Después de meses de bloqueo, ahora todo son prisas. Después de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones desde diciembre de 2018 por la falta de consenso político, después de que la Comisión Europea enviase a un negociador para intentar aunar posturas, después de la dimisión de Carlos Lesmes ante la falta de movimiento político y sobre todo, después de que innumerables retrasos tacticistas ante la obligación del CGPJ de elegir a dos candidatos para renovar el Constitucional que vencía el pasado 13 de septiembre, ahora los vocales conservadores quieren un pleno de urgencia para proponer a sus candidatos.
De momento, el Tribunal Constitucional ha convocado este jueves un pleno de urgencia para decidir se paraliza la reforma del Gobierno para renovar dicho tribunal.
Primero lo pidieron el lunes, a lo que el presidente en funciones, Rafael Mozo, les recordó que solo convocaría un pleno de urgencia si ellos presentaban de antemano a sus dos candidatos. Este miércoles, los conservadores han enviado una nueva carta solicitando otro pleno, esta vez con dos nombres sobre la mesa. Dos magistrados del Tribunal Supremo: César Tolosa y Pablo Lucas, el juez que controla las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En total, el pleno de la cúpula judicial debe nombrar a dos candidatos, y a otros dos el Gobierno.
Cansado de esperar el consenso y ante el evidente bloqueo tacticista de los magistrados conservadores, el Ejecutivo aprobó una reforma de la forma en la que se eligen estos magistrados para que el Gobierno pueda nombrar a sus candidatos sin necesidad de esperar a los propuestos por el CGPJ. La reforma, que entrará en vigor el próximo día 22, desbloquearía los nombramientos dentro del Constitucional, mientras varias voces centro de la institución alertan de un posible colapso ante la carga de trabajo si no se nombran nuevos jueces.
Por eso, la velocidad poco acostumbrada que muestran ahora -entre quejas y críticas de injerencia- los vocales conservadores, tiene un efecto freno en otro ámbito de la política: el recurso que el Partido Popular ha puesto ante el Constitucional para tratar de frenar esa reforma. Así, por un lado los magistrados conservadores ponen dos nombres sobre la mesa antes de que se cumpla el plazo, mientras por otro el PP trata de frenar la medida en los tribunales.
Según fuentes del Constitucional, el recurso llegó a la institución también este miércoles y el ponente de la decisión será el conservador Enrique Arnaldo. Entre las medidas cautelarísimas pedidas por el PP en su escrito, está la suspensión del acuerdo de de la Comisión de Justicia del Congreso para que la citada reforma se ponga en marcha. Por ello, el Constitucional convocará un pleno de urgencia antes de que entre en vigor la medida. Falta por ver si los vocales conservadores apostarán por dilatar su decisión hasta que se pronuncie el Constitucional o si finalmente el pleno del CGPJ consigue nombrar a sus dos candidatos.