Reforma de la malversación en seis días: Sánchez trata de calmar el malestar por el pacto con ERC que rebaja las penas

22 de diciembre, día de la Lotería, capítulo cerrado. El Gobierno quiere que el jueves de la próxima semana, antes de las vacaciones de Navidad, su polémica reforma judicial que incluye la derogación de la sedición, la rebaja de la malversación que beneficia a los líderes del procés y ya de paso un cambio en la ley del Poder Judicial para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional quede aprobada de forma definitiva en el Senado para que vaya directa al BOE y entre en vigor antes de que acabe el año.

Este martes se dará luz verde al dictamen en la Comisión de Justicia del Congreso antes de pasar al pleno este jueves. PSOE y ERC pactaron este lunes el contenido de la reforma de la malversación que va a culminarse en tan solo 6 días. Los republicanos aceptaron la enmienda transaccional de los socialistas que contempla una pena de hasta cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación por el desvío presupuestario irregular dentro de la misma administración pública.

Cada partido vende a su parroquia el resultado de una forma diferente. Para el PSOE la reforma del Código Penal castigará todas las formas de malversación y se "endurecerá" la persecución contra los corruptos con el nuevo delito de enriquecimiento ilícito propuesto por ellos. Esquerra pone el foco en que en que la redacción final aparece que ese desvío presupuestario tiene que causar "daño o entorpecimiento grave del servicio público". Según los independentistas un hecho que "no se corresponde tampoco con las conductas como la de organización del 1 de octubre, y menos aún con penas de prisión, dado que no se produjo ningún daño ni entorpecimiento grave del servicio público".

En cualquier caso lo que está claro es que la modificación del delito de malversación implica una rebaja respecto a las penas previstas en la actualidad.

El 22 de diciembre, cuando el Gobierno quiere dar carpetazo al asunto, habrán pasado 42 días desde que Pedro Sánchez anunciase el 10 de noviembre la proposición de ley en una entrevista en televisión para homologar el delito de sedición al de otros países europeos. Al día siguiente PSOE y Podemos registraron la iniciativa en el Congreso y a partir de ahí el Gobierno no ha hecho más que pisar el acelerador.

Hubo dos plenos extraordinarios dos semanas seguidas, el 25 de noviembre se tomó en consideración en una sesión que acabó de madrugada y el 1 de diciembre se rechazaron los 5 vetos de la oposición. Y a todo esto se añade que el Ejecutivo optó por una proposición y no un proyecto de ley con lo que evitó los informes preceptivos del CGPJ y del Consejo de Estado.

El PP ha registrado dos escritos, uno a la Mesa del Congreso y otro a la propia Comisión, para intentar parar la urgencia de la tramitación y solicitar informes pero no parece que su propuesta vaya a prosperar.

La velocidad que ha impuesto el Ejecutivo es insólita para una reforma de ese calado. No ha habido tregua en el calendario. Está exprimiendo al máximo los tiempos provocando un aluvión de críticas que no llegan solo de la derecha, también de juristas próximos a la izquierda, catedráticos de Derecho y exministros socialistas.

En un manifiesto han arremetido contra el fondo de una reforma que estimula, según ellos, atentar contra la Constitución y contra el método por "prescindir de los pertinentes informes de los máximos órganos consultivos y de la necesaria racionalización y debates de un problema jurídico de tanta trascendencia".

Prisas en Moncloa para evitar que la polémica que desgasta al PSOE y tiene un previsible coste electoral en algunos territorios se prolongue más allá de 2023 cuando España entrará de lleno en un ciclo electoral. "Toda prisa es poca", señaló la portavoz de los socialistas, Pilar Alegría, cuando se trata de luchar por la "transparencia, la higiene democrática y contra la corrupción".

Pedro Sánchez presidió este lunes la Ejecutiva en Ferraz y templó los ánimos en su partido donde cada día son más las voces contrarias a una rebaja del delito de malversación, especialmente las de los barones que se juegan el poder en las urnas en seis meses. La dirección del PSOE considera que sus votantes entienden y comparten la apuesta del Gobierno para mejorar la convivencia en Cataluña, el mantra de Sánchez para defender la reforma emprendida.

Es la línea central de su discurso y la que seguirá trasladando. El presidente reivindica que su política en Cataluña será un activo electoral de cara a las próximas elecciones. Fuentes socialistas minimizan el coste en las urnas por esta reforma y están convencidas de que lo decisivo para movilizar será la situación económica, la inflación y los datos de paro. Creen además que los gobiernos autonómicos del PSOE están fuertes para poder revalidar su victoria.

Podemos votó a favor del cambio en malversación, pero se descolgó de la propuesta del PSOE y no la firmó haciendo evidente otro desencuentro en el seno de la coalición. Los morados, que han hecho bandera de la lucha contra la corrupción desde sus inicios, siempre han mostrado su preocupación porque una reforma de ese delito acabase beneficiando a los corruptos condenados. El grupo parlamentario ha mostrado sus "dudas sobre la futura aplicación del nuevo delito por parte de los jueces".

No es la primera vez que un asunto tan complejo y trascendente se tramita de forma exprés. Tal vez el ejemplo más parecido haya que buscarlo en agosto de 2011 cuando PSOE y PP cambiaron el artículo 135 de la Constitución por la vía urgente y sin referéndum. El presidente Zapatero lo propuso un 23 de agosto en un pleno, el líder de la oposición Mariano Rajoy aceptó y el dos de septiembre se aprobó. Tan solo 10 días.