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12 paginas ocupa la denuncia que la Fiscalía Provincial de Barcelona ha presentado ante el Juzgado Nº 1 de la Ciudad Condal contra el que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, y varios dirigentes del Fútbol Club Barcelona, incluidos sus expresidentes Josep María Bartomeu y Sandro Rosell.
La trama ya tiene nombre, Caso Negreira, y este mismo martes ha pasado a manos de la Fiscalía Anticorrupción, que será la encargada de investigar a esos directivos y a otros dos exdirectivos del club, Albert Soler y Óscar Grau, además del propio club.
Lo que se investiga es los pagos del club a Negreira, que habrían empezado en la etapa de Joan Gaspart como presidente (de 2000 a 2003). Según sospecha la Fiscalía esos pagos se hicieron para que el exvicepresidente de los árbitros favoreciera al club. La lista de ilustres la completan los testigos a los que la Fiscalía quiere llamar y que incluye a antiguos entrenadores como Enrique Valverde o Luis Enrique.
José María Enríquez Negreira fue viceresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) desde 1994. A partir de 2001, y hasta 2018, según la Fiscalía, cobró del Barça más de 7,3 millones de euros que no estaban previstos en los estatutos del club ni aprobados por sus socios. "No tuvieron soporte legal ni estatutario alguno", señala la Fiscalía.
Negreira facturó buena parte como "asesoramiento de vídeos técnicos" o "grabación de partidos y visionado de Selecciones", según las 33 facturas facilitadas por el Barcelona a la Agencia Tributaria y que sólo recogen una parte de los pagos.
Sin embargo, la Fiscalía considera que eran pagos a cambio de "actuaciones tendentes a favorecer al FCB en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el Club, y así en los resultados de las competiciones".
Como vicepresidente del CTA habría influido en la "designación para cada partido de las competiciones españolas oficiales de ámbito estatal y profesional", que se lleva a cabo en ese organismo, que también evalúa a los propios árbitros y es la que los asciende o desciende de categoría o los propone para ser candidatos como árbitros internacionales.
Cuando en 2018 fue destituido de su cargo, el Barcelona dejó de pagarle. Entonces, Negreira se dirigió al entonces presidente del Barça, Josep María Bartomeu, en tono claramente amenazador: "No tengo voluntad de dar publicidad a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano en relación con nadie del club, pero usted me obligará a ello si no reconsidera su decisión y cumple con el acuerdo que teníamos de seguir contando con mis servicios hasta fin de mandato presidencial", le escribió en un burofax que recoge la denuncia de la Fiscalía.
Javier Enríquez Negreira también aparece señalado en este caso. Negreira hijo cobraba como psicólogo y coach de los árbitros. Y según el colegiado Pérez de Andújar "en los partidos importantes del Barcelona en su campo" solía llamar a los árbitros para "decirles en qué hotel estaba y les decía que él les llevaba".
Luego, hablaba con el CTA de los árbitros con los que había trabajado: "los árbitros le han dado a este señor toda su información y pensamientos mientras él les tenía en sus manos", señalaba Pérez de Andújar.
Pero la Fiscalía no lo ha incluido en su denuncia porque no ha quedado acreditado que “conociera y compartiera el propósito de su padre”.
El que sí ha puesto su vista en él es el juez Abascal, que investiga el desvío de fondos en la Federación Española de Fútbol de Ángel María Villar. Este lunes, el magistrado pidió que se aporte toda la documentación referente a 4.400 euros que la RFEF pagó a Javier Enríquez Negreira.
Aunque los pagos abarcan cuatro presidencias del Barça, los fiscales sólo denuncian a Josep María Bartomeu y Sandro Rosell. Dejan fuera a Joan Gaspart y Joan Laporta, a los que propone llamar como testigos.
El documento de la Fiscalía señala que el Barcelona, "a través de los presidentes Bartomeu y Rosell, alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial con el denunciado Negreira" para que favoreciera al club desde la vicepresidencia del TAC.
Según fuentes relacionadas con el equipo, los dos expresidentes aseguran que pagaban "en defensa propia" para compensar los "favores" que recibía su eterno rival, el Real Madrid, desde el mundo arbitral.
Los dos saben lo que es estar detenidos. Bartomeu pasó una noche en el calabozo por presuntos pagos a una empresa contratada para mejorar su imagen y pagada con fondos del club. Rosell, por su parte, pasó casi dos años en prisión provisional. Unos días después de salir de la cárcel, su caso fue archivado. Había sido acusado de organización criminal y blanqueo de capitales en lo que él denominó un "montaje" más de Villarejo.
En cuanto a Andreu Soler y Oscar Grau, la fiscal los sitúa como personas de la "máxima confianza" del expresidente Bartomeu. Desde esa posición, que les daba facultades de organización y control dentro del equipo, actuaban "a sabiendas de los importes que se facturaban anualmente desde enero de 2011 hasta junio de 2018 por las dos empresas" de Negreira.
Según la fiscal, ambos directivos y Bartomeu eran las "únicas personas que conocían el entramado" y de hecho, "evitaron a toda costa" que el hijo de Negreira fuera contratado directamente por el club para que el apellido no quedara relacionado con el Barcelona.
Entre la decena de testigos que la fiscal propone citar cuando los tribunales den curso a la denuncia, están Joan Gaspart y Joan Laporta, que ahora vuelve a presidir el club y clama contra la denuncia de la Fiscalía.
La Fiscalía, ni siquiera se ha molestado en denunciarlos a ellos, porque sus pagos quedan fuera del alcance de la Justicia. En ambos casos, el delito de administración desleal estaría prescrito porque ya han pasado más de cuatro años desde que presuntamente se cometió. En cuanto al otro delito, corrupción entre particulares, no existía hasta el año 2010.
Gaspart fue presidente entre 2000 y 2003 y Laporta de 2003 a 2010, así que si el juzgado respalda la petición de la Fiscalía, serán llamados como testigos.
El desfile de testigos, desvelado en su totalidad por La Vanguardia, está llamado a generar mucha atención. Además de un presidente y un expresidente del Barcelona, la Fiscalía quiere que se cite a dos entrenadores: Luis Enrique y Ernesto Valverde.
El Ministerio Público quiere que expliquen si vieron los vídeos por los que presuntamente cobraba el vicepresidente de los árbitros. Valverde, de momento, asegura que nunca "miró" esos vídeos, aunque hizo un reconocimiento tácito de su existencia.
También podría tener que declarar Carles Tusquets, que presidió la gestora que tomó las riendas del club tras la salida de Bartomeu, pero que estaría citado como extesorero, para hablar de lo que sabía de los pagos.
Otro nombre de la lista es el de Pep Segura, secretario técnico del Barcelona y manager general desde 2017. En principio, debió validar los pagos, así que la Fiscalía tiene interés en él.
La fiscal quiere que también declare Pere Lluis Mellado, director del área jurídica de 2004 a 2010 y que vuelve a serlo.
En cuanto al hijo de Negreira, se libra de la calificación de denunciado, pero no del foco de la fiscal de Barcelona que lo propone como testigo.
Porque se trata, asegura la Fiscalía General, de "delitos relacionados con la corrupción de especial trascendencia", en concreto: corrupción entre particulares; administración desleal continuada; y falsedad en documento mercantil, aunque no todos afectan a todos.
A Negreira, Bartomeu, Grau y Soler, la fiscal pide imputarles los tres delitos y considerarlos continuados; a Sandro Rosell y al Fúbol Club Barcelona sólo los acusa de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo continuada.