Caso Cursach: cómo un asunto de corrupción en Palma termina con un fiscal entre lágrimas.

Fue durante la última de las 36 sesiones del juicio cuando el fiscal Tomás Herranz comenzó a hablar con la voz quebrada. “Este procedimiento es un fracaso, un fracaso de la Administración de Justicia, un fracaso total”. A su derecha en el banquillo se sentaba el empresario Bartolomé Cursach, que escuchaba atento. “No han hecho nada delictivo”, señalaba el fiscal. “El cambio de la Fiscalía obedece a un intento de reparar el daño”. En ese momento, mientras a Herranz se le apagaba la voz, varios de los abogados presentes en la sala comenzaron a aplaudir o a golpear su mesa con la mano en señal de aprobación. 

Fue el final de un camino variable con una sola certeza: la de que alguien por el camino ha retorcido la Justicia hasta convertirla en injusta o ponerla al servicio de sus intereses. Pero ¿qué ha pasado para que Cursach haya pasado de ser detenido y pasar un año en prisión preventiva para que la propia Fiscalía le pida perdón en público? ¿Dónde quedaron las acusaciones de corrupción, las supuestas orgías pagadas a policías y políticos, las denuncias de terceros o las supuestas agresiones a testigos? Esta es la cronología de un descalabro judicial con más sombras que claros, que mantiene acusados al juez, al fiscal y a los cuatro policías anti-blanqueo  que se pusieron durante años al frente del caso. Los mismos que desde una apariencia de imparcialidad tenían un grupo de WhatsApp llamado Operación Sancus” que ha servido ahora para procesarles. 

El caso Cursach arrancó en 2013 con un nombre distinto. De hecho, la investigación se centró en el presunto amaño de una plaza en la Policía Local de Palma de Mallorca. Sin embargo, la jueza encargada del caso en ese momento decidió ampliar la investigación ante la sospecha de que algo más estaba sucediendo en ese cuerpo, encargado de controlar las licencias de los locales de la noche de Palma. En ese momento, había un nombre que desde la mítica discoteca Tito’s se levantaba por encima de los demás en el mundo del ocio nocturno de la isla: el de Bartolomé Cursach. 

En ese momento y con las diligencias secretas, su nombre comenzó a aparecer de forma tímida en las declaraciones. Y se produjo entonces uno de los puntos claves de la investigación, cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma decidió cambiar de destino con la investigación todavía incipiente y después de dos años abierta. Ese movimiento llevó al juzgado al juez Manuel Penalva, que se hizo cargo de la investigación y junto con el fiscal Miguel Ángel Subirán y un núcleo de cuatro investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica Y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional destinados en la isla. El caso comenzó a crecer, a disgregarse en distintas piezas separadas, y aparecieron en el juzgado testimonios que dibujaban a Cursach manejando con mano de hierro el mundo de la noche y utilizando sus contactos entre los policías locales y los políticos mallorquines para cerrar a su antojo -según estos testimonios- los bares y discotecas de la competencia. Y eso, cuando no mediaban amenazas violentas. 

Con esto sobre la mesa, el caso llegó a su culmen en febrero de 2017 con la detención de Cursach y su entrada inmediata en prisión preventiva, que se prolongó durante más de un año. Apareció en esta época otro de los personajes claves de la causa, que ocupaba el número 31 entre los testigos protegidos. Era una madame que trabajaba en un prostíbulo que los investigadores vinculaban con la trama, y donde según su declaración se organizaban orgías salvajes con políticos locales, personas cercanas al poder, agentes de policía y en ocasiones, menores. No fue el único. Hubo otro testigo protegido, esta vez con el número 29, que relató escenas parecidas. Esta persona mantuvo incluso que tras su testimonio, unos sicarios le habían quemado la cara con un hierro candente. 

Sin embargo, un año después de la entrada en prisión de Cursach, el caso comenzó a tomar un giro inesperado. Fue cuando esa misma madame, la testigo protegido número 31, entregó a un abogado llamado Vicente Campaner los mensajes que se había cruzado con el juez encargado del caso. En ellos, el magistrado se refería a Crusach como “hijo de puta”, lo que sirvió para apartar a Penalva de la causa. A día de hoy, todavía no queda claro lo que motivó a esta testigo a denunciar las presiones del juez y el fiscal del caso. De hecho, en varios momentos ella misma negó incluso las reuniones con el abogado denunciante. Esto se produjo en marzo de 2018. 

Con Penalva fuera de la causa, el magistrado que tomó el relevo, Miquel Florit, decidió investigar las contínuas filtraciones que había sobre la causa, señalando directamente a los agentes de la unidad anti-blanqueo que hasta el momento se habían encargado de las pesquisas. En el marco de esas diligencias, el magistrado ordenó requisar los terminales móviles de dos periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca para conocer sus fuentes, en una decisión que fue declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. El juez requisó también el teléfono móvil de varios agentes de la UDEF de Palma, y encontró en ellos un chat entre el fiscal, el juez y varios agentes encargados del caso que se titulaba “a por ellos”. 

La separación entre las distintas partes del procedimiento, la imparcialidad y la tutela judicial efectiva saltaron por los aires y se abrió entonces un procedimiento contra el juez Penalva, contra el fiscal Subrián y contra cuatro agentes por presuntos delitos de detención ilegal, coacciones y prevaricación. A ese procedimiento se sumaron los testimonios de otros testigos protegidos alegando que el juez y el fiscal les habían presionado para colocar en el procedimiento pruebas falsas en contra de Crusach. 

Así, el procedimiento entró en una guerra abierta, mientras las causas separadas se sucedían. Por un lado, Cursach fue condenado a ocho meses de prisión por tenencia ilícita de armas, ya que los agentes localizaron en el registro de su vivienda un arma del calibre 22 que no estaba debidamente registrada. Además fue condenado a pagar 9.000 euros a Penalva por insultarle. Por otro, los investigadores primigenios eran investigados por quebrar presuntamente los principios legales más elementales para meter a Cursach en la cárcel a toda costa. 

El pasado mes de junio arrancó una de las piezas separadas que ha llegado a juicio de este procedimiento. No era la rama principal, en la que Cursach ya fue exonerado en 2020, pero sí afectaba tanto al empresario como a 14 agentes de policía, acusados de actuar a su dictado para cerrar los locales de la competencia. Cuando arrancó la vista oral, el fiscal Tomás Herránz presentó un escrito de acusación lleno de tachones que indicaba ya la postura de la Fiscalía para rebajar al máximo su beligerancia con Cursach. Antes, el Ministerio Público pedía para él más de ocho años de prisión. Después de los testimonios de 70 testigos, la mayoría de las acusaciones han tomado el mismo camino, declinando presentar cargos contra ninguno de los 24 procesados. Solo dos policías locales han recibido petición de pena por parte de una de las acusaciones particulares, en una estribación del caso que nada tiene que ver con Cursach. 

El juicio terminó esta semana con al caso Cursach le quedan por vivir todavía muchos capítulos. Para empezar, Cursach pide más de 200 años de prisión para el juez Penalva, para el fiscal Subirán y para los cuatro agentes que irán a juicio junto a ellos acusados de manipular la causa. Tanto Penalva como Subirán están ya jubilados y fuera del sistema judicial, así que poco les condicionan los 338 años de inhabilitación que pide contra ellos el empresario líder del ocio nocturno en la isla.

Además, la sala ha dado permiso para deducir testimonio contra cuatro testigos de este juicio, sobre los que considera que pudo haber indicios de mentira en su testimonio. En el tintero queda por esclarecer el tintero de acusaciones sobre presiones, amenazas e incluso supuestas agresiones a testigos esgrimidas por uno y otro bando. Además, Cursach tiene la posibilidad de pedir una indemnización al Estado por el tiempo que, según la propia Fiscalía, ha pasado de forma injusta en prisión.