Una nueva polémica se cierne en torno a las bajas laborales por menstruaciones incapacitantes. El Poder Judicial entregará un informe crítico con la nueva ley del aborto que está a punto de aprobar el Congreso en el que, entre otras críticas, advertirá que la nueva baja laboral por menstruación incapacitante que creará esta norma es un «privilegio» injustificado que, además, puede acabar provocando el efecto contrario del que pretende: una «estigmatización» de las mujeres en el mundo laboral.
El documento aún debe ser ratificado por el pleno del máximo órgano de gobierno de los jueces, pero parece algo casi asegurado si se tiene en cuenta que la propuesta de resolución la han elaborado y la firman las vocales Roser Bach y Ángeles Carmona, una del sector progresista y otra del conservador.
Eso sí, tanto los aplausos como las objeciones que incluye el dictamen no parece que vayan a tener repercusión alguna en el contenido final de la nueva ley salud sexual y reproductiva, entre otras cosas porque dada la enorme lentitud del Consejo General del Poder Judicial su pleno validará el informe de alegaciones, que no es vinculante ni para el Ejecutivo ni para el Legislativo, coincidiendo con el sorteo de la Lotería Nacional, justo una semana después de que el Congreso haya aprobado ya la nueva ley.
Irene Montero justificó el 30 de agosto pasado enviar el proyecto de ley al Parlamento sin el informe preceptivo porque los vocales del CGPJ «no han hecho su trabajo» y el Gobierno no quería retrasar más la tramitación de la ley. Se refería a que había pedido el informe por trámite de urgencia, para los que el consejo disponía de 15 días prorrogables, pero no lo había entregado pasados más de dos meses. De hecho, pese al plazo de urgencia que le impone la ley, el Poder Judicial va a tardar al final más de seis meses en enviar sus alegaciones.
La propuesta de alegaciones que debatirá el pleno del CGPJ el próximo 22 de diciembre incluye una de cal y otra de arena para la nueva ley. Critica la baja por menstruación y la supresión del período obligado de reflexión de tres días que existe hoy para quien va a abortar, pero no pone objeción legal alguna a que, como prevé la norma, las chicas de 16 y 17 años puedan interrumpir voluntariamente su embarazo sin necesidad de permiso de sus padres o los médicos que rechacen realizar abortos deban de forma previa y explícita inscribirse en un registro oficial que les incapacita para hacer estas intervenciones tanto en los centros públicos como en los privados.