Los cargos públicos investigados por corrupción: ¿tienen derecho a recibir indemnizaciones?

El exdiputado del PP Alberto Casero y el socialista canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo han solicitado a la Mesa del Congreso que se les abone la indemnización que les corresponde al dejar la Cámara. Tanto Casero, que dejó el escaño tras ser procesado por el Tribunal Supremo por prevaricación, como Fuentes Curbelo, que fue obligado a dimitir tras conocerse que estaba siendo investigado por la trama de corrupción del caso Mediador, tienen derecho a percibir una indemnización por cese según el reglamento de prestaciones del Congreso.

Los exdiputados han pedido al Congreso la indemnización que les corresponde por abandonar el acta, pues según el reglamento de prestaciones sociales del Congreso, todo diputado que deje el escaño tiene derecho a percibir una indemnización por cese. La única normativa al respecto es que no se puede compatibilizar con la actividad en la empresa pública o privada. Las peticiones de los exdiputados ya han sido registradas y deberán ser evaluadas por la Mesa del Cámara.

Esta indemnización equivale a una mensualidad de la asignación constitucional (3.126,89 euros) por cada año de mandato parlamentario, siempre que hayan estado al menos dos años en la Cámara. En el caso de Casero, que fue diputado seis meses en la anterior legislatura y más de tres años en la actual, le corresponde un total de algo más de 12.500 euros, mientras que al conocido como 'tito Berni', con tres años justos de actividad parlamentaria esta legislatura, le deberían abonar algo menos de 10.000 euros.

Sucede algo parecido al subsidio de paro que perciben los trabajadores a modo de compensación y que a los diputados no les corresponde al no formar parte del régimen de la Seguridad Social. En este caso, la indemnización por cese se divide y el Congreso la va pagando mensualmente por la cuantía de la asignación básica de los diputados (3.126,89 euros), es decir, no se paga de una vez. A Casero le corresponderían cuatro mensualidades y tres a Fuentes Curbelo.

Esta prestación es "incompatible con la percepción de cualquier retribución, sueldo, salario, pensión, dieta, indemnización o percepción de cualquier naturaleza, sea de carácter público o privado", con lo que en cualquier momento la Cámara puede detener el pago si detecta que el exdiputado tiene otros ingresos.

En el caso de un presidente del Gobierno, este tiene derecho a una indemnización económica del 80% del salario que tiene por un máximo de dos años además de un automóvil con conductor del Estado, derecho a dos funcionarios, pase gratuito en compañías terrestres, marítimas y aéreas, servicio de seguridad y derecho a lo que se llama 'gastos de oficina o inmueble'. Esto tiene una dotación de 74.580 euros anuales y no se tiene que justificar, además de ser para toda la vida.

Los vicepresidentes, ministros o secretarios del Estado tienen igual derecho a la indemnización económica del 80% del salario que han tenido y lo cobrarían por el mismo tiempo que hayan tenido el cargo con un máximo de dos años.