El Gobierno se ha revuelto contra la decisión de Ferrovial, una de las constructoras más grandes de España, de trasladar su sede a Países Bajos por el daño que puede causar a la imagen de nuestro país en un momento complejo de crisis económica. El paso que ha dado la compañía ha causado un profundo malestar en Moncloa que ha escenificado la vicepresidenta primera Nadia Calviño poniéndose al frente del rechazo frontal del Ejecutivo.

La iniciativa de Ferrovial, una de las empresas que más contratos públicos ha recibido a lo largo de los años, alegando razones de seguridad jurídica sorprende e indigna al Gobierno y el PP la convierte en nueva munición política contra Pedro Sánchez al que culpa de expulsar del país a las grandes compañías.

La decisión de Ferrovial, que puede ahorrarle hasta 40 millones de euros al año en impuestos, se produce cuando el presidente del Gobierno ha endurecido su discurso contra las "élites económicas" y "los poderosos" a los que pide continuamente "arrimar el hombro" y un mayor esfuerzo fiscal. En ese sentido se aprobaron los nuevos impuestos a las empresas energéticas, la banca y las grandes fortunas. En este año electoral, la primera cita con las urnas es dentro de menos de tres meses, la estrategia de Sánchez es erigirse como el defensor de la mayoría social del país y contraponer sus políticas a las de Alberto Núñez Feijóo al que identifica con el poder económico y sus intereses.

El asunto Ferrovial ya ha sido objeto de debate en el seno del Gobierno que estudiará con detalle todos los argumentos que ha dado la compañía para trasladar su domicilio social y hará un seguimiento para analizar sus implicaciones. Fue Nadia Calviño la que mantuvo una conversación dura con el presidente ejecutivo de la empresa, Rafael del Pino. Ella misma dijo que fue cordial, pero firme. La vicepresidenta económica le trasladó que no comparte el cambio de domicilio social porque "va contra el interés y la imagen de España".

Calviño sostiene que es una "decisión errónea" que nada tiene que ver con el Gobierno. "Se trata de una empresa que le debe todo a España, que ha crecido gracias a las inversiones públicas financiadas por todos los ciudadanos españoles", lamenta la vicepresidenta que proclamó el mismo mensaje en varios medios de comunicación. La número dos del Ejecutivo destaca la paradoja de que el traslado se decide en un momento en el que España está "atrayendo más inversión internacional que nunca", más de 30.000 millones de inversión directa en 2022, cifra récord con un volumen un 55% superior al año anterior.

Para el Ministerio de Asuntos Económicos la razón dada por la compañía de que hay más seguridad jurídica en Países Bajos que en España no tiene ningún fundamento. Tampoco cree que sea un escenario razonable el que plantea el PP de que otras empresas sigan el mismo camino.

En la misma línea se han expresado otros miembros del Ejecutivo. La portavoz Isabel Rodríguez ha puesto el foco en que Ferrovial "es una empresa que ha nacido y se lo debe todo a España" y su decisión no se corresponde con el esfuerzo que ha hecho el país. El ministro de Agricultura, Luis Planas, le ha reclamado que aclare su continuidad y su compromiso con el país y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recordado que la compañía ya tenía más de un 80% de sus beneficios fuera de España por los que ya no tributaba.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, también ha empleado un tono duro y ha criticado que Ferrovial diga "sin rubor" que traslada su sede para pagar menos impuestos. Para ella es un caso claro de dumping fiscal. Díaz también ha hecho mención a que la empresa ha crecido al albur de "enormes contratos" con la Administración Pública. "Muchos españoles hoy están atónitos con esta noticia. En los momentos de compromiso y necesidad en nuestro país las empresas tienen que ser ejemplares", ha lamentado.

"Antipatriota", "la antiEspaña", "patriotismo del pelotazo urbanístico y evasión de impuestos", "manchada por la corrupción", "favorecida por el franquismo". Son algunos de los calificativos que le han dedicado a Ferrovial diferentes dirigentes de Podemos que afean a la compañía no aceptar el modelo de justicia fiscal del Gobierno progresista. Pablo Echenique pide directamente que no se le adjudiquen más contratos de obra pública.

El PP ha aprovechado el anuncio de Ferrovial para arremeter contra Sánchez y su política fiscal. El vicesecretario de economía, Juan Bravo, ha alertado del posible efecto contagio a otras multinacionales españolas y del riesgo que puedan salir del país. Los populares, que reclaman respeto a la compañía, se apuntan a su argumento y denuncian la falta de seguridad jurídica que genera inquietud en muchas empresas frente a lo que ofrecen otros países.

"Las empresas se van de la España de Sánchez como se iban de la Cataluña de Puigdemont", sostienen fuentes de la dirección de Génova que subrayan que el traslado tiene lugar cuando en Moncloa gobierna una coalición de PSOE y Podemos. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se suma al carro en su guerra particular contra el presidente del Gobierno. "Confirma que Sánchez prefiere una España sin empresas antes que dar marcha atrás en su política fiscal, que nos va a arruinar", ha escrito en Twitter.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha puesto en la diana a Calviño por "señalar" a la compañía. "Lo que debe hacer la vicepresidenta es hacerse la siguiente pregunta: ¿He hecho yo algo para que se queden? ¿O he hecho yo algo para empujarle a que se tenga que ir?", se ha preguntado.