Hasta el final ha insistido la Fiscalía del caso Kitchen en que hay "indicios de criminalidad contra Cospedal" en el espionaje a Bárcenas para robarle documentos que pudieran perjudicar al PP y a su cúpula. Sin embargo, ni el juez García Castellón, ni la Sala de lo Penal, están de acuerdo. Los jueces han coincidido en que la ex secretaria general del PP quedara exonerada pese a sus encuentros con Villarejo y la contra la posición del ministerio público.

Este viernes, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de acusación en ese caso, donde los máximos dirigentes políticos encausados son el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su número dos, Francisco Martínez.

La acusación está limitada a los procesados, entre los que no está Cospedal, y por lo tanto no pueden ir más allá. Sin embargo, el escrito insinúa que no están todos los que son, eso sí, lo hace sin mencionar nombres propios.

La Fiscalía comienza su relato explicando como Kitchen nació en 2013, en el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz, con Francisco Martínez Vázquez y Eugenio Pino Sánchez, como hombres de confianza. El texto continúa explicando que Kitchen, una operación de inteligencia policial "ilícita" se ideó en ese núcleo "sin que pueda descartarse además la intervención de otras personas de diferentes instancias". A nadie se le escapa que cuando habla de otras personas, la Fiscalía sigue pensando en Cospedal, cuya imputación ha pedido una y otra vez.

El objetivo de la trama está acreditado y era "obtener tanto información como pruebas materiales que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes", por ejemplo conversaciones de Mariano Rajoy con Javier Arenas sobre los Papeles de Bárcenas, que habían puesto al descubierto una contabilidad B del Partido Popular, donde se registraban pagos de empresarios que habían recibido adjudicaciones del Gobierno del PP.

Desde el principio -septiembre de 2020-, la Fiscalía creyó que había que imputar a Cospedal junto a Fernández Díaz. La investigación había arrojado que la exsecretaria general del PP tenía contacto con Villarejo, que llegó a ir una docena de veces a la sede de Génova, y la Fiscalía consideró que era probable que ella y su marido, Ignacio López Hierro, amigo de Villarejo, le hubiera pedido ayuda al comisario jubilado para desactivar las bombas que Bárcenas pudiera tener.

Sin embargo, el juez tardó casi un año en citarla a declarar. Cospedal acudió a la Audiencia el 29 de junio de 2021 y se desvinculó de la trama. Admitió reuniones con Villarejo, a petición de él, pero ningún encargo. De hecho, explicó que accedió a ver al entonces comisario "por si tenía información sobre las filtraciones que había en el caso de la fallecida Rita Barberá" y que también quería saber más sobre el "espionaje" al que estaba siendo sometida la sede de los populares "por alguien del Ministerio del Interior de Alfredo Pérez Rubalcaba.

El juez dio por buenas aquellas explicaciones y la dejó fuera de la causa, a diferencia de Jorge Fernández Díaz. Pero la Fiscalía no se dio por satisfecha y siguió insistiendo, ante el propio juez y ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La respuesta siempre fue la misma: no ha lugar.

La última negativa es de la Sala ha llegado este mismo viernes. La acusación de Podemos, los fiscales y la Abogacía del Estado, habían vuelto a pedir la imputación tras la aparición de nuevos audios en septiembre de 2022, publicados por El País.

García Castellón rechazó volver a imputarla y no consideró que eso supusieran nuevos indicios. Ahora, la Sala de lo Penal lo respalda de nuevo. Consideran los magistrados que no está claro que las conversaciones estén completas y se desconoce el contexto. Además recuerdan que señalaron que “las anotaciones y mensajes -anotaciones de la agenda del investigado José Manuel Villarejo y mensajes a través del teléfono en el auto analizados- no son suficientes indicios de participación de (…) Ignacio López del Hierro o María Dolores de Cospedal en los hechos toda vez que quedan debilitados por los testimonios de los investigados José Manuel Villarejo, Sergio Ríos y Andrés Manuel Gómez Gordo, unido al reconocimiento de los dos primeros de sus reuniones con José Manuel Villarejo por cuestiones al margen de los hechos investigados”.

En cuanto al que fuera presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la Fiscalía nunca ha pedido su imputación y el juez no se la ha planteado pese a los señalamientos de Villarejo, en plena comisión de investigación por la trama. Afirmó el comisario jubilado que tenía un número de teléfono para llamarle y que había intercambiado mensajes con él. "¿Hay algo nuevo?", asegura Villarejo que le preguntó Rajoy.

Lo contó Villarejo en otoño de 2021 en el Congreso de los Diputados, pero allí se quedó el asunto. La credibilidad de Villarejo está tocada y ni juez ni Fiscalía tomaron nota.

El que sí dio una patada hacia arriba, fue Jorge Fernández Díaz, acusó al juez de "desviarse" del origen de la operación y señaló tanto a Cospedal como a Mariano Rajoy. Su escrito implicándolos no causó efecto, y él se queda como único miembro del Consejo de Ministros de Rajoy que se sentará en el banquillo, enfrentado a 15 años de cárcel y 33 de inhabilitación. El otro cargo político en el mismo trance es su secretario de Estado de Seguridad, para quien los fiscales piden exactamente lo mismo.