El número es cambiante y su identidad, anónima por motivos de seguridad, pero son la cima de una oscura pirámide. Los casos más graves. Las mujeres que según la Policía y la Guardia Civil están en “riesgo extremo” de ser agredidas o incluso a morir en manos de sus parejas. Son los casos más preocupantes del sistema Viogen, que se encarga de la seguridad de las mujeres que sufren violencia de género en España. A fecha de 31 de diciembre eran 18 las mujeres, 107 durante todo 2022. 

Sin embargo esta última cifra engaña, ya que la estadística suma los casos por meses, y en muchas ocasiones las mujeres que requieren este tipo de protección están varios de ellos bajo el cuidado constante de los agentes. Según los datos oficiales, julio fue el peor mes para ellas. En total, 30 mujeres estaban entonces bajo “riesgo extremo” según el Sistema de Vigilancia Integral de Violencia de Género, conocido como Viogen. En diciembre dos víctimas de maltrato, ubicadas en Cádiz y Burgos, contaban además con menores a su cargo en situación de vulnerabilidad y en otros dos casos, en Granada y Ciudad Real, los agentes consideran que el riesgo de agresión se puede trasladar también a sus hijos. En total, los datos oficiales arrojan la existencia de 3.124 casos desde 2019 en los que los agentes apreciaron algún tipo de riesgo para los menores. 

Así, el sistema cuenta con una serie de niveles que determina la protección que recibe la mujer en riego, y que se calcula en función de factores como la reincidencia del presunto agresor, la gravedad de la violencia sufrida, las circunstancias de apoyo familiares y sociales o la retirada de denuncias y reanudación de la convivencia. Con esto sobre la mesa, si el riesgo es “bajo”, los agentes se ponen en contacto con la víctima y evalúan el caso a los 60 días. Mientras, comunican al agresor de que su víctima tienen un sistema de protección policial y ella recibe recomendaciones sobre autoprotección además de información precisa sobre los servicios de alerta telemática. En este nivel hay cerca de 30.000 mujeres cada mes dentro del sistema. 

Como las medidas son acumulativas, cuando el riesgo es “medio”, además de las anteriores la frecuencia de las llamadas de control a la víctima se incrementan, además del plazo en el que se reevalúa el nivel de riesgo, que pasa a ser de un mes y llegan las medidas de contravigilancia aleatorias, tanto en el domicilio de la víctima como en el colegio de sus hijos si tiene. Además, los agentes acompañan a la mujer a sus actuaciones judiciales y a cualquier otro movimiento donde consideren que su integridad puede estar en riesgo. En esta valoración de riesgo hay entre 8.500 y 10.000 mujeres, ya que la cifra fluctúa según los meses.

En el nivel de riesgo “alto”, las vigilancias en el domicilio son cada vez más frecuentes, se trata el posible cambio de domicilio con la víctima y las necesidades asistenciales y de ayuda que tenga, se tratan de limitar sus rutas y sus posibles puntos de contacto con el entorno del agresor, además de procurar que los presuntos maltratadores tengan un dispositivo telemático de control, que debe ser aprobado por un juez y que supone además la aplicación de medidas de alejamiento y localización tanto del presunto maltratador como de la víctima. En esta situación había 725 mujeres según las últimas estadísticas del sistema Viogen, con Andalucía y la Comunidad Valenciana a la cabeza. Aquí aparece otra cifra preocupante: en el último mes, había 15 chicas menores de 18 años que necesitaban este nivel de protección, ante la violencia ejercida por sus parejas contra ella. 

En el último nivel de esta escala de riesgo se encuentran las mujeres para los que los expertos consideran que hay un riesgo “extremo”. Es decir: una posibilidad inminente de que sufran una agresión a manos de su pareja. Para estas 18 mujeres según las últimas estadísticas, Policía y Guardia Civil (protegen a ocho cada cuerpo y otras dos están bajo el cuidado de policías autonómicas) cuentan con un dispositivo de vigilancia constante, además de realizar un control intensivo sobre los movimientos del agresor, mediante medios telemáticos o personales. El sistema se traduce además en que estas víctimas no pueden salir sin escolta a la calle mientras se prolongue el riesgo “extremo en su contra”, que se evalúa de nuevo cada 72 horas.