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El PSOE cumplió su órdago registrando en solitario en el Congreso su reforma de la ley del 'sólo sí es sí' y la brecha abierta con Podemos se ha ensanchado. La decisión unilateral de los socialistas deja a la ministra Irene Montero en una situación muy delicada y a la coalición de Gobierno tocada cuando faltan 10 meses para las elecciones generales. La tensión en el seno del Ejecutivo ha alcanzado el nivel máximo y se complica la estabilidad en la recta final de la legislatura. Podemos se revuelve contra su socio que ha enmendado el proyecto más emblemático de la ministra de Igualdad.
Nadie quiere ponerse en un escenario de ruptura, pero los ánimos están más caldeados que nunca y la crisis política es profunda. Las discrepancias no se esconden. El goteo de rebajas de penas en aplicación de la ley -ascienden a 400- es un asunto de la máxima sensibilidad social, los dos partidos tienen como bandera la lucha feminista y estamos en plena precampaña electoral para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Un escenario que todavía dificulta más las cosas.
En Igualdad descartan dimisiones: "Hoy más que nunca tenemos que estar aquí". La propia Montero ya dejó claro hace unos días, en plena negociación, que no pensaba abandonar el Consejo de Ministros aunque no hubiese acuerdo con el PSOE sobre la ley. Fuentes del PSOE no creen que Podemos esté preparando una salida del Ejecutivo aunque este lunes los morados han elevado el tono y se han conjurado para intentar parar esa reforma en el Congreso "como haga falta".
Pedro Sánchez dio la orden de actuar rápidamente para atajar la alarma social generada por las rebajas de penas a los condenados por agresión sexual y el PSOE ha puesto el acelerador. En Ferraz son conscientes del enorme desgaste que para el Gobierno están suponiendo esas revisiones a la baja y hasta excarcelaciones. Tras el fracaso de las intensas negociaciones entre Justicia e Igualdad se decidió actuar sin Podemos. Fuentes del grupo socialista aseguran que el plazo que se habían marcado era el fin de semana cuando se constató que las posiciones estaban enquistadas.
En el PSOE no querían esperar más y ahora la hoja de ruta está clara. La proposición será calificada por la Mesa del Congreso, irá a pleno para su toma en consideración y a partir de ahí se aplicará el trámite de urgencia para poder tenerla aprobada en la Cámara en febrero. La idea es que entre en vigor lo antes posible. La fecha simbólica del 8 de marzo está cercana y el PSOE quiere trasladar el mensaje de que ha buscado soluciones a los efectos no deseados de una "buena ley".
Los socialistas se esfuerzan en vender que el artículo donde se define el consentimiento no se ha tocado y que la reforma está orientada a subir las penas cuando haya violencia o intimidación. Un ajuste que vuelve a las horquillas anteriores a la ley del 'sólo sí es sí'. Para Podemos y para Igualdad el hecho de vincular de nuevo un aumento de penas a la violencia es retroceder al modelo anterior. Desde el Ministerio de Montero se alerta de que la modificación puede provocar una "segunda ola de revisiones" de condenas.
En Justicia consideran que Podemos ha desenfocado el problema y trasladado mensajes confusos a la sociedad. La ministra Pilar Llop ha sido muy vehemente al afirmar que el problema de la ley eran las penas y que la situación que están pasando las víctimas es muy grave. En ese sentido ha reivindicado que ese aumento es "una decisión política" y apela a la valentía y la determinación para "hacer lo que se tiene que hacer". Hay un recado directo a Podemos: "Nosotros construimos leyes, no relatos. Los jueces aplican leyes, no relatos. Y lo que cambia la vida de la gente son las leyes, no los relatos".
Desde la otra parte no se han ahorrado calificativos. Para Igualdad el paso del PSOE es "inexplicable", dicen que no se les informó de que rompían la negociación y denuncian que es la misma propuesta del PP. En Podemos, sus portavoces han sido todavía más duros. "Intolerable", "totalmente incomprensible" o "volver al Código Penal de La Manada", han sido algunas de las acusaciones.
Podemos va a seguir peleando para parar la reforma y para ello intentarán armar un frente común con el resto de partidos del bloque de investidura con el objetivo de proteger el consentimiento. El PSOE también comenzará ahora una negociación con esos mismos partidos que siempre han defendido preservar el consentimiento pero también se han mostrado dispuestos a cambiar algún punto de la ley si era necesario. De momento el PNV la apoyará si se mantiene el consentimiento y ERC dice que la reforma del PSOE es "demasiado laxa" en ese concepto.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido en todo momento que los socialistas no han negociado nada con el PP porque el partido de Alberto Núñez Feijóo no quiere la ley, pero lo cierto es que los votos de los populares serán necesarios si falla Podemos. Una situación muy incómoda para el PSOE con el coste que puede tener en pleno escenario electoral. Ahí va a hurgar Podemos. En las filas socialistas subrayan que hay que distinguir entre negociar la ley con el PP, cosa que no va a ocurrir, o que simplemente los populares voten a favor.
La tensión de las últimas horas se suma a la retahíla de discrepancias de las últimas semanas entre los dos socios. Desde la reforma de la ley mordaza y la ley de vivienda -todavía bloqueadas en el Congreso-, la postura de España sobre el Sáhara y el viaje de Sánchez a Marruecos con más de una decena de ministros -ninguno de Podemos-, las diferencias por la ley de bienestar animal por los perros de caza que se vota este jueves en el Congreso, el tope a los alimentos básicos, el envío de tanques Leopard a Ucrania o el aumento del gasto militar.