcan, y lo único que se encuentran son algunas respuestas a los medios. PP y PSOE que son los que tienen que renovar el CGPJ están dando un perfil bajo a un problema que en otros momentos sí ha sido un arma arrojadiza de peso.
El portavoz del PP, Borja Semper, fue interpelado sobre el asunto en una entrevista de TVE, donde calificó las posibles dimisiones de "estrategia" que "degrada y degenera " a la institución y reclamó que las instituciones deben "estar preservadas del juego político". No sólo eso, el popular deslizó la idea de que detrás de esta iniciativa hay "presiones" del Gobierno.
La respuesta a ese dardo, le llegó en boca de María Jesús Montero, también a preguntas de la prensa: "No me produce extrañeza que los miembros del CGPJ estén tomando sus propias decisiones a la vista del bloqueo del PP", decía la ministra de Hacienda al tiempo que pedía a Feijóo que cumpla con sus obligaciones constitucionales, porque "todo el mundo está sujeto al imperio de la ley".
Por su parte, el socio del PSOE en el Gobierno, Unidas Podemos, ha insistido en que se rebajen las mayorías necesarias para elegir a los vocales y que se desbloquee ya. Ione Belarra cusa al PP de mantener secuestrado al CGPJ y exige al PSOE acometer la reforma que en su día se llegó a preparar pero que los socialistas acabaron metiendo en un cajón.
La iniciativa, que no es nueva, porque el sector progresista ya lo había tenido en mente, se volvió a poner sobre la mesa el jueves. La noche anterior había trascendido la decisión de dimitir de la vocal propuesta por Izquierda Unida, Concepción Sáez.
Su compañero de sector, Álvaro Cuesta, volvió a sacar la idea y el viernes se reunió con otros cuatro vocales de la misma sensibilidad, incluida Sáez y también el presidente en funciones, Rafael Mozo.
Tras ese "café" en el despacho de Mozo, los progresistas del CGPJ decidieron volver a verse este martes, a las siete de la tarde, para abordar el asunto. Y en ese punto estamos, pero eso sí, con la continua aclaración de que las dimisiones son personales. Pero claro, aunque sean individuales han de ser encadenadas, un "todos o ninguno" para que tengan el efecto buscado.
Según distintas fuentes consultadas por NIUS, hay una mayoría de progresistas que lo están meditando seriamente y hay dos que no parecen muy por la labor. Está por ver si sus compañeros les convencen en la reunión del martes.
Si los ocho se van, quedarían sólo 10 vocales conservadores y no podrían tomar decisiones válidas, porque es necesario que el Pleno esté compuesto por al menos 11 miembros. Así que si uno solo de ellos se queda, no habrá efecto formal, aunque sin duda sería un golpe en toda regla.
Otras fuentes señalan que en realidad "el Pleno está despojado de sus funciones", desde el momento en que no pueden nombrar jueces, algo que tiene a varias salas del Tribunal Supremo en una situación calamitosa. Sin el Pleno, señalan esas mismas fuentes, el Consejo seguiría funcionando para labores ordinarias a través de la Comisión Permanente, como lo hizo durante tres meses en 1996.
Pero fuentes del sector progresista no lo ven tan claro. Si entre los que dimiten hay vocales presentes en esa comisión, tampoco podrá funcionar, porque se quedarían sólo cuatro miembros y para completarla hace falta que se convoque un pleno.
La que sí se quiere ir, ocurra lo que ocurra es Concepción Sáez. Ella dio el paso de manera unilateral y su carta de renuncia el 13 de marzo (aunque tardó 10 días en trascender), abrió la espita.
Su salida depende de Rafael Mozo, el presidente, que todavía no le ha dado el beneplácito para marcharse porque según fuentes del CGPJ "tenía pendiente una conversación con ella".
En su carta, a la que accedió NIUS, Concepción Sáez hablaba del hartazgo y agotamiento por el bloqueo que "tanta deslegitimación está provocando sobre la imagen de nuestro sistema judicial".
Sáez afirmó que se iba porque ya no encuentra sentido a ostentar el cargo y porque no ve visos de renovación.
Lo cierto es que en año electoral parece muy complicado que la situación se desbloquee sin más, y la amenaza de los progresistas tampoco parece haber surtido su efecto. Otra cosa es lo que pueda ocurrir si finalmente se consuma, algo que no se verá claro hasta después del encuentro del sector progresista y que en ningún caso se haría oficial antes del Pleno ordinario que se celebrará este jueves.