Las penas de los cinco condenados en el juicio del 'procés' sólo por sedición, totalmente extinguidas por la derogación
Extinguidas las inhabilitaciones de Carme Forcadell, Josep Rull, Joaquim Forn, Sánchez y Cuixart
Los Jordis, los únicos para los que encaja el delito de desórdenes públicos, según el tribunal
Junqueras seguirá inhabilitado hasta 2031; Romeva, Turull y Basssa hasta 2030
La derogación de la sedición ha tenido su efecto en los cinco líderes del procés que fueron condenados por ese delito y no por el de malversación. Las inhabilitaciones impuestas a Carme Forcadell, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart han quedado extinguidas.
El efecto es el mismo para todos, pero la forma de aplicar la derogación de la sedición cambia entre los distintos condenados. En el caso de los políticos Forcadell, Rull y Forn, los magistrados dejan ahora su delito como desobediencia, ya que creen que la sedición era algo más que una alteración del orden público y que sus acciones no se pueden calificar como desórdenes públicos agravados.
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En el caso de los Jordis, la Sala sí les aplica el delito de desórdenes públicos agravados, por su papel en el cerco a la sede de la Consellería de Presidencia el 20 de septiembre de 2017. Sin embargo ellos ya han pasado más de cinco años inhabilitados y ahora quedan totalmente exonerados.
La malversación
No ocurre lo mismo con Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa. Los cuatro fueron condenados, además de por sedición, por malversación, y el tribunal mantiene las inhabilitaciones marcadas en la sentencia: hasta 2031 en el caso de Junqueras y hasta 2030 en el resto.
Es decir, todos siguen como estaban, pese a la modificación del delito de malversación.
Los magistrados tienen claro que no se puede aplicar el tipo atenuado ni descartar el ánimo de lucro en el hecho de destinar los fondos públicos a un referéndum ilegal.
El camino que marcó Llarena
La respuesta del tribunal coincide plenamente con lo que señaló el juez Pablo Llarena en su auto de procesamiento contra Puigdemont nada más derogarse el delito de sedición.
La Fiscalía, que suscribió lo relativo a la malversación, sí consideraba que todos podían ser condenados por desórdenes públicos agravados. A ese escrito se sumó la acusación popular ejercida por Vox, pero no la Abogacía del Estado.
Los letrados del Gobierno pidieron una rebaja por el delito de malversación -de 13 a seis años y medio en el caso de Junqueras-. A sus ojos no había "ánimo de lucro", pero finalmente los jueces se han desmarcado de esa petición.
El procés, como procedimiento judicial, ha llegado hasta el final en el caso de los condenados por sedición, pero no en el caso de los que fueron sentenciados por malversación, que tendrán que seguir lejos de la vida pública, al menos durante siete años más.