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Francisco Camps vuelve al banquillo este lunes 23 de enero por un caso Gürtel y lo hace 14 años después del estallido de la trama organizada en el seno de las empresas de Francisco Correa, que llegaron a crear una relación "simbiótica" con el PP, según sentencia judicial. Hasta en nueve ocasiones ha sido exonerado Francisco Camps en distintos juicios por este asunto, pero esta vez no le ha quedado otra que ponerse delante del tribunal, y eso que ha intentado evitarlo. En su contra, las declaraciones de otros implicados que lo señalan como conocedor y facilitador de los contratos irregulares para la adjudicación del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur 2009 a Orange Market, una de las principales empresas de Correa.
Camps no estaba en la primera lista de imputados, pero los señalamientos de Álvaro Pérez (conocido como El Bigotes), y Ricardo Costa, el secretario general del PP valenciano durante su presidencia, lo incluyeron en la instrucción del juez José de la Mata y lo han acabado conduciendo al banquillo de los acusados, en el que habrá 25 personas más: tres exconsejeros, 16 técnicos y seis miembros de la trama Gürtel.
Pérez y Ricardo Costa afirmaron, en otro juicio de la rama valenciana de Gürtel, que las órdenes de adjudicación y pagos a la Gürtel partían de Camps. Y no son los únicos. Acusados como el número dos de Correa, Pablo Crespo; o la administradora de las empresas, Isabel Jordán, apuntalan esas acusaciones.
Lo peor para Francisco Camps es que una decena de acusados en este juicio ha llegado a conformidades con la Fiscalía, admitiendo mordidas y los delitos que imputa el escrito de acusación.
Camps se enfrenta a una petición de dos años y medio de cárcel de la Fiscalía, acusado de prevaricación administrativa y fraude a la administración. La petición añade 10 años de inhabilitación para él, que aunque está fuera de la política se había postulado como candidato a la Alcaldía de Valencia por el PP.
Se juzga si Camps ordenó adjudicar al margen de la legalidad el stand de la Comunidad Valenciana para la edición de Fitur de 2009.
El fiscal intentará convencer al tribunal de que Camps ofreció altas "posibilidades de negocio" a la trama de Correa a partir de 2003. Según el escrito de acusación, no sólo les ofreció la posibilidad de encargarse de todos los eventos del PP, incluidos los electorales, sino también una "posición ventajosa" a la hora de optar a adjudicaciones públicas en futuros gobiernos del PP.
A partir de ahí, la relación fructificó en la comunidad y la trama empezó a trabajar para la administración pública en Fitur y otras ferias similares. El Ministerio Público da por acreditado que Camps había abierto la puerta a Álvaro Pérez para llegar a los cargos decisorios para adjudicaciones como esa y la gente de Correa pudo hacerse, por ejemplo, con pliegos de manera anticipada.
Para cuando llegó 2008, el Partido Popular había acumulado una enorme deuda -800.000 euros- con la trama por la celebración de actos de partido. Y así las cosas -siempre según la Fiscalía- los cabecillas de Gürtel "se concertaron con el acusado Francisco Camps, para que éste, como máxima autoridad autonómica, dispusiera lo necesario para que el contrato del montaje del 'stand de Grandes Proyectos' fuera directamente adjudicado a Orange Market".
Esa adjudicación, dice el escrito, se hizo "al margen de la tramitación de procedimiento de contratación alguno" y además, subraya que por primera vez se dejó fuera a la Agencia Valenciana de Turismo y la contratación se llevó desde la Presidencia de la Comunidad, y "bajo la autoridad del Presidente".
Así se hizo y el stand se les adjudicó "directamente", sin procedimiento de contratación y por un importe de 366.529 euros de las arcas públicas. La información de que el montaje del stand estaba pre-concedido se la dio Camps a Álvaro Pérez, durante un paseo, según el testimonio de Pérez.
La negociación se hizo a través de Dora Ibars Sancho, directora general de Promoción Institucional, que dependía de Camps. Se trata de averiguar si el político del PP usó su superioridad jerárquica sobre ella para dar las órdenes.
La adjudicación del pabellón no fue la única forma en la que el PP pagó la deuda, según el escrito, sino que se giraron facturas por Orange Market a otros empresarios de cabecera de la Generalitat, como Enrique Ortiz, para pagar a través de él, de forma camuflada.
A lo largo de su acusación, la Fiscalía admite que no hay documentos que prueben las indicaciones de Camps para esas adjudicaciones. Lo que sí hay son varios testimonios clave.
Entre las principales dificultades para Camps son los acuerdos a los que han llegado una decena de acusados, que admiten las irregularidades en las concesiones a Orange Market y pueden confirmar que las órdenes procedían de Camps.
Para los fiscales es determinante la relación de amistad que existía entre Camps y Pérez, que llevó a "compromisos mutuos": "el primero le aseguraba al segundo trabajo (la producción de todos los actos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana); y el segundo se trasladaba a Valencia y montaba allí la empresa del Grupo Correa. Además, le hacía el favor de contratarle a su amigo BLANCH GRAU", relata el escrito.
Pérez ha relatado la relación de "amistad y familiar" que le unió a Francisco Camps. El expresidente lo niega, pero ha pasado a la historia aquella conversación telefónica en la que Camps y su mujer agradecían a Pérez costosos regalos yen la que se le oía decirle a Pérez: "Amiguito del alma, te quiero un huevo". Además, varios implicados en el caso atestiguan la amistad íntima: entre ellos, la administradora de las empresas de Correa, Isabel Jordán; el considerado número 2 de la trama, Pablo Crespo; y Ricardo Costa.
El miércoles se cumplirán 11 años de la primera absolución de Camps, por el caso de los trajes, en el que se juzgó si la trama sobornaba a varios políticos, incluidos Camps y Costa con costosos regalos, incluidos trajes. Un jurado popular los absolvió a los dos, sin tener en cuenta, que los otros dos acusados, el exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos, y el exjefe de gabinete en Turismo Rafael Betoret, sí aceptaran que aquello había ocurrido.
Desde que estallara el caso Gürtel, Camps ha sido exonerado hasta en nueve causas. Tras los trajes, llegó la financiación irregular del PP; se le señaló en el caso Nóos, donde acabó declarando como testigo; fue imputado por la visita del Papa a Valencia; y después por falso testimonio en ese mismo asunto; también se vio en prietos por el Centro de Convenciones de Castellón, y en tres piezas por la Fórmula 1.
En todas ha quedado libre de acusación, pero ha ido viendo caer a todos los que fueron sus más estrechos colaboradores. Camps se declara perseguido por una justicia que desde hoy lo vuelve juzgar.