La decisión de derogar el delito de sedición del Código Penal es una de las más arriesgadas del mandato de Pedro Sánchez, pero el Gobierno y el PSOE se conjuran para salir indemnes poniendo el foco en la convivencia. Es la idea fuerza que repiten en Moncloa y Ferraz ante la ofensiva de la derecha que acusa al Gobierno de arrodillarse ante los independentistas para cambiar votos por presupuestos y el coste electoral que puede tener para los socialistas a tan solo seis meses de las municipales y autonómicas del 28 de mayo.

"No medimos las acciones del Gobierno en réditos electorales", aseguran a NIUS fuentes del Ejecutivo que defienden esa medida como necesaria para "mejorar y normalizar" la convivencia en Cataluña y la de esa comunidad con el resto de España. "Nuestro convencimiento es absoluto", añaden. "El coste sería no avanzar en convivencia", subraya el PSOE que reivindica que el partido siempre "estará en las soluciones".

El Congreso ha dado esta semana el primer paso para suprimir la sedición, -el delito por el que fueron condenados los presos independentistas del procés-, en una votación de madrugada y en un debate bronco, lleno de descalificaciones y de alta tensión. Era una exigencia de ERC para aprobar los últimos presupuestos de Sánchez con los que el presidente ha afianzado la mayoría de la investidura y tiene el camino libre para enfilar la recta final de la legislatura.

Esa decisión, que el Gobierno también argumenta como necesaria para "europeizar" nuestro delito de sedición con el de otros países de nuestro entorno para reforzar la cooperación judicial, se une al traspaso de la competencia de Tráfico a Navarra dentro del pacto presupuestario con Bildu. Para el PP, Vox y Ciudadanos significa "la expulsión" de la Guardia Civil de esa comunidad para garantizarse los votos de Bildu, a los que califican como "los herederos de ETA".

Esas "cesiones" de Sánchez a sus socios independentistas son el eje central de la estrategia del PP contra el presidente que se ha intensificado esta semana y continuará en los próximos meses. Génova maneja sondeos internos que aseguran que entre el electorado socialista hay un 70% de rechazo a la derogación de la sedición. Unos votantes enfadados con el PSOE que Feijóo quiere atraer a su partido.

Algunos dirigentes socialistas admiten que la sedición puede "costar votos" en algunos territorios, pero ponen por delante que el PSOE siempre ha hecho política "para mejorar la vida de la gente independientemente del coste electoral". "Es el camino correcto", señalan fuentes de Ferraz que reivindican que la iniciativa de Sánchez es "valiente". Están convencidos de que sus votantes "entenderán" que la medida es buena para todos los españoles y que los resultados de la política de distensión de Sánchez son palpables en las calles catalanas.

La frase que repite machaconamente el presidente la ha hecho suya todo. "¿Qué Cataluña se prefiere la de 2017 o la de 2022? ¿Qué Cataluña está mejor, la de 2017 o la de 2022?". En el PSOE intentan hacer un ejercicio de pedagogía para poner en el centro la convivencia. Cataluña es una plaza electoral fundamental para Sánchez en las próximas generales.

El PSC está rentabilizando esa estrategia de distensión y según todas las encuestas, Salvador Illa ganaría ahora las elecciones. Sánchez también sabe que si quiere seguir en Moncloa su única posibilidad es pactar con Podemos y con los partidos nacionalistas e independentistas para conformar un bloque similar al que le ha dado apoyo estos años.

En cualquier caso, el Gobierno quiere liquidar este asunto lo más pronto posible para que desaparezca cuanto antes de la agenda electoral para minimizar el castigo en las urnas. El problema catalán siempre ha sido un quebradero de cabeza cuando se han acercado las elecciones en territorios como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha o Aragón.

El objetivo es que a final de año la reforma del Código Penal esté zanjada para empezar 2023 con todo el partido centrado en la batalla electoral. Barones de esas comunidades como Emiliano García-Page o Javier Lambán ya han dicho públicamente que no les gusta la derogación del delito de sedición y recuerdan que los hechos que ocurrieron en Cataluña en 2017 por los que fueron condenados los líderes independentistas fueron muy graves.

El PP ha presionado a esos dirigentes territoriales para que se rebelen contra Sánchez pero a pesar de su rechazo a la reforma han cerrado filas con el presidente y han arremetido contra el PP por acosar a los socialistas, intentar utilizarles como ariete contra el líder del PSOE. Echan en cara a Feijóo su falta de alternativa y de proyecto político. "Ustedes no tienen proyecto salvo la cantinela sempiterna de bajar impuestos porque no tienen seguridad en sí mismos y porque Feijóo le ha cogido mucho miedo a Sánchez en el Parlamento", dijo este viernes el presidente aragonés.

El intento del PP de que algún diputado socialista rompiese la disciplina de voto obligándoles a retratarse en una votación nominal en el Congreso surgió el efecto contrario. El PSOE denunció el señalamiento y la primera diputada socialista que tuvo que decir en voz alta su voto proclamó: "Aquí estamos todas las y los socialistas juntos, sin fisuras. Sí", mientras todos los parlamentarios se pusieron en pie para mostrar unidad.

En el PSOE cruzan los dedos para que de aquí a las elecciones el ruido de la sedición se diluya. Los presidentes autonómicos socialistas son los primeros en jugársela en las urnas. Desde Extremadura, una comunidad gobernada por el PSOE, señalan que hace tiempo que Cataluña no se percibe como una dificultad. "Desde que no hay contenedores ardiendo en las calles de Cataluña, desde que el problema ha bajado su intensidad, la gente aquí no lo toma como un problema". 

Sostienen que en el PSOE extremeño cuentan con estudios cualitativos y cuantitativos en los que el tema catalán no figura como una preocupación para los ciudadanos de esa región como sí ocurría en 2018.