El Gobierno ha puesto el acelerador para finiquitar el delito de sedición del Código Penal, por el que fueron condenados los líderes independentistas del procés, cuanto antes. Este jueves ha dado un paso más en su hoja de ruta. PSOE y Podemos han sumado a sus votos los de sus socios de investidura para rechazar las cinco enmiendas alternativas de la oposición, las de PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP. El objetivo es que la reforma esté aprobada definitivamente a final de año y entre en vigor lo más pronto posible.

El banco azul del Gobierno ha estado vacío durante todo el debate sin ningún ministro presente. Tanto Vox como Ciudadanos han vuelto a emplear en sus intervenciones las expresiones "filoetarras" o "directamente terroristas" para dirigirse a Bildu. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no les ha interrumpido aunque a primera hora de la mañana volvió a reprender a los diputados para pedirles que no subiesen a la tribuna para "herir y ofender".

Han sido dos plenos extraordinarios para derogar ese delito y sustituirlo por el de desórdenes públicos agravados con tan solo una semana de diferencia. Se están exprimiendo los plazos al máximo con duras críticas de la derecha. La semana pasada la proposición de los socios del Ejecutivo se tomó en consideración en una sesión que acabó de madrugada y esta se ha pasado el trámite de totalidad.

Las posiciones de las dos partes no se han movido ni un milímetro. Los partidos que están a favor de esa reforma defienden que se trata de homologar el Código Penal español con los estándares de otras democracias europeas y apelan a la convivencia y concordia en Cataluña. Las formaciones de la derecha que han votado en contra denuncian que es una nueva cesión de Pedro Sánchez a sus socios separatistas para mantenerse en el poder. Junts y la CUP, que también han vetado la proposición, quieren anular las sentencias del 1-O.

El diputado del PSOE, Felipe Sicilia, ha reivindicado la iniciativa apelando a que el Gobierno hace política en Cataluña buscando "el interés general con diálogo y acuerdo" frente a una derecha que hace política contra Cataluña fomentando el enfrentamiento.

Carlos Rojas, diputado del PP, ha denunciado que la reforma que promueve el Gobierno se ha hecho "al dictado de los delincuentes". Con apelaciones constantes a los diputados socialistas les ha afeado que el PSOE ya es ERC y Bildu. "Sus socios han pasado por caja", ha proclamado antes de prometer desde la tribuna que el delito de sedición volverá al Código Penal cuando el PP llegue a La Moncloa.

El diputado de Vox, Javier Ortega Smith, ha reivindicado su derecho a la libertad de expresión para proclamar que quien ataca la unidad de España desde las instituciones es un "golpista" y quien defiende, ampara o enaltece a los asesinos de bandas terroristas "es un filoetarra o un proetarra o si me apuran es un mismísimo etarra". Ha pedido además a los independentistas que si "odian tanto a España" sean "valientes" y renuncien a la nacionalidad española. Dirigiéndose directamente a Gabriel Rufián le ha espetado: "Pida la nacionalidad en Corea del Norte, Cuba o Venezuela, coja un avión, márchese y déjenos en paz".

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha acusado a Pedro Sánchez de no tener "escrúpulos" ni "ideología" y de colocarse al lado de los "golpistas". Arrimadas ha reprochado al Gobierno que esté en una "operación de blanqueo" de sus socios de Bildu y ha clamado que Arnaldo Otegi "lleva toda su vida en ETA": "No son filoterroristas, son directamente terroristas", ha enfatizado entre los aplausos de Vox.

Junts y la CUP han pedido la derogación total de la sedición, la suspensión de las condenas y han puesto el foco en que el cambio en el Código Penal amenaza el derecho a la protesta.

La gran duda sigue siendo si en la tramitación que comienza ahora se rebajará también el delito de malversación como pretende ERC. Ese asunto los puso encima de la mesa Oriol Junqueras y Esquerra anunció una enmienda parcial que todavía no se ha registrado. Hay de plazo hasta el 9 de diciembre para completar ese trámite.

Los republicanos pretenden una rebaja de las penas para los condenados por malversación que no se hayan lucrado personalmente, pero han chocado contra las reticencias de varios partidos, entre ellos Unidas Podemos, que alertan de que ese cambio podría beneficiar a procesados por corrupción que aunque no se llevaron dinero a su bolsillo sí utilizaron de forma irregular fondos públicos.

ERC reconoce que el debate es complejo y de momento no ha dado ningún paso al frente. El presidente del Gobierno nunca ha cerrado la puerta a esa reforma y se ha remitido a que lo socialistas estudiarán todas las propuestas que presenten los grupos parlamentarios.

La representante republicana en el debate, Carolina Telechea, ha calificado como un logro la eliminación de la sedición y ha avanzado que en la tramitación parlamentaria "todo se puede mejorar".