{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
El Gobierno ha esgrimido este martes que con la repatriación de dos mujeres y trece menores españoles que se encontraban en campos de desplazados en el norte de Siria ha cumplido con sus "obligaciones legales" y sigue los pasos de otros países como Francia o Alemania, que también han repatriado en los últimos meses a familiares de combatientes de Estado Islámico.
En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado que la operación de repatriación culminó el lunes por la noche, con la llegada de las mujeres y los menores a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). Fuentes gubernamentales han indicado a Europa Press que se ha contado con apoyo de Estados Unidos.
En el operativo han participado, además de Exteriores, los departamentos de Interior, Defensa, Derechos Sociales, Justicia y Presidencia, y "se ha prolongado durante varios meses debido a su complejidad y la situación de riesgo en los campamentos sirios". "De esta forma, España cumple con sus obligaciones legales, también derivadas de los tratados internacionales", ha reivindicado.
Una vez en territorio español, las dos mujeres mayores de edad han sido custodiadas por la Policía Nacional para proceder a su toma de declaración tras lo cual pasarán a disposición judicial de la Audiencia Nacional que "procederá a la legalización de su situación procesal", ha precisado Exteriores, que no ha identificado a las dos repatriadas.
Según las fuentes consultadas por Europa Press se trataría de Yolanda Martínez, que tiene 4 hijos, y Luna Fernández, que llegó a España con 9 niños. Fuentes jurídicas han indicado que ambas, casadas con yihadistas, comparecerán este miércoles ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Santiago Pedraz, quien había emitido órdenes de busca y captura internacionales contra ellas por presuntos delitos de terrorismo en 2019.
En septiembre de 2019, la Audiencia Nacional emitió órdenes internacionales de detención contra cuatro mujeres --tres españolas y una marroquí-- que estaban en Siria, país al que viajaron para enrolarse en las filas de Estado Islámico, y que habían expresado su voluntad de regresar a España. Estas mujeres tenían en aquellas fecha a 17 menores a su cargo.
Por lo que se refiere a los menores repatriados junto a ellas, Exteriores ha precisado que "los servicios sociales de la Comunidad de Madrid se han hecho cargo de los trece menores", sin que por el momento esté claro si en un futuro sus familiares en España podrían hacerse cargo de ellos.
El Departamento que encabeza José Manuel Albares ha reivindicado que con esta operación "España se une a sus vecinos europeos" que también han repatriado a sus nacionales de estos campos en Siria, citando en concreto a Alemania, Bélgica, Noruega, Irlanda, Suecia, Italia, Finlandia, Países Bajos, entre otros.
En una reciente entrevista concedida a Europa Press, el ministro había asegurado que el Gobierno tenía la decisión tomada en cuanto a proceder a la repatriación, pero había apelado a la discreción. "Es una operación compleja con riesgos de seguridad", había incidido, defendiendo la decisión "porque involucra a ciudadanas españolas y sobre todo involucra a menores españoles que donde tienen que estar es en España y no en campamentos como los que están". A finales de octubre, fuentes diplomáticas indicaron a Europa Press que un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores visitó antes del verano a españolas vinculadas con Estado Islámico que se encontraban en los campamentos de refugiados en el norte de Siria con el fin de establecer las condiciones para su eventual repatriación a España.
Dicho funcionario se desplazó a los campamentos de Al Hol y Al Roj para poder "entrevistarse con los ciudadanos españoles que se encontraban allí" y "establecer las condiciones para proceder a la repatriación, una vez que se cumplan las condiciones de seguridad para ello".