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El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha asegurado que "no temen" al Gobierno central y advierte de que "no darán ni un paso atrás" en la defensa de la vida, la familia y la natalidad tras el requerimiento enviado por el Gobierno central para que no aplique medidas que vulneren el derecho al aborto.
A través de su cuenta de Twitter, el dirigente autonómico ha señalado que el Gobierno "teme que las madres tengan más información sobre su embarazo". "Lo que aún no saben es que nosotros no les tememos a ellos. Ni un paso atrás", ha espetado.
De esta forma, el vicepresidente ha respondido al requerimiento oficial realizado por el Ejecutivo central a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar alguna medida que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
La formación ha indicado en redes sociales que Castilla y León será "un muro de contención" frente a las "amenazas y los atropellos del Gobierno del autócrata Sánchez" y que no darán "un paso atrás en defensa de la vida, la familia y la natalidad".
Tras el requerimiento del Ejecutivo central, la Junta autonómica ha acusado al Gobierno de "vulnerar el derecho de autonomía" y ha indicado que estudia acudir a la Justicia y que velará por las mujeres embarazadas.
Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha tachado de "intolerable" el requerimiento que el Ejecutivo central, lo que a su juicio es un "ataque" al Gobierno autonómico basado "en mentiras" con la "intención de generar alarma social".
De esta manera, Mañueco, a través de su cuenta de Twitter, responde al requerimiento del Gobierno central "para que se abstenga de aprobar o aplicar alguna medida que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarado (IVE)".
Así, el máximo responsable autonómico insiste en que no se ha aprobado acuerdo "alguno que limite los derechos de la mujeres ni de los profesionales sanitarios".
"El Gobierno de Sánchez miente y lo hace para tratar de esconder su incompetencia con la aprobación de la Ley del "Solo sí es sí" que reduce las condenas y pone en libertad a los agresores sexuales", recoge el documento.
En este sentido, ha señalado que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, conoce desde el viernes, "a través de una carta del consejero", que no se ha tomado "ningún acuerdo que vulnere derecho alguno" por lo que considera "intolerable este ataque a un Gobierno autonómico, basado en mentiras y con intención de generar alarma social".
La Junta de Castilla y León ha mandando un comunicado en el que ha asegurado que no descarta implementar "acciones judiciales" ante los requerimientos del Gobierno central a una Comunidad Autónoma, que los califica de "vulneradores de su autonomía y sus competencias", y advierte que velará "por que se lleven a cabo todas las acciones que supongan un incremento de los derechos fundamentales de la mujer embarazada en todas las circunstancias".
En dicho comunicado, el Gobierno autonómico ha recordado que cualquier medida de fomento de la natalidad y de apoyo a la familia se aplicará siempre "sobre tres premisas". "En primer lugar, el respeto absoluto a la Ley, a libertad y los derechos de la mujer embarazada y de los profesionales sanitarios".
En este sentido, el Ejecutivo autonómico "garantizará la libertad y voluntariedad" para las mujeres embarazadas que lo requieran y, "por supuesto", se asegurará la aplicación bajo el "estricto criterio médico, respetando la ley y respetando las recomendaciones de las sociedades científicas", como recuerda, ya explicó el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, a la ministra Carolina Darias a través de una carta enviada el pasado viernes.
"Castilla y León ha sido siempre una comunidad pionera en la defensa de los derechos de la mujer y lo seguirá siendo", incide, por lo que lamenta "la falta de diálogo" del Gobierno de España con esta comunidad "leal que actúa siempre desde el absoluto respeto a la Ley".