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A pocas horas de que la reforma del Código Penal que elimina del delito de sedición y rebaja la malversación entre en vigor, lo hará este mismo jueves, ya se ha producido la primera petición de revisión de penas a la baja en un caso de corrupción y las alarmas han saltado en Moncloa. El Gobierno reivindica que su reforma legal no va a provocar que "ningún ladrón va a salir de la cárcel" y confía en que no habrá rebajas de condenas, pero ya no se atreve a poner la mano en el fuego y no descarta por completo que eso se pueda ocurrir. Todo dependerá de la interpretación de los jueces.
El goteo continuo de excarcelaciones y rebajas de penas a los agresores sexuales en aplicación de la ley del 'solo sí es sí' pesa como una losa sobre los hombros del Ejecutivo que no quiere ni imaginarse que la situación se repita con los corruptos en plena precampaña para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Sería un torpedo en la línea de flotación de todos los candidatos socialistas que se juegan su futuro en las urnas.
Los barones del PSOE más críticos con los pactos con los independentistas de Pedro Sánchez, Emiliano García-Page y Javier Lambán, ya criticaron con dureza esa reforma, exigida por ERC, y advirtieron de que podrían verse beneficiados los condenados por malversación, Podemos también mostró sus reticencias al igual que otros socios de investidura. El Gobierno siempre argumentó que su proposición de ley castigaba todos los tipos de corrupción y además introducía una nueva figura de enriquecimiento ilícito, pero lo cierto es que las horquillas de penas contempladas para el delito de malversación se rebajaban.
Sánchez en la última rueda de prensa del año dejó claro que no se esperaban rebajas de penas apelando a que en el texto de la reforma se incluyó una disposición transitoria que, según sus palabras textuales, "garantiza que se mantengan las penas para los casos de desvío irregular presupuestario" y "sin revisión a la baja de condenas". En ese contexto, recordó que antes de la moción de censura con la que llegó a Moncloa por primera vez una de las tres principales preocupaciones de los españoles, según el CIS, era la corrupción y especialmente casos como Kitchen o Gürtel vinculados al PP. Ahora, defiende el presidente, la corrupción ocupa el puesto número 18 de los principales problemas para los ciudadanos.
Es el mismo argumento que esgrimió este martes la portavoz del Ejecutivo para mostrar su confianza en que los jueces apliquen la ley para no permitir ningún comportamiento ilícito. Tres veces se le preguntó a Isabel Rodríguez en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros si podía garantizar que no habría rebajas de penas a los corruptos. En ninguna de sus respuestas lo aclaró más allá de defender que el sentido de la reforma no era despenalizar la corrupción sino diferenciar entre quien roba dinero público para llevárselo a su bolsillo o quien hace una desviación irregular del presupuesto. "El Gobierno persigue con esta reforma penar todo tipo de corrupción", enfatizó la portavoz.
El primer movimiento judicial lo ha hecho el juez de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, en el caso Acuamed, por un supuesto desvío de fondos de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas. Ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que revise su escrito en el que solicitaba el procesamiento de los imputados teniendo en cuenta que la reforma del delito de malversación podría provocar rebajas de penas.
La fase de instrucción se ha prolongado tres meses más precisamente para dar tiempo a que el Ministerio Público valore el impacto de la reforma en el caso donde se investigan presuntos delitos de malversación, fraude, cohecho, falsedad, prevaricación y tráfico de influencias en relación a adjudicaciones fraudulentas por parte del organismo público. Preguntada por ese asunto Isabel Rodríguez subraya que se trata de un caso en fase de instrucción y por lo tanto todavía no hay ni sentencia ni condena.
Los casos se pueden extender. Las defensas de los principales procesados por la Operación Kitchen sobre el presunto espionaje en el Ministerio del Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz para espiar a Luis Bárcenas están a la espera del escrito de acusación de la Fiscalía para solicitar cambios por la reforma de la malversación.
La línea de defensa es que no existió malversación porque no hubo uso ilícito de los fondos reservados para financiar esa operación ni enriquecimiento ilícito por parte de sus clientes.
Por otra parte, la Fiscalía General del Estado fijará un criterio único para aplicar la ley como ya hizo con el 'solo sí es sí'. Ya está trabajando en una orden o instrucción para dar un "sentido uniforme" a sus actuaciones tanto para los nuevos casos como para revisar los ya sentenciados. Se hará con "celeridad", señalan fuentes judiciales, pero buscando "consenso".
La Fiscalía determinará los criterios que deberán aplicar los jueces en los casos de malversación. Uno de los puntos clave son las revisiones de condenas dictadas con el Código Penal de 2015, cuando se suprimió el requisito del ánimo de lucro.
El Gobierno está a la espera mientras el Partido Popular machaca con que ya advirtió que las revisiones a la baja llegarían. "Ahora empezaremos a ver como los corruptos se ven favorecidos por una reforma del propio Gobierno que hace que hoy la corrupción sea más barata en España, y para eso no le votaron los españoles", sentenció Cuca Gamarra, la número dos del PP que tiene nueva munición contra Pedro Sánchez.