El Constitucional se reúne de nuevo para decidir si tumba la reforma más polémica del Gobierno

Que la reforma más polémica del Gobierno quede suspendida de forma cautelar, que siga adelante y pase por el Senado, o que la falta de consenso dentro del Tribunal Constitucional sirva de nuevo de argumento soterrado para dar una patada adelante, sin tomar una decisión al respecto. Esas son las tres posibilidades que se pueden dar en la reunión clave que el tribunal de garantías tiene prevista para este lunes, y en el que se decidirá sobre la legalidad de las reformas del delito de sedición, malversación y de la forma en la que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombra a sus candidatos, en una ruptura institucional entre Gobierno y oposición que se traslada en forma de espejo a varias instituciones judiciales. 

El pasado 14 de diciembre, el Partido Popular presentó un recurso ante el Constitucional para intentar frenar la reforma planteada por el Gobierno de coalición. Según su escrito al tribunal de garantías, ampliado el pasado viernes, la intención del Gobierno es modificar de forma soterrada y con una reforma del Código Penal el contenido de dos leyes orgánicas, la del CGPJ y la que marca los nombramientos en el Tribunal Constitucional. Algo que para la oposición estaría fuera de la Ley. 

Para completar el laberinto judicial -y echar más leña al fuego en la batalla política- este domingo, el PSOE presentaba dos escritos ante el TC de alegaciones y de personación para que el tribunal rechace los recursos del PP, ya que los socialistas argumentan que si se paraliza la tramitación legislativa de las reformas se estarían vulnerando "derechos ciudadanos".

Sin embargo, fuera del debate formal, tanto la decisión ejecutiva como el recurso posterior forman parte de una batalla que unos y otros libran desde hace meses en el ámbito de las togas, con un CGPJ en funciones desde diciembre de 2018, una mayoría conservadora en la cúpula judicial pese a que en las cámaras es diametralmente opuesta y un bloqueo formal ya que los vocales del CGPJ deben ser confirmados por tres quintos de las cámaras. 

Con esto sobre la mesa, el Gobierno marcó por Ley que la elección de dos vocales que el CGPJ tiene potestad de seleccionar para el Constitucional debía hacerse antes del 13 de septiembre. No fue así, y el sector conservador comenzó a retrasar la decisión mientras acusaba al Gobierno de injerencia. El siguiente paso del Ejecutivo de Pedro Sánchez fue modificar en una enmienda la forma en la la cúpula judicial elige a los candidatos al Constitucional. O más bien, eliminar la necesidad de consenso entre el Gobierno y el CGPJ a la hora de nombrar a sus cargos propuestos. 

Sin embargo y para agilizar el proceso, el Gobierno decidió modificar esta normativa dentro de una reforma del Código Penal que, a petición de los independentistas catalanes, rebajará las penas por el delito de malversación y eliminará de la legislación española el de sedición, el principal motivo por el que fue condenada la mayoría de los políticos catalanes que acusados por el procés. Antes de la celebración del pleno donde el Congreso debía aprobar las medidas, el PP presentó un recurso ante el Constitucional. El tribunal de garantías se reunió el pasado jueves y dio un balón de aire al Gobierno aplazando su decisión hasta el lunes, con el argumento de que los vocales progresistas habían pedido más tiempo para estudiar jurídicamente el recurso planteado por el PP, ampliado de nuevo el viernes. 

Con esas 72 horas de margen, el Constitucional permitió que se celebrase en el Congreso el pleno en el que la mayoría parlamentaria aprobó la reforma. Se evitó así la imagen del poder judicial interfiriendo para evitar una votación en el Congreso. Pero ahora el tribunal debe decidir sobre las medidas cautelares solicitadas por el PP, que piden que se retrotraiga. Y desde entonces, los mensajes desde las bancadas políticas de uno y otro bando a los jueces del Constitucional no han cesado. Como voz autorizada del Gobierno, el ministro de Presidencia Félix Bolaños ha pedido al PP que retire su recurso con el argumento de que “ha ido demasiado lejos”, antes de asegurar que Núñez Feijóo trata de “controlar la democracia por la puerta de atrás”.

Por su parte, el Partido Popular ha ampliado el frente formal, pidiendo también que se impida la votación de la reforma en el Senado, propuesta para el próximo 22 de diciembre y que sería su siguiente trámite parlamentario. Mientras, Elías Bendodo, coordinador nacional del PP, acusaba públicamente a Sánchez este fin de semana de querer sacar con esta reforma “todos los cubos de la basura para que no huelan” antes de un año electoral. 

Ahora, la pelota está en el tejado de los once vocales del Tribunal Constitucional, de los que seis fueron nombrados a propuesta del PP y cinco son enmarcados dentro del sector progresista. El ponente del recurso es el jurista Enrique Arnaldo, con claros lazos con el Partido Popular por medio de FAES, el think tank del partido. Al día siguiente, será el pleno del CGPJ el que se reúna, con la agenda de nombrar a dos candidatos al Constitucional. Tras meses de retraso y con la reforma del Gobierno en plena tramitación, los conservadores ya han puesto dos nombres sobre la mesa. Sin embargo, en ese momento los vocales ya sabrán si la reforma de Sánchez sigue adelante o si, por el contrario, pueden volver a dilatar la elección sin más consecuencias para ellos.