El general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, detenido en el caso Mediador, apostó por la jubilación activa. Tanto que tras dejar su carrera como oficial en el Instituto Armado, la Justicia investiga su posible patrimonio en Bélgica, Mauritania, Níger, Mali, Senegal, Marruecos y Cabo Verde. Además, la Unión Europea alertó de la entrega de contratos fuera de la regulación en la misión que el general encabezaba para el norte de África. Tal era su capacidad laboral, que además de guardar 61.000 euros en fajos de billetes ocultos en cajas de zapatos o enrollados entre la ropa, meses después de jubilarse fue contratado por una empresa constructora de Madrid, según la información obrante en el caso Mediador.
Así, el general tuvo que llevar una contabilidad. Una hoja de cálculo llamada Cash, que los agentes encontraron en el registro de su vivienda y en la que sospechan que anotaba por un lado el dinero que ingresaba de manera legal, y por otra el dinero en efectivo que le era entregado en B por sus negocios paralelos. Sobre esta segunda contabilidad, el auto de la jueza encargada del caso y que decretó su prisión provisional sin fianza explica que las cantidades son “sorprendentes”, sin que se conozcan más datos por el momento.
Los agentes que registraron su vivienda encontraron fajos de billetes de 50 en distintos lugares de la casa: en un armario guardados en cajas de zapatos, dentro de un bolso blanco, y en el cajón de otro armario de una tercera habitación, envueltos entre la ropa. Según los investigadores, los números no cuadran, entre las salidas de efectivo de la cuenta donde el general cobraba su nómina de la Guardia Civil y el dinero que escondía en casa. De hecho, los agentes detectaron una reducción en el número de gastos que se abonaban en sus cuentas desde que se jubiló, con lo que piensan que desde esa fecha, comenzó a utilizar más ese dinero en efectivo.
Con esto sobre la mesa, los investigadores pidieron ayuda a Hacienda para conocer las posibles fuentes de ingresos del dinero. Una de ellas, la que dio pie a la llamada operación Mediador, es presuntamente el dinero entregado por varios empresarios para favorecer sus negocios, bien con contactos públicos o privados. Además, los agentes detectaron la existencia de un chat de WhatsApp llamado “El Equipo A”, como la famosa serie de televisión, donde el general mantenía conversaciones con “conocidos empresarios canarios”, entre los que estaría por ejemplo el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez Alonso, según la información del caso. Según la misma fuente, uno de los principales proyectos en los que aceptó a participar el general fue el intento de instalación de paneles solares en el campo de fútbol del equipo canario. Tal y como desveló este diario, otro de los proyectos prometidos por el mando del Instituto Armado era la instalación de este tipo de energía en establecimientos hoteleros del grupo Lopesan. Ninguno de estos proyectos llegó a materializarse.
Lo que sí que se concretó, según los investigadores, fue la contratación del mando de la Guardia Civil por una constructora madrileña llamada Inversiones en Activos Bancarios PK Sl, una empresa abierta hace ocho años para la compraventa de bienes inmobiliarios con una plantilla de 40 trabajadores. En ese momento su entrada en la empresa fue perfectamente legal ya que estaba fuera de la Guardia Civil.
Además, el sumario del caso investiga once expedientes concretos, entregados por la Secretaría General de la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración Políticas Públicas. Esas licitaciones, por valores que rondan los dos millones de euros en total, fueron entregadas a la mercantil Asesoramiento y Servicio de Drones en fechas cercanas a la relación entre sus principales responsables y el general ahora investigado. Se da la circunstancia de que Espinosa Navas era entonces el jefe de la misión en el Sahel de la que dependían estos contratos, abonados con fondos europeos.