Los jueces de paz no tienen la carrera judicial, ni necesitan conocimientos especializados en derecho. Ni falta que les hace. El requisito básico es ser una persona conciliadora, buena, una figura de paz en sus pueblos. Además, no tienen antecedentes ni están afiliados a partidos ni sindicatos. Los elige su ayuntamiento por mayoría absoluta y sus mandatos son por 4 años. Pero el consenso a su alrededor es tan grande que suelen repetir mandato una y otra vez. Así lleva don José María García Carrasco 20 años en su puesto del juzgado de Boadilla del Monte en Madrid. Lo han votado PSOE, PP, Ciudadanos y VOX, por unanimidad. "Caigo bien a todos", sonríe... "Y soy igual de conocido que el alcalde, porque al que no le he inscrito el nacimiento, lo he casado". Nos recibe una mañana en la que tiene cinco bodas que oficiar. Y nos deja completamente sorprendidos al contarnos que su juzgado no tiene ni un solo caso de retraso: todo lo llevan al día. Partidas de nacimiento, libros de familia, defunciones, bodas, conciliaciones... Una marca imbatible en un país con una justicia que amasa años de retraso en cientos de miles de procedimientos. El lo tiene claro: la justicia de paz funciona y no sólo está en contra de su desaparición. Brinda además su esfuerzo para ampliar sus atribuciones y descargar a los juzgados de primera instancia.

José María está jubilado, pero otros están en activo y defienden también sus juzgados con uñas y dientes.

Como César de La Serna, juez de paz de Valdetorres de Jarama, en Madrid. Tiene 47 años y lleva 8 en el cargo. Simultanea esta labor con su trabajo porque el salario de Justicia son 300 euros al trimestre. Es un pago simbólico, que aumenta un poco en localidades con más habitantes. Pero no da para vivir en ningún caso. "Es vocacional". Tratan de mediar en los conflictos vecinales y evitar males mayores. Peleas por lindes entre propiedades, por el ruido de las campanas, de los gallos y hasta de los pájaros. Él siempre recibe a los vecinos, lo llaman a cualquier hora y les atiende a pesar de la falta de medios total. César no tiene mesa propia, el ordenador es el suyo y no posee ni toga.

Antonio Barrera, el juez de paz de Cantillana, en Sevilla, lleva más de 30 años en su puesto: "He arreglado muchas cosas, y trato siempre de arreglarlas... Oye, vamos a tomar un café... Total, que lo soluciono". De su juzgado han salido abrazados vecinos irreconciliables. Al juez de paz "se le llamaba el hombre bueno, una persona conciliadora...".

Hay 7 700 jueces de paz como ellos en España, en los pueblos que no tienen juzgado. Resuelven cada año alrededor de 600 000 casos, además de ocuparse del registro de su localidad. El Ministerio de Justicia contempla entre otras reformas, modernizar la administración judicial en estas pequeñas poblaciones. Según Manuel Olmedo, secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, se prevé "la transformación de estas figuras históricas de nuestro ordenamiento por una nueva figura, los conciliadores municipales, que será de incorporación voluntaria por parte de los ayuntamientos para que aquellos jueces de paz que vienen realizando labores de mediación entre los vecinos y deseen seguir haciéndolo, puedan continuar realizando esta labor".

Pero la Asociación de Jueces de Paz de Madrid, en boca de su presidente Miguel Arranz, cree que la reforma llevará al fin de su figura. El colectivo tiene claras sus reivindicaciones: que les aumenten su retribución, aumentar sus atribuciones para descargar a los juzgados de primera instancia, la modernización de sus juzgados y sobre todo "que siga existiendo la figura del juez de paz porque hace una labor imprescindible, necesaria y cercana a los vecinos".