La huelga de los letrados atasca la Administración de Justicia: ¿por qué protestan?

22 días de huelga indefinida, 134.000 juicios suspendidos, o dos millones de notificaciones no emitidas después (son los datos de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJs) , este jueves, el ministerio de Pilar Llop y los LAJs se sentarán para hablar de las reivindicaciones económicas del colectivo. A un día del encuentro, las posiciones parecen enconadas. El Ministerio considera injustificada su petición, de cobrar el 85% de lo que cobra un juez o un fiscal: "Ellos nunca van a ser jueces ni fiscales, es distinta categoría y distinta oposición", señala a NIUS Tontxu Rodríguez, secretario de Estado de Justicia.

Pero los antiguos secretarios judiciales creen que petición es más que justa, porque su sueldo, entre un 65% y un 84% de lo que cobra un juez de la misma antigüedad, no se corresponde con la carga ingente de trabajo que soportan: "Somos grandes desconocidos, pero hacemos muchas cosas, desde llevar todas las cuentas de consignaciones de los juzgados (de las que salen los pagos de pensiones; hasta dar fe de las vistas; notificar una resolución o señalamiento; o decidir si una demanda cumple con los requisitos para ser aceptada". Lo explica Juan José Yáñez, miembro de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales y portavoz el comité de huelga en la que también participan la Asociación Independiente de Letrados y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados. No sólo eso, Yáñez cuenta que viven como "una humillación", la subida salarial de un 5% que se les ha aplicado.

Entre las dos partes, los ciudadanos, abogados y procuradores. La ya de por sí lenta justicia, lo es más estos días y cuando sus usuarios , que estos días ven como tras desplazarse a los juzgados, sus juicios, bodas, o firmas de divorcio, entre otras muchas cosas, se han anulado sin previo aviso; en el caso de las pensiones alimenticias, muchas están congeladas; y suma y sigue.

Mientras los LAJs dicen haber demostrado mucha paciencia para que se cumpla "el acuerdo" al que se llegó con el Ministerio en 2021 y consideran "una barbaridad" el tiempo que Justicia ha tardado en convocarles, 22 días después del inicio del paro indefinido. Aseguran que van con buena voluntad, pero creen que el departamento de Llop ha optado por el agotamiento. Ellos consideran "imprescindible" esa subida salarial" que el secretario de Justicia no ve posible.

Rodríguez señala que se han cumplido 10 de sus 11 reivindicaciones, e insiste en que sólo falta la llamada "cláusula de enganche", que es precisamente esa subida salarial: "Es imposible", insiste al otro lado del teléfono. Desde el Ministerio se rechaza esa idea del agotamiento, porque dicen que "durante el año 2022, los responsables del Ministerio se han reunido en más de 30 ocasiones con los representantes de las asociaciones y colectivos de LAJs".

Yáñez sitúa el verdadero origen del conflicto entre 2009 y 2010, cuando se cambió el modelo y se repartieron las competencias del juzgado entre el juez y el secretario judicial. Explica que a partir de ese momento, mantuvieron sus funciones de antes, como la fedataria, la organización de asuntos, o la cuenta de consignaciones, pero además se les añadieron otros muchos: "Ver si las demandas cumplían con requisitos, conciliaciones prejudiciales, agenda de juicios o el impulso de los procedimientos".

En definitiva, la queja es que desde 2010 han aumentado su carga de trabajo de manera ingente, hasta el punto de llevar algunos procedimientos de manera íntegra. Se refieren a los llamados procedimientos monitorios, que consisten en reclamaciones de cantidad que los ciudadanos hacen sin necesidad de un abogado o un procurador.

En aquel momento, ante la crisis internacional, "entendimos que no era el momento y quedó pendiente", subraya. En 2015 empezaron a reivindicar; en 2018 hubo paros y según este letrado, habrían llegado a la huelga indefinida "si no hubiera habido una moción de censura" que les llevó a empezar otra vez de cero.

Con Dolores Delgado hubo contactos infructuosos. Con Juan Carlos se avanzó y se incluyó una subida salarial en los Presupuestos Generales del Estado. Pero se quejan de que esa subida se hizo con los sindicatos generalistas, sin tener en cuenta sus condiciones especiales. En abril del 22 se llegó a otro acuerdo con Llop, que según ellos se ha incumplido.

Sin embargo, Justicia insiste en que sí se ha cumplido y en que sólo falta esa "cláusula de enganche". Por lo demás, detallan que "se ha realizado un incremento retributivo de 206,87 euros al mes del complemento específico de los letrados en relación a las nuevas funciones (adecuación salarial), lo que supone un aumento del 5,26 % de media en su salario anual (2.482,44 € anuales).

Y que a esa subida "hay que sumar la del 9,5% que experimentarán todos los funcionarios públicos" y que supone que, en total, "entre 2022 y 2024, la subida del salario de estos profesionales es de un 14,76%".

Por último, apuntan que por las entradas y registros, la retribución "se ha incrementado más de 300%, pasando de 30 a 110 euros" y que las sustituciones, han pasado de pagarse con 700 euros de media a 1.600.

Como cada vez que hay una movilización, las partes han entrado también en una guerra de cifras. Los letrados aseguran que este lunes siguieron la huelga el 74% de los trabajadores, mientras que Justicia la cifra en un 26,21. Según los convocantes, la protesta ha reducido la actividad de la Administración en más del 60%:

Las dos partes son conscientes de que esto lo están pagando los ciudadanos. De hecho, es en lo único que coinciden. "Detrás de cada número hay un ciudadano que se está viendo perjudicado por la impericia del Ministerio de Justicia", señalan los LAJs mientras que Tontxu Rodríguez lamenta que el paro "está haciendo mucho daño a los ciudadanos, a los juzgados, a los jueces y a los propios letrados de la administración de justicia".

Pero ambos responsabilizan al otro. Así están las cosas a poco más de 24 horas de una reunión, a la que las dos partes van a "escuchar" lo que dice la otra.