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El Gobierno ha realizado un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León avisándole de que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo y le advierte de su disposición a más acciones legales.
El Ejecutivo ha informado de este requerimiento en un comunicado ante los protocolos anunciados por la Junta de Castilla y León para evitar abortos.
Afirma el Gobierno que utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente.
De la misma forma, recalca que velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del estado ni por parte de administración pública alguna.
Ante esta situación, informa de que los ministerios de Sanidad, Política Territorial, Hacienda y Función Pública y Presidencia están en permanente coordinación para estudiar, establecer y coordinar las medidas pertinentes.
Por este motivo, el Ministerio de Sanidad ha enviado esta tarde un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León en el que se solicita que "se abstenga de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnere o menoscabe lo establecido en la normativa actual que regula la interrupción voluntaria del embarazo.
Cita en concreto la ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, el Real Decreto 1825/2010, de 25 de marzo, y la Guía Común del Sistema Nacional de Salud sobre interrupción voluntaria del embarazo.
Añade que, "en caso de haber sido esta ya adoptada, cese de inmediato cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer que ha decidido abortar o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término la realización de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico".
También exige que la realización de pruebas diagnósticas no contravenga el conocimiento científico actual y las recomendaciones recogidas en las guías de salud nacionales e internacionales avaladas por las sociedades científicas.
Además, insta a comunicar de manera inmediata al Ministerio de Sanidad los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que se pretendan llevar a cabo las actuaciones anunciadas.
En caso de que el requerimiento efectuado no sea atendido "íntegra e inmediatamente" por la Junta de Castilla y León, el Gobierno no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales a la vista de que las medidas anunciadas asegura que pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico.
Explica el Ejecutivo que esas nuevas acciones se pondrán en marcha dado que la aplicación de las medidas anunciadas podrían vulnerar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales y también se extralimitan de las competencias que corresponden a esas comunidad.
Por su parte, la Junta de Castilla y León ha asegurado que tiene "plena autonomía" para aprobar cualquier protocolo que establezca mejoras en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas y ha pedido al Gobierno de España que se abstenga de dirigir requerimientos "vulneradores de su autonomía y sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía".
"Estamos hablando de políticas de medidas de natalidad y apoyo a la familia", ha argumentado la Junta de Castilla y León después de conocerse que el Gobierno ha requerido oficialmente a la Consejería de Sanidad que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha tachado este domingo de "intolerable" el requerimiento que el Ejecutivo central ha enviado a la Junta para que no aplique medidas que vulneren el derecho al aborto, lo que a su juicio es un "ataque" al Gobierno autonómico basado "en mentiras" con la "inteción de generar alarma social".
De esta manera, Mañueco, a través de su cuenta de Twitter, responde al requerimiento del Gobierno central "para que se abstenga de aprobar o aplicar alguna medida que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarado (IVE)".
Así, el máximo responsable autonómico insiste en que no se ha aprobado acuerdo "alguno que limite los derechos de la mujeres ni de los profesionales sanitarios".
"El Gobierno de Sánchez miente y lo hace para tratar de esconder su incompetencia con la aprobación de la Ley del "Solo sí es sí" que reduce las condenas y pone en libertad a los agresores sexuales", recoge el documento.
En este sentido, ha señalado que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, conoce desde el viernes, "a través de una carta del consejero", que no se ha tomado "ningún acuerdo que vulnere derecho alguno" por lo que considera "intolerable este ataque a un Gobierno autonómico, basado en mentiras y con intención de generar alarma social".
El Gobierno ha reaccionado de esta forma ante los cambios en el protocolo de Castilla y León en materia de abortos que implican que los ginecólogos deriven directamente a salud mental a las mujeres embarazadas que se planteen interrumpir su embarazo, la posibilidad de escuchar el latido del bebé entre las semanas sexta y novena e incorporar las ecografías 4D, que se hacen en la última etapa de la gestación, a la cartera de servicios.
Unos cambios avanzados por el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, que posteriormente fue corregido por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, quien recalcó la voluntariedad de estas medidas y negó además que su objetivo fuera antiabortista.
Ante los nuevos protocolos, la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ya adelantó el viernes que su partido ejercería acciones legales para evitar la coacción u hostigamiento por administraciones o personas a las mujeres que quieran interrumpir un embarazo y que recurrirá los acuerdos en ese sentido que tomen los gobiernos autonómicos