El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reitera: no hubo ningún muerto en suelo español durante el intento de asalto a Melilla por parte de más de 1.700 migrantes el pasado 24 de junio. Sin embargo, su argumento se sustenta, según sus propias palabras, en que “no tiene conocimiento alguno” de que así sucediera. Y sobre el papel, es cierto: no hay un listado de fallecidos, un informe que acredite dónde perdieron la vida, una autopsia independiente o una información oficial de Marruecos sobre el estado médico de las personas que fueron arrastradas por el suelo desde territorio español hasta soberanía marroquí aquella mañana. Y como no hay constancia documental oficial, tampoco existe la posibilidad de rebatir sus palabras de forma tajante. 

Sin embargo, cada vez son más las voces que se escoran a la hora de dejar solo al ministro con su versión de los hechos. Primero fue la BBC la que señaló directamente a España. Después el Defensor del Pueblo con su investigación y la alerta ante la falta de posibilidad de los migrantes de pedir asilo en España. Y ahora es una investigación periodística internacional de la que forma parte el diario El País la que aporta imágenes de varios cuerpos inertes en suelo español. Los testimonios recogidos por los periodistas cuentan que uno de ellos ya estaba muerto, mientras Grande-Marlaska lo niega de nuevo en el Congreso y tacha las pesquisas de “especulaciones”. La lógica y la estadística parecen jugar en su contra, pero la falta de cualquier acta ese día, de parte de heridos en esa avalancha por las autoridades españolas o de investigaciones oficiales, también llega la falta de certezas a la hora de rebatir sus palabras. ¿Cuáles son entonces las principales incógnitas que acorralan al ministro? 

Esa es la pregunta que todo el mundo trata de responder. El principal embudo que provocó los fallecimientos se produjo cuando un gran número de migrantes trataban de romper la puerta que separa Marruecos de España. En un momento dado, los agentes marroquíes lanzaron gas lacrimógeno a la zona cerrada donde los afectados trataban de quebrar la puerta con mazos y radiales. Esa acción, unida a la entrada de varios agentes marroquíes en el recinto armados con material anti-disturbios, generó una estampida que rompió la puerta, provocando de forma necesaria que los cuerpos de las personas afectadas por el tapón cayeran en suelo español. De hecho, los goznes de la puerta permiten que los dos paños de esa puerta se abran solo en ese sentido.

Porque no quedó ninguna prueba oficial de ello, ningún parte que diga que esas personas habían perdido la vida en ese momento o al menos una prueba indubitada de cuál era su estado de salud de los afectados antes de que los militares marroquíes los arrastrasen inconscientes otra vez a terreno marroquí. Es decir, no queda una prueba indubitada que demuestre si esas personas están inconscientes, o han perdido ya la vida. Ante las imágenes publicadas por el diario El País y los testimonios recabados por distintas investigaciones periodísticas, el ministro del Interior habla de “insinuaciones” y niega cualquier "constancia" de fallecimientos. Tampoco explica el ministro que no queda constancia porque ningún sanitario, español o marroquí, les asistió en ese momento. 

En la zona interior del barrio chino, que es donde se produjo esa avalancha, no. En su comparecencia en el Congreso, Grande-Marlaska ha explicado que fueron 11 los migrantes que recibieron atención médica ese día por parte de los sanitarios españoles. Todos ellos estaban además en el Centro de Internamiento Temporal de la ciudad, que ese día reflejó la entrada de 134 personas. Se calcula que más de 1.700 personas participaron en el asalto a la frontera e Interior reconoce la devolución en caliente, denominada en términos técnicos como “rechazo”, de 470 personas. 

En la zona del barrio chino sí había una ambulancia española, pero se mantuvo en la mayoría de la intervención a unos 100 metros, según Interior por cuestiones de seguridad. De hecho, los agentes españoles tardaron varias horas en retomar su presencia en la zona de la avalancha, dentro de las instalaciones cerradas de la frontera. Cuando volvieron, fueron los agentes españoles los que encargaron a una empresa local que pasara a la zona para reparar la puerta donde se había producido la avalancha. En el Congreso, Marlaska ha mantenido que no supo nada de los fallecimientos hasta las 13.00 horas de ese mismo día. El acceso de los migrantes a la puerta con España sucedió a las 7,40 de la mañana, según las imágenes grabadas por el Ministerio del Interior.

No queda duda de que es España quien controla esa puerta, y según el registro de la propiedad, toda la zona es propiedad española. Según informó NIUS, el problema logístico es que toda la valla que separa Melilla de Marruecos está colocada varios metros detrás de la frontera geo-política marcada entre ambos países, y el control de esa franja de tierra ha sido cedido a Marruecos. En el Congreso, el ministro ha defendido que pese a los datos que afectarían a una relación “entre particulares”, en derecho internacional y según las sentencias de la Audiencia Nacional, lo importante lo marca la zona de “soberanía” entre países. Algo que han negado el resto de grupos.

Pueden, pero no lo hacen. Básicamente y según denuncian prácticamente todos los partidos del hemiciclo menos el PSOE, en las imágenes aportadas a los diputados hay cortes que se prolongan presuntamente hasta los 10 minutos en los momentos más nucleares para resolver si España tuvo o no responsabilidad en lo que sucedió en esa avalancha. El motivo esgrimido por Interior es que tanto el dron como el helicóptero tenían que repostar o estaban enfocando a otro lugar en esos momentos por cuestiones logísticas. Lo mismo sucede con dos de las tres cámaras instaladas en la frontera y operada por control remoto. En ese momento, el operador estaba enfocado a otra zona. La tercera cámara, que apuntaba directamente a la puerta, según Interior no funcionaba. Cabe recordar que es puesto fronterizo llevaba dos años cerrado al tránsito, por lo que no estaba completamente operativo. Así, el grueso de esas imágenes no son accesibles para la opinión pública, aunque sí han podido ser visionadas por los diputados. Lo que sí se filtró a la prensa fue un empaquetado que mostraba imágenes coincidentes plenamente con el relato del ministro.

El ministro del Interior ha defendido en todo momento que la actuación de la Guardia Civil fue irreprochable y siempre dentro de la legalidad. Sin embargo, varios de los diputados han remarcado un hecho destacado también en las investigaciones periodísticas: que la legislación internacional prohíbe de forma explícita el uso de gases lacrimógenos en recintos cerrados, ante la posibilidad de que se provoque pánico y avalanchas, como así sucedió en este caso. En las imágenes difundidas por El País se aprecia además a un agente dado una patada a uno de los inmigrantes embolsados en suelo español, a la espera de ser devuelto a Marruecos. Pero el debate más vital, todavía inconcluso, es si España violó los tratados internacionales sobre Derechos Humanos al permitir que Marruecos trasladase a los inmigrantes afectados por la avalancha desde suelo español sin tener conocimiento certero de su estado de salud. Frente al Congreso, el ministro ha asegurado incluso que los “rechazos” a 470 migrantes de ese día se hicieron cumpliendo con los tratados internacionales al confirmar que no había en el grupo “personas en situación de vulnerabilidad”. Algo que ha levantado ampollas en la oposición, al considerar que ni siquiera hay constancia de la identidad de los trasladados, y mucho menos si sufren algún riesgo político, de seguridad o religioso en su país de origen.