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La negociación entre PSOE y Podemos para resolver la crisis por la reforma de la ley del 'sólo sí es sí' está encallada y nada hace presagiar que vaya a haber un acuerdo pronto. Es más, los dos socios del Gobierno están ya en otra fase, en una batalla por el relato culpándose mutuamente del bloqueo. El pacto se aleja mientras socialistas y morados tratan de desgastar al contrario y pelean por ver quién resiste más. El calendario tampoco ayuda a quitar del foco de un asunto que zarandea al Ejecutivo de coalición en el último año de legislatura.
Esta semana se ha constatado que nadie está dispuesto a moverse y que el problema político se enquista. Ha habido reproches cruzados, dardos envenenados y quejas de las dos partes que han puesto en escena las diferencias. El PSOE se erige como el partido que lleva la iniciativa para acabar cuanto antes con la "sangría" que suponen las rebajas de condenas a agresores sexuales, más de 500. Podemos se resiste a cambiar la ley estrella de Irene Montero y retrata a su socio mayoritario como un partido conservador al que le tiemblan las piernas, cede ante la derecha y puede perpetrar un retroceso en los derechos de las mujeres con el PP y con Vox para volver al Código Penal de La Manada.
En un contexto electoral que lo contamina todo -según el CIS el PSOE sale beneficiado de la pelea frente a Podemos- los dos partidos quieren diferenciarse y marcar perfil propio ante su electorado. Pedro Sánchez enmarca ahí la estrategia de confrontación de los morados y sus críticas a los socialistas. Para el presidente del Gobierno Podemos está buscando visibilidad de cara a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.
Sánchez ha exigido rebajar el ruido consciente de que todo el Gobierno sale malparado de tener abierta esa vía de agua que el PP aprovecha para denunciar la debilidad de la coalición. Esa petición de bajar los decibelios y "cuidar la coalición" la lleva reiterando públicamente la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que se ha quedado en tierra de nadie preservando su imagen más institucional.
Mientras, la figura de Irene Montero emerge como la cara visible del Podemos más combativo que no está dispuesto a dar ni un paso atrás. A pesar de estar más cuestionada que nunca, el presidente del Gobierno mantiene su confianza en la ministra de Igualdad. Sánchez ha querido atajar especulaciones y garantizar que la coalición progresista no se va a romper. Al contrario, ha reivindicado estos días los logros conseguidos por el Ejecutivo progresista y ha augurado que queda mucho por hacer. Tampoco en Podemos contemplan la ruptura en estos momentos, pero la cuerda no se destensa.
En cuanto al fondo del problema, PSOE y Podemos no coinciden ni en el diagnóstico ni en los tiempos ni en la solución. Cada uno se ha situado en una esquina del tablero y aunque públicamente muestran sus deseos de llegar a un acuerdo no hay puntos de aproximación. Cada día es más evidente que los socialistas van allanando el camino para desdramatizar que su proposición para cambiar la ley pase el primer trámite parlamentario con los votos del PP. En Moncloa subrayan además que ya hay otros partidos que han anunciado su apoyo como el PNV, el PDeCAT o Ciudadanos.
No sería tan solo una foto con la derecha. En el ala socialista del Gobierno lo tienen claro: "Hay que solucionar esto cuanto antes". "¿Con el PP?", se les pregunta. "Con quien haga falta", responden. Consideran que no se puede tener a las mujeres así durante más tiempo y lamentan que ya se está tardando más de lo razonable.
Varios ministros han lanzado mensajes en ese sentido. Después de tres meses de intentar un acuerdo con Podemos se ha constatado que ha sido imposible porque sus posturas han sido inamovibles. "Hay que dar entrada a otros grupos políticos", ha señalado la ministra de Hacienda María Jesús Montero, una de las negociadoras del PSOE.
Han pasado tres semanas desde que se filtró que el Gobierno reformaría la ley impulsada por Igualdad para corregir sus "efectos indeseados" ante la alarma social generada por las rebajas de condenas. Fue Sánchez el que dio la orden al PSOE de actuar registrando en solitario y de forma unilateral una proposición de ley para elevar las penas si había violencia o intimidación.
Desde el primer momento los socialistas se esforzaron en tranquilizar a su socio dejando claro que el artículo del consentimiento, el núcleo de la ley del 'solo sí es sí', no se tocaba. Para el PSOE se trata de hacer un ajuste quirúrgico, cambios técnicos en el texto. Para Podemos, el problema es político. El Ministerio de Irene Montero se revolvió desde el principio contra esa iniciativa porque a su juicio el hecho de vincular el aumento de penas a la violencia supone un golpe mortal al consentimiento.
En Igualdad sostienen que han presentado hasta siete propuestas diferentes a sus socios aunque no se conoce el contenido concreto más allá de que en un primer momento se trasladó que admitían elevar las penas introduciendo la violencia como un agravante. Sánchez ha llegado a retar a Podemos a hacer públicas esas propuestas. El diagnóstico de la ministra Irene Montero es que su ley está bien hecha y el problema es que una minoría de jueces la aplica mal.
Los tiempos parlamentarios colocan el primer debate en el pleno del Congreso el 7 de marzo. Faltan todavía más de dos semanas para esa fecha, víspera de las manifestaciones del 8-M con motivo del Día de la Mujer. Si se llega a ese día sin acuerdo y los morados votan en contra de la proposición de ley del PSOE las consecuencias son imprevisibles.
De momento Moncloa ha descartado la posibilidad de celebrar un pleno extraordinario el día 23 que el PP apoyaría en su estrategia de ofrecer su ayuda al Gobierno para abordar la reforma cuanto antes. En cualquier caso, el día 7 la proposición será tomará en consideración, con o sin Podemos, y todavía quedará más de un mes por delante de tramitación parlamentaria. El cálculo es que se apruebe de forma definitiva a mediados de abril. Hasta entonces, y si no hay acuerdo, la bomba de relojería estará activada.