El futuro del Poder Judicial en el aire: a la espera de la decisión de los progresistas sobre una dimisión en bloque

El Consejo General del Poder Judicial vive las horas más duras de la crisis que dura ya cuatro años y tres meses, desde su entrada en funciones en diciembre de 2018. Sin visos de renovación en este año electoral, los vocales progresistas podrían poner fin al bloqueo con una decisión drástica: la dimisión en bloque, que además dejaría el Pleno con 10 vocales, lo que lo dejaría sin quorum, es decir, sin poder tomar decisiones válidas.

La idea la van a ver en una reunión impulsada por el vocal Álvaro Cuesta, del sector progresista. Este lunes habrá una primera toma de contacto, aunque dos de las vocales no podrán asistir y es probable que los encuentros sigan para tomar una decisión antes del jueves, el día del próximo pleno ordinario.

La dimisión en en conjunto ya la planteó Cuesta en diciembre de 2020, pero para todo el pleno. Entonces solo cinco de los vocales le apoyaban, y no hubo concreción ni planteamiento oficial. Ahora, tras la renuncia de Concepción Sáez, también progresista, sus compañeros de bloque se están pensando seguir sus pasos para forzar la renovación.

De momento no hay nada decidido, pero sí hay miembros del CGPJ dispuestos a presentar esa renuncia, siempre y cuando sea una decisión conjunta y lo hagan a una. Para conseguir el objetivo de paralizar el Consejo y forzar la renovación, tienen que salir todos ellos.

Imaginemos que uno se niega. Pues bien, ese vocal progresista se quedaría solo con los 10 que forman el bloque conservador y el CGPJ seguiría funcionando a trancas y barrancas, como ya hace desde hace tiempo. Por eso, la dimisión en grupo sólo será posible si todo el sector progresista está dispuesto a hacerla.

Los vocales fueron nombrados para cinco años, pero si nada cambia, cumplirán diez en el cargo, por el bloqueo de las Cortes, del que se acusa al Partido Popular. Teniendo en cuenta que estamos en un año de doble cita electoral -municipales y generales- las perspectivas de renovación este año eran más bien pocas: "La esperanza es lo último que se pierde pero está difícil", contestaba un miembro del CGPJ a preguntas de NIUS.

Vocales conservadores consultados por NIUS no están por la labor de hacer algo similar y su reivindicación es que se levante el veto al nombramiento de jueces. Uno de ellos, tiene muy claro que sumarse a una dimisión en bloque podría acarrear una investigación judicial por "un delito de abandono colectivo del servicio castigado por el art. 409 del Código Penal". El vocal en cuestión, zanja el asunto así: "Yo me he pasado demasiado tiempo dedicado a la justicia como para acabar calificado como delincuente".

Otro vocal defiende que siguen haciendo "muchas cosas" y elaborando numerosos informes, aunque añade: "Es cierto que no podemos nombrar jueces y esa es nuestra principal función". Para este vocal sí tiene sentido seguir en el CGPJ pese a su merma.

Los miembros del CGPJ afrontan su décimo año en el cargo sin poder nombrar jueces y con el bloque conservador y el progresista cada vez más distanciados. Para Sáez, la situación es "insostenible", y eso la llevó a comunicar su renuncia al presidente en funciones del Poder Judicial el 13 de marzo, aunque no trascendió hasta este miércoles por la noche.

Concepción Sáez, propuesta por Izquierda Unida hace nueve años que pide marcharse porque ya no puede más. En su carta de renuncia, a la que ha accedido NIUS, explicaba que su paciencia está "agotada" tras todos los amagos de renovación (al menos cinco). Además, apuntaba la dificultad de "pronosticar cuándo y cómo se resolverá" la crisis del Poder Judicial que "tanta deslegitimación está provocando sobre la imagen de nuestro sistema judicial".

En la carta deja claro que después de nueve años en el CGPJ -cuatro en funciones- ya no tiene sentido seguir en el cargo, por la "incapacidad de tomar determinadas decisiones en el ejercicio ordinario de las competencias de este órgano al tiempo que se clama por la recuperación de competencias impropias de un Consejo en funciones".

La vocal lleva meditando "desde hace tiempo", el sentido de seguir siendo vocal del CGPJ. Asegura que ha confiado en que la renovación se produciría en alguna de las "sucesivas ocasiones en las que parecía inminente" y que "por un excesivo y quizá equivocado sentido de responsabilidad" ha aguantado el paso de los meses y de los años con "inquietud e incomodidad".

Finalmente, el 13 de marzo tomó la decisión, porque considera "inútil" su continuidad en un órgano sometido a una "irreversible degradación". Tras entregar la renuncia pidió discreción al presidente y él la tuvo. Hasta este miércoles por la noche no había trascendido, ni siquiera entre los miembros del Pleno.

La renuncia aún no está aceptada y en ningún caso se tomará una decisión hasta el pleno convocado para el 30 de marzo. Ahora bien, todo puede cambiar si prospera la propuesta de dimisión en bloque.

De ser aceptada y de no haber una salida en bloque, la marcha de Sáez adelgazaría el Pleno hasta dejarlo en 17 vocales y no los 21 (20 más presidente) que fija la Ley.

En la actualidad, hay 18, presidente incluido, porque en 2022 hubo tres bajas: en marzo se jubiló Rafael Fernández Valverde; en junio murió Victoria Cinto y en octubre dimitió Carlos Lesmes para forzar una renovación que también se truncó pero que sí sirvió para desbloquear la del Tribunal Constitucional. Además, la salida de Sáez mermaría todavía más al sector progresista, compuesto por ocho vocales, frente a diez conservadores. Si ella se va y sus compañeros se quedan, serían siete.

El mismo día en que trascendió la posible salida de Concepción Sáez, el CGPJ informó de otro asunto que hace mella en el Consejo. Se trata de la asignación de 151.000 euros anuales que recibe Rafael Mozo como presidente en funciones del órgano de gobierno de los jueces.

El problema es que ese complemento está destinado al presidente del Consejo, que siempre es el mismo que el del Supremo. Pero cuando Lesmes se fue, no hubo un nuevo presidente para las dos casas y se nombró a dos presidentes en funciones. Marín Castán para el Supremo y Rafael Mozo para el Consejo. Como el sueldo está presupuestado y no se puede dividir entre los dos, él lo ha estado percibiendo completo, pero este miércoles anunció de decisión de renunciar a cualquier retribución "que exceda de la que" corresponde a cualquier vocal del CGPJ.

Mozo llegó a esa decisión después de que algunos vocales le reprocharan estar recibiendo ese salario. Pero tampoco todos lo ven así y hay quien "no entiende qué problema hay ahí, ya que Mozo está ejerciendo una función por la que tiene derecho a un complemento" y apuntan que él consultó. "No cobramos lo que queremos sino lo que tenemos que cobrar" asevera este vocal