"Es una vergüenza que tengamos todavía asuntos de hace doce años" afirma a NIUS una fuente del Tribunal Constitucional, en referencia al recurso del PP sobre la Ley del Aborto, presentado en 2010, es decir, hace casi trece años. Esas palabras salen de las filas del sector progresista, tras la decisión del nuevo presidente del tribunal, Cándido Conde Pumpido, de encajar ese asunto en el primer pleno del mes de febrero. "A ver si sale bien", añade otra voz de ese mismo sector progresista.

La decisión llega, además, en medio de la polémica generada por Vox en Castilla y León, al intentar introducir un protocolo que obligaría a las embarazadas a escuchar el latido del feto antes de tomar la decisión definitiva de abortar.

No sólo eso, el debate en el TC va a discurrir casi paralelo con el que celebrará el Senado sobre una reforma a esa misma Ley, que recupera que las menores de entre 16 y 18 años no tengan que pedir permiso a sus padres (reformado por Mariano Rajoy) y elimina el plazo de reflexión de tres días.

En definitiva, que el 2023 empieza marcado por el aborto, un asunto que a priori parecía superado tras más de doce años de ley, pero que sigue estando en el ideario de los partidos. El Gobierno se ha puesto manos a la obra para facilitar la interrupción voluntaria del embarazo, la distribución gratuita de la pastilla del día después, y la prescripción de la píldora anticonceptiva por parte de la Seguridad Social. Enfrente, los partidos de la derecha, que han puesto sus enmiendas para frenar esos cambios.

Lo que diga el TC será fundamental, porque el consentimiento paterno es uno de los puntos recurridos por el PP hace más de una década. Si la nueva mayoría progresista avala la iniciativa del Gobierno, dejará sin argumentos un nuevo recurso contra la reforma de la Ley.

En cualquier caso, no se espera que todo vaya como la seda y la sentencia se apruebe inmediatamente. El motivo es que la sentencia está en manos de Enrique Arnaldo, que en su día criticó duramente la posibilidad de que las menores abortaran sin permiso de sus padres, e ironizó con el hecho de que las menores de edad no pueden "comprar o vender inmuebles, bonos Madoff, letras del Tesoro, trabajar en turno de noche, hacer horas extraordinarias o votar en elecciones".

La sentencia de Arnaldo podría tumbar sólo algunos de los puntos, no se plantea que vaya volver a "penalizar" el aborto, pero es difícil que su sentencia coincida con la sensibilidad de la nueva mayoría progresista. Eso lo admiten varias fuentes consultadas en uno y otro sector, así que es más que posible que el asunto no se resuelva en el primer pleno.

¿Qué ocurrirá si, como es previsible, Enrique Arnaldo no convence a la mayoría con sus argumentos? Las fuentes fuentes del Tribunal Constitucional, hablan de dos posibilidades: una es que renuncie a su sentencia y acepte redactar la que proponga la mayoría; la otra, ceder el asunto y dejar que el presidente elija a un nuevo ponente. En ese caso, él dejaría por escrito su voto particular discrepante.

El caso es que en el Tribunal Constitucional reconocen que es probable que no haya acuerdo a la primera. Y si efectivamente se nombra un nuevo ponente, la nueva sentencia, la de consenso, "se aprobaría en uno de los siguientes plenos". Es decir, podría estar lista a finales de febrero o en marzo, antes de primavera.

En estos más de doce años, la ley del aborto ha dado para mucho, dentro y fuera del Tribunal Constitucional. Dos magistrados han tenido la sentencia en sus manos antes que Arnaldo y no la han conseguido sacar adelante.

Primero fue Elisa Pérez Vera, progresista, que redactó una sentencia favorable a la norma. La magistrada vio que estaba ante un asunto delicado y que su propuesta no iba a conseguir cuórum en el Pleno, así que nuca la sometió a él pese a que la tuvo dos años en su despacho.

Al marcharse Vera, en 2012, el recurso lo heredó Andrés Ollero, marcadamente conservador, religioso y antiabortista. Pero se encontró con el mismo problema que su antecesora. En su caso, fueron casi nueve años con la patata caliente del aborto entre sus dedos y sin llegar a presentarla ante sus compañeros.

A finales de 2121, Ollero dejó el tribunal y el turno de reparto, que es automático, hizo que la ponencia recayera en manos de Enrique Arnaldo. Visto lo visto, no se puede descartar que la ley del aborto acabe en manos de un cuarto magistrado, progresista, y con la encomienda de redactar una sentencia ante compañeros del mismo signo.

Pero fuera del Tribunal Constitucional, el asunto del aborto ha tenido sus vaivenes considerables desde su aprobación en 2010. Lo que hacía la Ley era despenalizar el aborto, que hasta ese momento era un delito salvo en tres supuestos: el riesgo físico o mental para la salud de la madre; la violación; o las malformaciones en el feto. El aborto dejó de ser un delito y se introdujo el concepto de los plazos, que suponía un aborto libre hasta la semana 14 de embarazo.

La Cámara Alta estudia ya las casi 200 enmiendas que ha presentado la oposición. Son 186, y 75 de ellas son del PP, que insiste en que se requiera el permiso paterno para todas las menores y en que se implante un "periodo de reflexión obligatorio".

Vox, en la línea de lo propuesto en Castilla y León, insiste en que se "desprecia" el derecho a la vida y exige quiere que se "informe" a las mujeres antes de abortar, algo que de momento rechazan incluso en el Partido Popular, o al menos así ha sido en las últimas horas, tras la polémica generada.