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Desde hoy, el delito de sedición es historia y el de malversación sin ánimo de lucro ve sus penas reducidas. Así que al Supremo le toca adaptarse a la nueva realidad y para empezar, revisará nada más y nada menos, que la sentencia del procés, la que condenó a Junqueras y otros ocho líderes del 1-O por ambos delitos. Para eso, este mismo jueves preguntará a las partes -defensas y acusaciones- qué debe hacer.
Las partes tendrán un plazo aproximado de ocho días para responder y están preparando sus escritos. De momento, los abogados de Junqueras y el resto de condenados de ERC van a pedir una "revisión de la sentencia para que los jueces digan que ya no hay delito", según confirman a NIUS fuentes jurídicas.
En cuanto a los de Junts, sostienen la tesis jurídica de que al desaparecer el delito de sedición desaparece el principal ilícito y que eso borra el delito de malversación, porque se cometió para sustentar la sedición. En cualquier caso, la defensa de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez, está valorando qué pasos dar.
Todos los condenados vieron conmutadas sus penas de cárcel en el indulto concedido en junio de 2021. Pero les quedaba pendiente la inhabilitación, que les impide presentarse a unas elecciones. El Gobierno insiste en que, con la reforma, del delito de malversación sigue manteniendo penas de inhabilitación altas -seis años- para los que no se metieron dinero en el bolsillo. En ese caso, la inhabilitación (que es lo que tienen pendiente los condenados por el procés) es como mucho de seis años.
En cuanto al delito de desórdenes públicos agravados, que sustituye al de sedición y no está claro que pueda encajar en el 1-O, la inhabilitación es de hasta ocho años.
Si triunfan los argumentos que hablan de eliminar los dos delitos, podrá hacerlo con toda seguridad, porque la inhabilitación se esfumaría y Junqueras estaría a tiempo de concurrir a los comicios de este año. Pero las posibilidades son varias:
La pena por el delito de desvío de fondos sin lucro es de hasta cuatro años de cárcel y hasta seis de inhabilitación. Así que en función de la decisión y del tramo de la horquilla penal que se imponga -en caso de que se imponga-, Junqueras podría presentarse a las elecciones.
En un primer momento, el Supremo fijó el fin de la inhabilitación de Junqueras en 2031. Con la derogación de la sedición se calculaba que podría terminar en 2026. Pero la rebaja de la malversación, puede aminorarla más. Porque además, si no se considera grave el daño causado a las arcas públicas, la inhabilitación se podría quedar en tres años, que en el caso del líder de ERC ya están más que cumplidos.
Pero para saber qué responde el tribunal, habrá que esperar un poco. Si el tribunal pregunta qué hacer y da un plazo de ocho días, no habrá decisión de los jueces antes del 19 de enero. Sin embargo, la situación de Puigdemont podría mostrar el camino de lo que va a ocurrir.
En cuanto a Carles Puigmdemont, que aún no ha sido juzgado porque se fugó a Bélgica junto a varios consellers, está en manos del juez Pablo Llarena. Y NIUS ha podido confirmar, el magistrado trabaja desde el miércoles en un auto en el que estudia si anular o no las euroórdenes.
Está previsto que el auto se emita hoy mismo. Y en él veremos cómo encajan los hechos de septiembre y octubre de 2017 con la reforma del Penal que elimina la sedición y rebaja la malversación. Fuentes jurídicas explican a NIUS que Llarena tiene que ver cómo encaja el nuevo texto legal con la situación de Puigdemont y el resto de fugados y que es probable que eso afecte al contenido de las euroórdenes.
En cualquier caso, será la decisión de Llarena la que nos indique por dónde van a ir las revisiones de condena que haga el tribunal del procés. Los magistrados de aquella mesa y Llarena pertenecen a la misma sala del Supremo, la II, y no parece que vayan a hacer interpretaciones distintas entre ellos.
Desde Bélgica, Carles Puigdemont está a la espera de lo que ocurra. Su abogado no va a mover ficha y duda de que se vayan a retirar las órdenes de detención contra él. Pero el expresident no es el único fugado reclamado por la Justicia española. Toni Comín, Clara Ponsatí, Marta Rovira y Lluis Puig también están a la espera, aunque no todos están reclamados por lo mismo: