No hubo que esperar más allá del primer pleno del nuevo Tribunal Constitucional progresista. En la primera sesión jurisdiccional como miembro del tribunal de garantías, el Pleno aceptó la abstención del exministro de Justicia Juan Carlos Campo de dos asuntos que se van a debatir: el voto del diputado del PP Alberto Casero, que apoyó por error la Reforma Laboral; y la ley del 'sólo sí es sí'.

Los motivos también son dos. Como ministro del Gobierno que aprobó la norma del 'sí es sí', Campo es consciente de que no debe estar en esa deliberación. En cuanto al voto del diputado Casero, la causa de la abstención del magistrado es su relación de pareja con Meritxell Batet, la presidenta del Congreso. Lo que está cuestionado ante el TC por el PP es, precisamente, que Batet no permitiera al diputado corregir su voto.

Eso apunta a que ocurrirá lo mismo con la decisión de Batet de retirar el escaño al exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez tras ser inhabilitado por el Supremo. El exdiputado recurrió al Tribunal Constitucional, y si sigue el camino iniciado, el exministro no participará. Y lo mismo sirve para otras leyes del Gobierno, como la de Eutanasia, la de Educación, la ley Trans, la de Memoria Democrática, etc.

Tampoco podrá participar en asuntos que haya visto como juez de la Audiencia Nacional, su destino en el último año, entre la etapa como ministro y la de magistrado del Tribunal Constitucional.

En su etapa en la Audiencia Nacional, por ejemplo, el exministro del interior del PP Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior imputado en la trama Kitchen le recusó por su vinculación política y tras esa recusación, él mismo se apartó. Si eso llegara al TC, la recusación estaría servida.

Más allá de los asuntos en los que se aparte voluntariamente, el exministro se va a encontrar con una batería de recusaciones en los próximos meses. La primera está siendo estudiada por el magistrado Ricardo Enríquez, afecta a la reforma que incluye la derogación de la sedición y la reforma de la malversación. La ha presentado Vox y no sólo va contra Campo, sino también contra el presidente Cándido Conde Pumpido, Laura Díez Bueso y María Luisa Segoviano.

Alegan los de Santiago Abascal que Juan Carlos Campo no puede deliberar sobre la reforma del Gobierno por haber ocupado un cargo que le implicó "participar, directa o indirectamente" como ministro de Justicia de Sánchez y además tratarse de una norma elaborada por sus antiguos compañeros de grupo parlamentario.

Y no sólo eso. Vox se apoya en la etapa de Campo como magistrado de la Audiencia Nacional después de abandonar el ministerio. Durante el año y tres meses ocupó una plaza en ese tribunal, se abstuvo en los procedimientos en los que Vox tomaba parte. Ahora, el partido quiere que siga haciéndolo.

Eso, supondría una larga lista de casos, porque Vox ha presentado 46 recursos de inconstitucionalidad ante el TC y muchos de ellos son contra leyes y decisiones del Gobierno de coalición.

El PP todavía no ha presentado ninguna recusación contra él en el TC, pero si sigue los argumentos de Vox, podría hacerlo en varios asuntos, incluido el de la ley del aborto de Zapatero, porque en esa época Campo era secretario de Estado de Justicia.

Las causas de abstención están recogidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Son 16, y varias de ellas tienen que ver con haber ostentado un cargo público o administrativo. Campo ha tenido las dos, ha sido ministro y juez. Su condición de pareja de Batet, le veta en los recursos contra decisiones tomadas por ella como presidenta del Congreso. Estas son las que Vox esgrimió en el caso de Campo:

La posibilidad de la abstención de Campo estaba prevista desde el primer momento, y lo mismo ocurre con la otra nueva magistrada, también propuesta por el Gobierno, Laura Díez Bueso. También ella decidió mantenerse al margen del debate sobre la Ley que obliga a un 25% de clases en castellano en las aulas catalanas.

Además, en el asunto de la reforma que deroga la sedición, Vox la recusó por "su condición de alto cargo en el Ministerio de Presidencia y ser personal de confianza del ministro Félix Bolaños".

Campo y Díez no son los únicos magistrados recusados por Vox. La formación también ha pedido apartar a Cándido Conde Pumpido, presidente del tribunal, y María Luisa Segoviano, otra recién llegada al TC, de la deliberación sobre misma reforma de la malversación y la sedición.

En el caso de Cándido Conde Pumpido, los de Vox alegan dos razones: "Su especial vinculación con el partido del Gobierno", y haber sido fiscal general del Estado hasta el año 2011, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En cuanto a Mª Luisa Segoviano, procedente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, cuestionan su imparcialidad, por unas declaraciones en las que aseveró: “Lo de la autodeterminación habrá que verlo. Los asuntos no se plantean siempre igual”. Vox considera que esas palabras sobre reclamaciones del independentismo catalán indican un "posicionamiento favorable" que puede contaminar sus decisiones.

Vox ya ha dejado ver su estrategia en el Constitucional, al que acude cada vez que no está de acuerdo con una norma del Gobierno. El magistrado Enríquez será el ponente sobre estas recusaciones y parece difícil que prosperen, pero si lo hicieran, podrían suponer una situación de bloqueo en un tribunal recién desbloqueado.