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La jueza del caso Negreira ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía y la querella del árbitro Xavier Estrada Fernández por presunta corrupción en pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, y ha aceptado que LaLiga sea acusación particular en el caso. La responsable del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona ha denunciado haber sufrido un robo en su domicilio que está siendo investigado por los Mossos, ha informa el diario El Mundo citando fuentes de El Confidencial.
Según estos medios, los Mossos creen que se trata una "casualidad" y que no hay relación entre el robo y el caso Negreira. La jueza denunció la entrada en su vivienda la noche del domingo cuando se encontraba de guardia. En su testimonio ante los agentes incluyó la sustracción de joyas y dinero.
En un auto consultado por Europa Press este miércoles, la jueza ha abierto las diligencias por los presuntos delitos continuados de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad en documento mercantil. La magistrada ha decidido que la Guardia Civil se encargue de la investigación y, una vez reciba la documentación de la investigación policial que ha ordenado, fijará fechas para tomar declaración a testigos e investigados.
Entre los testigos que la Fiscalía ha pedido citar en la causa están los exentrenadores del FC Barcelona Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde. Según la querella de Estrada, entre 2016 y 2018 Negreira cobró 1.392.680 euros del FC Barcelona a través de su empresa DASNIL 95 SL, de la que era gerente su hijo Javier Enríquez Romero, contra quien también se dirigía la querella pero que no ha resultado investigado.
Por su parte, la Fiscalía sostiene en la denuncia que presentó el viernes que entre 2001 y 2018 Negreira cobró del Barça más de 7,3 millones de euros a través de sus empresas DASNIL 95 SL y NILSAD SCP a cambio de "actuaciones tendentes a favorecer al FCB en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club, y así en los resultados de las competiciones". La jueza constata que la investigación de la Fiscalía ha recavado indicios que corroboran la querella de Estrada y como, a pesar de los cobros, Hacienda no ha detectado un "incremento patrimonial" de Negreira, la magistrada ve pertinente hacer una investigación patrimonial a él y a su entorno próximo.
Por eso, encarga a la Guardia Civil determinar el motivo de los pagos del Barça y el destino de esos pagos, además de identificar a las personas que ocuparon el cargo de director general, ceo o director ejecutivo y director financiero, tesorero o jefe del área económica del club entre 2011 y 2014. A petición de Estrada, que presentó la primera querella por este caso, la jueza ha fijado una fianza de 10.000 euros para Negreira y su empresa DASNIL 95 SL para asegurar las responsabilidades económicas que puedan derivarse de la causa.
Además de Negreira, pasan a estar investigados por esta causa el FC Barcelona como persona jurídica y sus expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. La jueza también abre investigación contra los exdirectivos del club Óscar Grau y Albert Soler y la empresa DASNIL 95 SL. La denuncia de la Fiscalía sostiene que, a través de Rosell y Bartomeu como presidentes, el Barça "mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial" con Negreira, que entonces era vicepresidente del Comité Arbitral, para que les favoreciera en decisiones arbitrales.
La Fiscalía calcula que desde 2001 a 2018, Negreira cobró más de 7,3 millones de euros en pagos que supuestamente no correspondían a servicios de asesoramiento técnico reales, a lo que la fiscal señala: "Supuso una auténtica remuneración no prevista en los estatutos del club ni aprobada por la Asamblea General. En definitiva, dichas percepciones no tuvieron soporte legal ni estatutario alguno".
Añade que las cuentas bancarias donde Negreira recibía los pagos "se nutrían prácticamente en su totalidad de los ingresos procedentes del FCB los cuales eran retirados, en su gran mayoría, mediante cheques al portador" que cobraban terceras personas por encargo de Negreira, a quien entregaban luego el efectivo. Negreira fue relevado del CTA en mayo de 2018 y entonces el Barça dejó de pagarle, lo que Negreira recriminó a Bartomeu en un burofax que la fiscal reproduce: "No tengo voluntad de dar publicidad a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano en relación con nadie del club, pero usted me obligará a ello si no reconsidera su decisión y cumple con el acuerdo que teníamos de seguir contando con mis servicios hasta fin de mandato presidencial".