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Diez minutos ha tardado el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional y en hacerlo por unanimidad, para sorpresa de todos los que estaban pendientes de esa reunión. Porque los diez minutos de hoy llegan después de seis meses de mandato prorrogado y más de cien días de reuniones infructuosas. El desbloqueo resta urgencia a la reforma que el Gobierno había planteado para facilitar la renovación del TC, reduciendo las mayorías necesarias en el CGPJ para designar a sus candidatos al TC.
Así lo ha admitido -antes de conocerse la decisión- Sánchez en su rueda de prensa de balance del año, aunque no ha hablado de aparcar la reforma, por lo que pueda pasar en el futuro, con estos bloqueos que "lo que hacen es erosionar las instituciones". Y así lo ha confirmado el ministro de la Presidencia, Felix Bolaños, horas después de conocerse la decisión: "No existe esa urgencia".
El TC le había frenado la reforma porque se incluía en la del Código Penal que deroga la sedición y rebaja la malversación y porque le planteaba dudas constitucionales al permitir que se rompa la renovación por tercios que exige la Carta Magna. Ahora se estaba a la espera de los argumentos jurídicos del TC para volver a presentarla de nuevo como proposición de ley -esta vez por separado- de los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno. Pero una vez desbloqueada la renovación, está por ver qué ocurre. Fuentes del grupo socialista citadas por EFE han confirmado que seguirían adelante con el plan de presentar la proposición de ley en el Congreso tras la elección de dos nuevos magistrados ya que la reforma que plantean no tiene que ver con una "cuestión puntual".
Hace seis meses, el 12 de junio, caducó el mandato de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y tocaba que el Gobierno eligiera a dos y el CGPJ a otros dos, en una cuaterna indisoluble y que debía cambiar el equilibrio de fuerzas en el TC para dar la mayoría al sector progresista.
Estaba claro que los candidatos del Gobierno no iban a suponer ningún problema. Pero quedaban los del CGPJ, bloqueado desde hace cuatro años y que ha tenido más de dos y de tres disputas evidentes con el Ejecutivo, sobre todo desde el sector conservador que es el que ha puesto hasta ahora trabas a la renovación.
La Ley del Poder Judicial marca un plazo de tres meses para acometer esa renovación, así que con la vista puesta en ese plazo, que acababa el 12 de septiembre, los sectores conservador y progresista del CGPJ plantearon incluso una mesa de negociación.
En el seno del Pleno del CGPJ, tenía lugar el primer escenario de enfrentamiento. Desde el principio, los vocales conservadores no han parado de retrasar sus propuestas, para desesperación de los progresistas que plantearon una lista con nueve nombres de su cuerda desde el primer momento.
Los conservadores aseguraban primero que no encontraban candidatos; después dijeron que había que esperar a que se solucionara la renovación del propio Consejo General del Poder Judicial, que a punto estuvo de desbloquearse, pero que se fue al garete en el último momento; por último, cuando ya encontraron candidato -César Tolosa-, decidieron vetar al candidato elegido por los progresistas, José Manuel Bandrés.
El último episodio, con el que se ha firmado la paz interna, ha tenido lugar este martes: se convocaba otro pleno con una propuesta conservadora que incluía a Tolosa y a la progresista Mª Luisa Segoviano, en un intento de forzar a sus compañeros a elegirla a ella, que también estaba en la primera lista que dieron a conocer los progresistas. Había dudas, porque los vocales más afines al Gobierno habían propuesto también votar a Bandrés. Pero finalmente, los contactos previos al encuentro han hecho que en sólo diez minutos y por unanimidad se votara a los dos magistrados. Tolosa llega desde la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo; Segoviano, que ha presidido la Sala de lo Social del mismo tribunal, se había jubilado a finales de octubre.
La batalla de los vocales conservadores era, a la vez, con sus colegas y con el Gobierno, que no quería esperar más para dotar de una mayoría afín al Tribunal Constitucional. Las leyes aprobadas por el Gobierno obviando los informes judiciales, o sin requerirlos; el intento de renovar el CGPJ con mayoría simple; o la decisión de impedirles nombrar jueces, han molestado mucho en el Poder Judicial, especialmente en el sector conservador, que ahora lo ha hecho notar.
La tercera bronca, de un nivel nunca visto, ha sido entre el entre el Gobierno y el propio Tribunal Constitucional. Hace unos días paralizó la proposición del Gobierno para rebajar la mayoría necesaria en el CGPJ para elegir a los magistrados del TC. El Gobierno lo hizo por la vía urgente y el TC lo paralizó sin que se hubiera tramitado, algo nunca visto. A regañadientes, el Gobierno aceptó aceptado acometer la reforma por una vía menos urgente, pero el desbloqueo de este jueves, hace que esa reforma, aunque se mantenga, se haga sin ninguna prisa.
El desbloqueo producido por la votación del CGPJ pondrá una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional, algo que Sánchez no deja de repetir como "lo más natural", porque así se corresponderá con la mayoría parlamentaria, que en este momento es progresista y que es responsable de designar a los magistrados del TC.
El TC, que no es Poder Judicial y que tiene la misión de controlar la constitucionalidad de las decisiones, lleva años con mayoría conservadora y en un futuro próximo tendrá que revisar leyes del actual Gobierno, como la Reforma Laboral, la Ley de Educación, o la de Eutanasia. Pero también tiene en sus manos los recursos contra la Ley del Aborto de Zapatero, que lleva doce años en vigor y recurrida y que ha pasado por las manos de tres magistrados, sin que ninguno consiguiera redactar una sentencia que generara consenso entre sus compañeros.
Lo que más ha sorprendido este martes es la unanimidad de la designación después de 105 días de reuniones infructuosas. Con el desbloqueo hecho, el conservador César Tolosa y la progresista Mª Luisa Segoviano se unirán al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la catedrática de Derecho Constitucional Laura Díez Bueso, ambos progresistas y designados por el Ejecutivo. Ellos sustituirán a los cuatro salientes: los conservadores Pedro González Trevijano -actual presidente- Antonio Narváez, y Santiago Martínez Vares; y al progresista Juan Antonio Xiol, en este momento vicepresidente del tribunal de Garantías.
El CGPJ ha puesto de acuerdo esta vez, aunque parcialmente, a PP y PSOE, algo que últimamente no es sencillo. Los partidos han aplaudido el acuerdo por unanimidad, pero eso sí, ambos siguen cruzando acusaciones. El Ejecutivo de Sánchez ha acusado al PP de "bloquear" y "dañar" las instituciones; mientras que el PP ha exigido al Gobierno que pida disculpas a los vocales a los que "insultó".
En la celebración por el acuerdo, el Ejecutivo ha recordado que ahora habrá una mayoría progresista de siete magistrados frente a cuatro conservadores y ha señalado su deseo de que el nuevo TC vuelva a "recuperar el prestigio, la objetividad y la credibilidad dañadas" tras la decisión de paralizar su reforma. Moncloa ha insistido en culpar del bloqueo al PP, al que acusan de "tensionar" las instituciones hasta "límites insospechados".
El PP también ha atacado al Gobierno: "Ha quedado demostrado que aquellos a los que el Gobierno insultó gravemente, acusándolos de bloquear los órganos constitucionales, han materializado la propuesta que finalmente ha facilitado el acuerdo", ha aseverado el PP de Feijóo en un comunicado esta tarde, donde pedía al Gobierno que se disculpe con todos los vocales "a los que ha insultado en las últimas semanas".
No sólo eso, los populares también han reclamado que el Gobierno tome ejemplo y cambie a los magistrados elegidos -Campo y Díez Bueso- y escoja "dos perfiles de ejemplaridad contrastada y no dos altos cargos del Ejecutivo de Pedro Sánchez".