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El PSOE intenta pasar página cuanto antes de la grave crisis con Podemos por la reforma del 'sólo sí es sí' y volver a retomar la iniciativa poniendo el foco en la ley de vivienda, uno de los grandes compromisos de la legislatura todavía por cumplir por la falta de acuerdo entre los dos socios de la coalición y otros aliados del bloque de investidura. Aunque las dos partes coinciden en que el Gobierno no se va a romper los socialistas se quieren aferrar a ese salvavidas: sacar adelante un proyecto simbólico -sería la primera ley de vivienda de la democracia- para atajar el ruido interno, recomponer relaciones y frenar la imagen de división que se está trasladando a la ciudadanía.
El PSOE pone el acelerador con el objetivo de cerrar un acuerdo lo antes posible que impulse al Ejecutivo a menos de tres meses para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Las negociaciones entre los diferentes grupos parlamentarios se han intensificado en las últimas semanas -son casi diarias según algunas fuentes- porque es ahora mismo la máxima prioridad. Teniendo en cuenta la inflación y el precio de las hipotecas, la vivienda es una bandera social para toda la izquierda, especialmente en año electoral.
Eso sí, tampoco este asunto se libra de la polémica. Hay diferentes versiones sobre el alcance de las conversaciones. Mientras el ala socialista del Gobierno cree que el acuerdo está muy cerca, en Podemos son menos optimistas y niegan cambios sustanciales en las últimas horas. ERC y Bildu, socios clave, tienen voluntad política para aprobar la el texto. "Si hay una ley que tiene que salir en esta legislatura es vivienda", señalan fuentes de Esquerra que reconocen avances.
El movimiento que ha hecho el Ejecutivo para facilitar el consenso es elevar del 2% al 3% el límite a los alquileres de forma temporal durante 2024 hasta que se defina un nuevo índice. El tope del 2% está en vigor todo este año dentro del paquete anticrisis para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania. Para Podemos esa medida supone un retroceso al plantearla tan sólo para un año.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue la primera en trasladar que el acuerdo estaba "prácticamente" hecho a falta de algunos flecos por cerrar. Hablaba de días, incluso de las próximas horas. Más tarde, la vicepresidenta económica Nadia Calviño, se reafirmaba en que quedan "muy pocas cuestiones por cerrar". Economía destaca el trabajo intenso que se ha realizado para proteger mejor a los inquilinos y reforzar el parque público de vivienda. Hacienda subraya que se trata de que la vivienda sea más asequible y permita a los jóvenes emanciparse sin dedicar buena parte de sus sueldo a pagar el alquiler.
La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, salió de forma inmediata a desmentir que el acuerdo fuese inminente. A través de su cuenta de Twitter volvió a reafirmar el punto central para los morados, una "regulación de alquileres efectiva" y que se amplíe el parque público de vivienda. "Por desgracia hoy no estamos más cerca que ayer de un acuerdo", corrigió Belarra a sus compañeras socialistas del Consejo de Ministros.
En Podemos llevan días culpando al Ministerio de Economía de ser el principal escollo para aprobar la ley al resistirse a la regulación de los precios del alquiler. Las principales discrepancias hasta el momento que todavía no se han salvado están en el control de esos precios en las llamadas zonas tensionadas, la definición de grandes y pequeños tenedores de viviendas o en la prohibición por ley de los desahucios.
La ley lleva atascada en la Comisión de Transportes del Congreso desde hace meses ante la incapacidad de los grupos para avanzar. Se presentaron cientos de enmiendas, entre ellas las de Podemos que irritaron a los socialistas. El proyecto se aprobó en el Consejo de Ministros el 1 de febrero de 2022 y según el PSOE se habían pactado con los morados hasta las comas.
Es uno de los proyectos que más tensiones ha generado en el seno de la coalición. Llegó a condicionar el apoyo de Podemos a los presupuestos generales del Estado de 2021 y 2022.
La ley de vivienda es uno de los puntos del pacto firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en 2019 que dio lugar al primer Gobierno de coalición. En ese documento también figura el compromiso de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza que aprobó en solitario el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2015.
Esa reforma, promesa electoral de todos los partidos del bloque de investidura, está a punto de naufragar porque ERC y Bildu se resisten a aprobar un texto que consideran descafeinado y sus votos son imprescindibles porque se trata de una ley orgánica. En el PSOE ya no ven mucho más margen de negociación y todas las partes reconocen que podría decaer definitivamente la próxima semana si antes no se produce un giro inesperado. De momento, nadie se mueve de sus posiciones y los puntos de fricción se mantienen sobre el uso de las pelotas de goma, las faltas de respeto a los agentes, la desobediencia y las devoluciones en caliente. El Gobierno insiste en que las Fuerzas de Seguridad del Estado tienen que tener garantías para poder hacer su trabajo y se niega a avanzar más.
El próximo martes se reúne la Comisión de Interior para debatir y aprobar el dictamen de la ley sin que a esta hora haya acuerdo. A la ministra de Hacienda y número dos del PSOE se le preguntó qué era más importante para el Gobierno ¿mordaza o vivienda?. Admitió que la primera está más difícil y que la segunda es más demandada socialmente por su relevancia para la vida de miles de ciudadanos. Las prioridades en Moncloa están claras.