{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
Amnistía Internacional apunta a las administraciones españolas, tanto al Gobierno central, como autonómicos, por haber abandonado a las familias que perdieron a sus padres y abuelos en las residencias de mayores durante la pandemia. Desde los organismos del Estado, solo han encontrado "opacidad" sobre la muerte de 35.000 ancianos que vivían en centros cuando comenzó la pandemia de covid.
Un informe de Amnistía Internacional señala que "el abandono sufrido por sus familiares y la impunidad permanecen de forma generalizada en las instituciones del estado" que insta a reconocer públicamente su responsabilidad e investigar lo que sucedió en las residencias de mayores.
La organización sin ánimo de lucro asegura en su informe que "documentó cinco violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas mayores residentes" sin que se haya rendido cuentas por ello.
En ese sentido, AI señala que existió "vulneración del derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la vida privada y familiar y el derecho a una muerte digna. Además, Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España advierte que "la situación podría repetirse hoy en día si la pandemia se recrudeciera y se decretara un nuevo estado de alarma”.
Entre las críticas de Amnistía Internacional está "la opacidad de la Fiscalía General del Estado" que, tres años después del inicio de la pandemia, no ha publicados los "datos del total de diligencias penales en las que la Fiscalía ha intervenido, ni en qué ha consistido su actuación" y por el momento solo han aportado información parcial, que no permite tener una imagen completa de lo que sucedió en las residencias de mayores españolas.
Como ejemplo, AI cita directamente a la Fiscalía de Madrid, "que ha aportado datos en su última memoria referentes a sus actuaciones de 2021, el 86% de los casos han sido archivados. La Memoria de la Fiscalía de Cataluña relativa a 2021 da cuenta de su preocupación por los derechos de las personas mayores, pero ofrece escasos datos sobre los casos penales."
La institución critica a los obstáculos que ha puesto los políticos sin importar el signo político "para evitar cumplir con sus obligaciones de derechos humanos con las 35.000 personas mayores que han fallecido y sus familias."
Apunta al Defensor del Pueblo, que "pese a la extrema gravedad de lo ocurrido en las residencias, no ha tenido un papel activo investigando lo sucedido". Amnistía Internacional ha solicitado al Defensor la realización de un monográfico de investigación sobre las muertes que incluya recomendaciones para autoridades, sin que hasta el momento la Defensoría lo haya considerado prioritario.
Recuerda que en el último informe anual disponible del año 2021, "el Defensor plantea como preocupación la falta de datos homogéneos y otras preocupaciones sobre el modelo de residencias, sin embargo no menciona en absoluto los fallecimientos en residencias, a diferencia del informe anual 2020, que sí mostraba preocupación sobre el tema.
Los jueces también se llevan un tirón de orejas de AI que señala al Consejo General del Poder Judicial que tampoco ha realizado seguimiento sobre si estas víctimas están consiguiendo acceso a la justicia como indican las normas internacionales: no lleva a cabo un cómputo de los casos en tribunales, ni ha incorporado en su estadística judicial un indicador de recogida de datos de actividad judicial que permita hacer seguimiento global de estas causas, contribuyendo así a la falta de información y transparencia.
Amnistía Internacional exige "al Gobierno un acto público de reconocimiento de lo sucedido a las víctimas en el que se comprometa a buscar la verdad y garantizar la justicia y la reparación para todas ellas."