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El martes a las siete de la tarde, los ocho vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial debatirán su posible renuncia para forzar la renovación. Lo acordaban en un primer "café" de contacto, en el despacho del presidente en funciones, Rafael Mozo, en el que participaron cinco vocales de esa sensibilidad. "Que quede claro que son decisiones individuales", señalaba el impulsor del debate en el grupo progresista, Álvaro Cuesta, en un corrillo con periodistas después de esa toma de pulso. La decisión, cierto, ha de ser individual, pero o sólo se tomará si todos están de acuerdo, porque si no, no tendrá el efecto buscado, bloquear ya del todo el Consejo y obligar a los partidos a escoger nuevos vocales.
Según fuentes consultadas, dos son los vocales progresistas reticentes a una dimisión del bloque. El martes se verán con sus colegas y todo se verá más claro. En cualquier caso, nada será oficial antes del jueves, en el que el que asunto se abordará a lo largo del Pleno ordinario. Los miembros conservadores no están por la labor, incluso algunos creen que una salida en grupo puede ser delictiva, pero en el grupo progresista no hacen la misma interpretación de la Ley.
La clave de la posible dimisión que se debate es que, si los ocho se van, el CGPJ se quedará solo con 10 vocales. Eso lo dejará sin quorum, es decir, sin capacidad de tomar decisiones válidas. Y el bloqueo que se arrastra desde diciembre de 2018 será ya insostenible.
Eso sí, hay voces en el Consejo que aseguran que ahora mismo el Pleno está despojado de sus funciones porque no puede cumplir con sus función más importante, que es nombrar jueces, por una reforma que impulsaron PSOE y Unidas Podemos para vetar los nombramientos mientras el CGPJ esté en funciones. Así que según esa tesis, el Consejo seguiría funcionando en el resto de asuntos, como es la organización de las vacaciones de los jueces; los correctivos y castigos; o los informes sobre leyes. Así se hizo en 1996 cuando seis vocales dimitieron de golpe.
Porque no, la situación no es inédita. En marzo de 1996, con Pascual Sala como presidente, seis vocales dimitieron por distintas razones, entre ellas el retraso en la renovación, aunque entonces el Poder Judicial llevaba bloqueado cuatro meses y ahora son más de cuatro años.
En aquella ocasión, el CGPJ se quedó con 11 miembros y siguió funcionando a través de la Comisión Permanente hasta que hubo renovación, en el mes de julio tras la llegada de José María Aznar al Gobierno. Fuentes jurídicas no se paralizó entonces y no lo hará ahora. Pero otras, del bloque progresista, sí creen que ahora habría un "problema".
El problema ahora con la Comisión Permanente es que está compuesta por siete miembros y que tres de ellos son progresistas. Así que si todos renunciaran, se quedaría con cuatro, inoperativa, según exponen miembros del Consejo.
Según ellos, a los nuevos integrantes los tendría que nombrar el Pleno, y al no poder constituirse ese Pleno, tampoco se podría completar la Comisión Permanente y su capacidad para tomar decisiones desaparecería.
Otro punto de preocupación en los últimos días has sido el de la formación de las juntas electorales que que tendrán que controlar las elecciones municipales del mes de mayo.
Los juristas que forman parte de esas juntas miembros tienen que ser designados por el Consejo General del Poder Judicial en un proceso de insaculación, que consiste en sacar nombres al azar. Y tienen que estar nombrados tres días antes de la convocatoria electoral. En esta ocasión, la convocatoria será el 4 de abril y por tanto los miembros de las juntas electorales deben estar designados antes del 7, el día de Viernes Santo.
Pero los vocales progresistas aseguran que ellos no van a impedir la formación de las juntas electorales y que ya se ha empezado a trabajar en eso: "El andamiaje electoral no está en peligro al margen de que haya o no dimisiones", afirman.
Desde que la posible dimisión se puso sobre la mesa este jueves, comenzó a circular otra idea, apuntada por fuentes del sector conservador, de que una salida grupal podría ser un delito de abandono colectivo del servicio castigado por el art. 409 del Código Penal.
Ese artículo castiga a las autoridades o funcionarios públicos "que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público" y el castigo es de multa de ocho meses a un año y suspensión de empleo o cargo público de entre seis meses y dos años.
En el sector progresista insisten en que la decisión de dimitir es "personal" y no creen que constituyera un delito, pese a admitir que hay distintas interpretaciones de la norma.
La progresista que ya ha dado el paso de renunciar al cargo es Concepción Sáez, aunque su dimisión aún no ha sido aceptada. Ella es una de las ocho personas que forman parte del bloque progresista y si Rafael Mozo lo acepta, se irá sí o sí. Otra cosa es lo que decidan sus compañeros. Sáez abrió el camino, y ahora está por ver quién lo recorre con ella.
Todos coinciden en que la situación es insostenible, pero no todos tienen claro que la dimisión sea la solución a un problema que ha generado la falta de acuerdo entre PP y PSOE para designar al nuevo Poder Judicial.