El Congreso aprueba la ley de universidades que impide a los colegios mayores segregar por sexos
Redacción digital Informativos Telecinco
El Congreso aprueba la ley de universidades no exenta de polémicas
El Congreso aprueba la ley de universidades que no gusta a las comunidades autónomas que deben asumir el aumento hasta el 1% de la financiación
La no segregación por sexo de los colegios mayores, la elección de los rectores, entre los temas más polémicos
La nueva ley de universidades (LOSU) es la tercera de la democracia y sustituye a la anterior del Gobierno de José María Aznar que tiene 20 años
El Congreso ha aprobado la nueva ley de universidades (LOSU). Así, se prohíbe a los colegios mayores adscritos a centros públicos segregar por sexo para evitar espectáculos bochornosos como el del colegio mayor Elías Ahuja. La mayor polémica gira en torno al aumento de la financiación. Es la tercera reforma universitaria en democracia en España.
El Congreso vota la ley de universidades que impide a los colegios mayores segregar por sexos y aumenta la financiación hasta el 1% del PIB
El Pleno del Congreso ha debatido y votado la tercera reforma universitaria en democracia, una ley que persigue atajar la preocupante precariedad laboral del sistema y elevar el presupuesto, que pasa del actual 0,7 al 1% del PIB de aquí al 2030.
El Congreso aprueba la LOSU con el apoyo de PSOE, Podemos y socios
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), por 182 votos a favor (PSOE, Podemos, ERC, PNV, Más País y Compromis) 157 en contra (PP, Vox, Cs, BNG, UPN, CUP y Foro Asturias) y 8 abstenciones (EH Bildu y Junts). Además de aprobar todas las enmiendas incorporadas por el Senado, los diputados han votado el carácter orgánico de la norma, que debe salir con mayoría absoluta (176 votos).
La nueva Ley de Universidades, que ha tenido que volver al Congreso tras ser modificada en el Senado y que entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, plantea medidas para la reducción de la precariedad en la Universidad, derechos para los estudiantes como el paro académico o un compromiso de gasto del 1 por ciento del Producto Interior Bruto para 2030.
"Hemos asumido la demanda de muchas de las universidades que durante años han reclamado el contar con una nueva ley, 22 años después de la aprobación la LOU", ha manifestado el ministro de Universidades, Joan Subirats, durante su intervención en el Pleno, donde ha asegurado que han tramitado la ley "desde un talante inequívoco de diálogo y consenso".
La nueva ley, según ha señalado Subirats, "quiere acabar con un largo periodo de infrafinanciación de las universidades públicas". "Ya estamos trabajando con las CCAA y con la CRUE para que la financiación del 1% del PIB para 2030 pueda llegar a cumplirse", ha avanzado.
Qué cambios impone la nueva ley de Universidades
Las agencias autonómicas de evaluación refuercen sus funciones y se elimine la capacidad que el proyecto de ley otorga a la Conferencia General de Política Universitaria (Ministerio y comunidades) de establecer límites máximos de los precios públicos, de modo que solo se podrán mantener o reducir, nunca subir.
Se garantizará que los colegios mayores adscritos a las universidades públicas no puedan segregar por sexo y, de este modo, se eviten comportamientos sexistas como los del colegio mayor Elías Ahuja, en Madrid. En la práctica ello implica perder beneficios fiscales y otras ventajas de tipo cultural y deportiva. Aquellos convenios que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de esta Ley, podrán mantenerse hasta su vencimiento, pero no renovarse.
Los claustros universitarios, además de aprobar los estatutos y diseñar las políticas universitarias, podrán "analizar y debatir otras temáticas de especial transcendencia” -lo que algunos interpretan como la pérdida de la neutralidad ideológica de la Universidad-.
El fomento del idioma propio de las comunidades no se limitará a la difusión y el aprendizaje sino de "forma principal" a su uso como lengua de transmisión académica.
Para presentarse a rector no será imprescindible ser catedrático, bastará ser personal laboral siempre que se cumplan los requisitos de tener tres sexenios de investigación, tres quinquenios docentes y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal.
Las personas sin titulación universitaria pero que acrediten experiencia laboral con nivel competencial equivalente a la formación universitaria, podrán acceder a las enseñanzas universitarias de formación permanente mediante un procedimiento de reconocimiento de la experiencia profesional.
El Gobierno deberá presentar en el plazo de seis meses, en lugar de un año, el proyecto de ley del Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI).
Se ha añadido una nueva disposición transitoria en relación a las convocatorias de los concursos para la cobertura de plazas de personal docente e investigador oficialmente publicadas antes del 31 de diciembre de 2023, de modo que estas podrán regirse ahora por la normativa vigente anterior a la LOSU.
Plantea un objetivo de inversión del 1% del PIB de aquí al 2030. Hoy ronda el 0,7% de media tras una década en que las universidades se han visto afectadas por las políticas de austeridad derivadas de la crisis de 2008.Este aumento va en la línea de lo ya acordado en la Lomloe (Ley Celaá) de un 5% del PIB de gasto en el conjunto de la educación.
El estudiante tendrá por primera vez derecho al paro académico -con lo que no se arriesga a ser penalizado por no asistir a clase o a un examen por ese motivo- y su participación en los órganos de gobierno de la universidad alcanza un mínimo del 25%.
Pone un tope a los precios de las tasas universitarias que ahora sólo podrán mantenerse o reducirse.
Los contratos temporales no podrán superar el 8 % -de media hoy un 40 %- y las alrededor de 25.000 plazas temporales de profesores asociados se convertirán en indefinidas, evitándose así el uso inadecuado de figuras docentes como los asociados y visitantes.
La formación a lo largo de la vida podrá desarrollarse mediante distintas modalidades de enseñanza, incluidas microcredenciales, micromódulos u otros programas de corta duración.
Una carrera académica más predecible, corta y estable, con tres etapas: acceso, estabilización y promoción. Desde el inicio los estudios de doctorado hasta la estabilización solo pasaran diez años.
El acceso a la carrera se realizará con la figura del Ayudante Doctor, con un contrato de 6 años, eliminando la acreditación para esta figura y accediendo por concurso público. Pasados estos 6 años se podrá alcanzar la estabilización a través de las figuras de Titular de Universidad o bien de Permanente Laboral, mediante la acreditación pertinente y un concurso público.
Para evitar la histórica endogamia del sistema, en todos los concursos públicos la universidad convocante estará en minoría y los miembros serán escogidos por sorteo.
Se crea una nueva figura de Profesorado Distinguido cuya función es captar personas de prestigio académico e investigador, tanto nacional como extranjero.
Los estudiantes extranjeros no comunitarios no tendrán que renovar su permiso de residencia anualmente y los recién graduados podrán quedarse un año más sin tener que pedir una ampliación de la estancia en el país.
Se agilizan los visados por estudios para atraer talento.
Gobernanza: se plantea un modelo con cuatro estructuras básicas: Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo de Estudiantes y Consejo Social.
El claustro será el órgano de máxima representación y participación de la comunidad universitaria, garantizando siempre un 25% de mínimo de representación del estudiantado así como una representación del 51% para el personal docente e investigador.
La Ley del ministro Joan Subirats sustituye a la Ley Orgánica de Universidades (LOU), aprobada hace 20 años por el Gobierno de José María Aznar.