Hasta la saciedad ha repetido el Gobierno que, pese a la derogación de la sedición y la rebaja para algunos tipos de malversación, los delitos del procés, no iban a quedar impunes. También hasta la saciedad, el PP ha dicho lo contrario, y ha acusado al Ejecutivo de despenalizar el delito en los casos en los que afecta al independentismo. Pero si nos atenemos a las declaraciones públicas, fue Gabriel Rufián, portavoz de ERC, uno de los primeros en decir que esta reforma no estaba pensada para el 1-O, sino para "futuros hechos".

Eso en el ámbito político. Pero lo cierto es que en el jurídico, hasta el momento, las posiciones -y opiniones- jurídicas dan la razón al Ejecutivo de Sánchez. Cada vez son más los que consideran que Oriol Junqueras seguirá inhabilitado y que Puigdemont puede ser juzgado y condenado a penas elevadas por el delito de malversación. De momento lo han hecho el juez Llarena, la Fiscalía y la Abogacía del Estado; y lo mantienen numerosos juristas a los que estos días se da voz y que creen que en el caso del procés, la malversación es grave y no encaja con el nuevo tipo menor.

La primera decisión en ese sentido fue de Pablo Llarena, el magistrado del Supremo que instruye lo que queda del procés y que tiene procesado a Carles Puigdemont y el resto de líderes del 1-O fugados. El mismo día en que entró en vigor la reforma, desactivó las órdenes de entrega por sedición y las dejó en desobediencia. Pero en cuanto al otro delito imputado, la malversación, manutuvo la acusación en su tramo más grave.

La clave está en el lucro. La reforma del Gobierno suponía que cuando la malversación fuera sin ánimo de lucro, el tope de la pena de prisión estaría en cuatro años, frente a los doce de la que sí tiene ánimo de lucro. En cuanto a la inhabilitación, en esos casos se quedaría en un máximo de seis años, frente al máximo de 20 con los que se penaba antes de la reforma. Pero Llarena expuso que el lucro no tenía por qué ser meterse dinero al bolsillo y decidió imputar a Puigdemont y el resto de procesados la acusación de malversación agravada, que supone penas de hasta 12 años de cárcel y 20 de inhabilitación.

Según la RAE, el lucro es la "ganancia o provecho que se obtiene de algo", y según la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo, ese provecho no tiene por qué ser económico.

Así lo explicaba el magistrado en su auto, donde señaló que el dinero del 1-O se utilizó para un fin, no sólo distinto a lo previsto, sino ilegítimo y que ese destino final suponía un "beneficio particular" para los líderes independentistas.

Esto no sólo afecta sólo a los condenados y fugados. También estaban pendientes de esta reforma una veintena de altos cargos de la Generalitat en 2017, y que están acusados de malversación. Los más conocidos son Josep María Jové, mano derecha de Oriol Junqueras en la Consellería de Economía; y Lluis Salvador, exsecretario de Hacienda. Ellos y la exdirectora de servicios de Vicepresidencia, Natalia Garriga, están a la espera de juicio en el TSJ de Cataluña. El resto de acusados de malversación, también cargos públicos, se reparten entre los juzgado 13 de Barcelona, el primero que abrió diligencias, y el 18.

Tras el auto del juez Llarena, tocó escuchar la posición de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno. En ninguno de los dos casos le han pedido que considere malversación leve, el uso del dinero público en el proceso independentista.

En sus escritos, ni los fiscales ni la abogada del Estado hacen ningún comentario sobre el delito de malversación. Es decir, dan por buena la tesis del magistrado y la apoyan en lo que se refiere a la malversación.

E incluso, ambas acusaciones son más duras que el juez a la hora de entender la derogación del delito de sedición. Donde Llarena decía que no procedía un procesamiento por el nuevo tipo de desórdenes públicos agravados y lo dejaba en desobediencia, estos dos estamentos dicen que sí, que se debe perseguir en base a ese delito que supone entre tres y cinco años de cárcel y hasta ocho de inhabilitación.

Según Llarena ni encajaba ni se les podía imputar porque no existía en el momento del procés y los procesaba por desobediencia, que no conlleva penas de prisión y tiene una inhabilitación de hasta dos años. Ahora hay que ver cómo responde el magistrado a estos recursos.

Juristas de distintas sensibilidades dan la razón a Llarena y afirman que los líderes del procés cometieron malversación grave y que no cabe otra interpretación, es decir, sostienen la tesis del Gobierno.

Pero también los hay que creen que, en realidad, el Gobierno sí quería despenalizar el procés para favorecer a su socio de ERC, aunque las prisas le han jugado una mala pasada. Es el caso de José María de Pablo, que suscribe los argumentos de Pablo Llarena en lo referido a la malversación, pero cree que el Gobierno no tuvo en cuenta el significado que los jueces dan al ánimo de lucro.

Llarena es el que tiene en sus manos el caso Puigdemont, pero también está ahí el tribunal que condenó a Junqueras y otros ocho líderes independentistas por delitos de sedición y/o malversación. La Sala, presidida por Manuel Marchena, preguntó la semana pasada a todas las partes cómo debía interpretar la reforma.

La opinión de estos jueces será la que verdaderamente pese. Pero parece difícil que se aparten del criterio de su compañero de sala.

De hecho, los condenados de Junts han decidido no presentar recurso alguno. Según fuentes de su defensa, creen que el Supremo ya ha tomado una decisión y que el auto de Llarena está redactado "en connivencia" con el tribunal. Es decir, que Marchena y el resto de magistrados del procés van responder de idéntica manera a Llarena y que todo está "cocinado".

Pero en el otro lado están las defensas de los políticos de ERC Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa, que presentarán otro argumento. El de que no se ha cometido ningún delito y que al eliminarse la sedición, ha decaído la malversación, porque se llevó a cabo para cometer un delito que ya es inexistente.

Es otro escenario sobre el que tendrá que responder la Sala, que decidirá si Oriol Junqueras puede presentarse a elecciones este año o si debe seguir inhabilitado durante un largo periodo de tiempo.