El largo y tortuoso camino de la ley trans llega a su fin. El Congreso ha aprobado por una amplísima mayoría la ley que reconoce derechos a las personas trans y salda una deuda histórica pendiente con ese colectivo como ha proclamado la ministra de Igualdad, Irene Montero: "Gracias a la mayoría feminista que hoy cierra armarios y abre ventanas de felicidad y derechos". Es uno de los proyectos estrella de su Ministerio y uno de los que más quebraderos de cabeza ha generado en el Gobierno de coalición.

La ley ha salido adelante con 188 votos a favor del PSOE, Podemos y el resto de fuerzas progresistas frente a los 150 en contra de la derecha y 7 abstenciones. Entre ellas, la de la socialista y exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que ha roto la disciplina de voto escenificado de esa forma su rechazo al proyecto. Los colectivos y asociaciones trans que se encontraban en las tribunas de invitados han estallado en aplausos que han sido acompañados por las bancadas de la izquierda.

La norma, que ahora irá al Senado para quedar aprobada definitivamente a final de año, ha provocado fuertes tensiones entre PSOE y Podemos, divisiones internas en las filas socialistas y una fractura en el feminismo. Su tramitación ha sido convulsa desde el primer momento con peleas públicas entre Montero y Carmen Calvo que han mantenido un pulso hasta el último momento por la autodeterminación de género, el pilar fundamental de la ley y su principal novedad.

La batalla política la ha ganado la ministra de Igualdad que ha conseguido mantener intacto el texto que elaboró el Ministerio y aprobó el Consejo de Ministros. Todas las personas mayores de 16 años podrán libremente cambiar su sexo en el Registro Civil sin ningún requisito ni informe médico, tan solo con su voluntad. Los menores de entre 14 y 16 años podrán hacerlo con el consentimiento de sus representantes legales y los de entre 12 y 14 años necesitarán un aval judicial. En estos momentos es obligatorio presentar informes psicológicos y haberse hormonado durante dos años.

Los socialistas intentaron limitar la autodeterminación de género para que se ampliase el requisito de la autorización judicial también a los menores de 14 a 16 años y registraron enmiendas en ese sentido, pero la ministra Montero se mantuvo firme en que no estaba dispuesta a tocar ni una coma del proyecto y lo consiguió. El PSOE perdió la votación en la Comisión de Igualdad y renunció a mantener esa guerra abierta. Su argumento es que había que dotar de mayor seguridad jurídica la norma y sobre todo defender "el interés superior del menor".

Los socialistas siempre han defendido que la ley no podía tener ningún resquicio para que no sea tumbada en el Tribunal Constitucional teniendo en cuenta que tanto el PP como Vox ya han anunciado que la van a recurrir. Es más, Alberto Núñez Feijóo ya ha dicho que  la derogará si llega a Moncloa porque desprotege a los menores y pone en peligro los logros de la lucha feminista.

Ese es también el principal argumento de una parte del PSOE, las llamadas feministas clásicas lideradas por Carmen Calvo que se ha convertido en la voz más crítica contra el concepto de autodeterminación porque, a su juicio, pone en riesgo toda la legislación sobre igualdad.

La diferencias ente PSOE y Podemos por la ley se escenificaron en el último debate previo a la votación. La portavoz socialistas, Andrea Fernández, dijo claramente que su partido quiso "una ley mejor", que fuera más garantista con un marco "más perfecto, más seguro y jurídicamente más robusto". Se quejó además de que el partido morado les faltó el respeto cuando acusó a los socialistas de buscar el apoyo del PP para "recortar derechos" de las personas trans.