{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
Una de las consecuencias de la guerra de Ucrania, la crisis de la energía, ha protagonizado el primer Consejo de Ministros del año. El Ejecutivo ha abordado la reforma del mercado eléctrico, que pasa por impulsar las energías renovables como el hidrógeno verde -en los que España tiene cuatro importantes proyectos que serán financiados con dinero europeo- y reducir la volatilidad de precios. En este último punto, España necesita el visto bueno de Bruselas a sus propuestas.
El futuro energético pasa por las renovables, así lo adelantaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y así lo ha repetido en rueda de prensa la ministra de Transición econlógica, Teresa Ribera, al decir que , esta forma de energía que ha llegado para quedarse.
La ministra ha explicado que esta reforma es necesaria, ya no solo por la coyuntura actual desatada por la guerra en Ucrania, sino porque considera que el sistema no está preparado para el futuro. Cuando se diseñó hace 20 años, las renovables solo representaban el 10% del mix total, pero ahora alcanzan el 50% y se prevé que lleguen al 75% para el año 2030.
España se sitúa entre los diez países de la Unión Europea con más patentes de hidrógeno, según un análisis de las tendencias mundiales de la innovación en las cadenas de valor del hidrógeno, elaborado por la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Agencia Internacional de la Energía (AIE).
Así, Teresa Ribera ha enumerado los cuatro primeros proyectos a desarrollar en España sobre el desarrollo del hidrógenos verde con dinero europeo. Se trata de los trabajos a desarrollar por H2B2, en una planta en Sevilla, basado en la electrolisis para hacer hidrógeno verde; el proyecto de Nordest, con plantas en Asturias y Navarra, de generación eólica o fotovoltaíca; y la producción de vehículos comerciales de transporte pesado que puedan ser propulsados con hidrógeno verde, a desarrollar por Iveco en plantas situadas en Madrid, Valladolid y Barcelona.
Estos son solo cuatro de los 11 proyectos sobre esta energía verde que desarrollarán en España dentro de dos convocatorias europeas, que están dotados con 74 millones en total.
La ministra ha defendido que España está muy bien posicionada en el desarrollo de este tipo de energía renovable, concentrando actualmente el 20% de toda la inversión mundial destinada al hidrógeno verde, o el 78% de todas las patentes en este ámbito. "Este real decreto permite seguir trabajando para impulsar el hidrógeno renovable, que irá teniendo un mayor peso en el mix energético en detrimento del petróleo, y que supone una oportunidad muy relevante para España, donde estamos en buenas condiciones, desde el punto de vista geográfico, para proyectar la industria necesaria", ha señalado Ribera.
Hoy, también el primer Consejo de Ministros del año elabora un informe de propuestas a remite a Bruselas para seguir controlando la volatilidad del precio de la electricidad. Así, el Gobierno va a solicitar la extensión de la denominada excepción ibérica, el tope al precio del gas con el que se produce electricidad, al menos hasta final de 2024. El Ejecutivo quiere que el precio se limite a unos 40 o 50 euros el megavatio hora.
Mientras se diseña un nuevo sistema --España ha sido el primer país en trasladar una propuesta a Europa--, el Gobierno también ha pedido a Bruselas una prórroga del mecanismo ibérico del tope al gas para poder seguir abaratando los precios finales al consumidor ante los elevados precios del gas natural, al menos hasta finales de 2024, que ha permitido un ahorro de 4.500 millones de euros hasta ahora (150 euros por familia de media).
"Necesitamos una mayor seguridad y certidumbre con respecto al acceso y a la seguridad de suministro y queremos que las nuevas oportunidades de tener energía a precio razonable beneficien a los consumidores y no solo a los productores, y también necesitamos reducir la extrema volatilidad vivida en los últimos meses", ha asegurado la ministra.
El sistema que propone España se basa en un mercado de corto plazo (diario e intradiario) líquido y transparente, como el que se da actualmente, combinado con un mercado a plazo de energía y servicios de capacidad y flexibilidad adaptados a las necesidades particulares de cada mercado nacional o regional. Para implementar la reforma, sería necesario modernizar la directiva del mercado interior, de tal forma que se facilite la introducción de mercados de capacidad que garanticen la seguridad de suministro y el fácil desarrollo de los contratos por diferencia (CfD) para las plantas existentes.
El Gobierno remitirá este martes a Bruselas su propuesta para la reforma del mercado energético en Europa, un debate que se tratará en el seno de la Comisión Europa a partir de esta primavera, en el que sugiere la compra de energía a largo plazo para reducir la volatilidad y el precio de la electricidad.
El funcionamiento del modelo propuesto por España sería cerrar contratos a largo plazo con energía renovable, nuclear e hidráulica --por medio de subastas y con fijación de precios regulados-- y, en segundo lugar, cerrar contratos de capacidad a plazo para las tecnologías marginalistas de ciclo combinado. De esta forma, el regulador contrata con las centrales inframarginales energía a largo plazo, mediante CfD, a precio fijo y orientado a costes, e introduce mercados de capacidad para las marginales, dando flexibilidad a cada país para que elija un instrumento, entre los que se valoran las reservas estratégicas, subastas de capacidad, opciones de confiabilidad u obligaciones descentralizadas.
Asimismo, se proponen incentivos económicos a la nuclear e hidráulica para que generen electricidad en las horas más caras, de manera que las plantas con capacidad firme, almacenamiento y gestión de la demanda tengan incentivos económicos para garantizar su disponibilidad. Según el Gobierno, el nuevo sistema propuesto por España logrará atraer inversión de renovables, el precio del CfD reflejará el coste medio y no se generarán los llamados 'beneficios caídos del cielo', al mismo tiempo que el precio de la electricidad para el consumidor será más estable, al estar contratada a un plazo definido.