El Gobierno acude este jueves al Congreso con la tranquilidad de que va a sacar adelante tres asuntos clave del debate político y va a enfilar la recta final de la legislatura con el apoyo de los partidos del bloque de la investidura que se mantiene fuerte. Se trata de un 'superjueves' para Pedro Sánchez que, salvo hecatombe de última hora, sacará adelante sus terceros y últimos presupuestos consecutivos, los nuevos impuestos a la banca, las compañías eléctricas y las grandes fortunas y dará el primer paso para derogar el delito de sedición del Código Penal.

Sánchez llega al pleno acosado por los duros ataques de la derecha por sus pactos con los independentistas y por las rebajas de penas a los agresores sexuales en aplicación de la ley del 'solo sí es sí', pero el presidente del Gobierno exhibirá votos y estabilidad parlamentaria. En el PSOE denuncian que el ruido del PP no va a tapar un presupuesto social que protege a los trabajadores, hace reformas y reparte de forma equitativa las cargas de la crisis.

Si no hay sorpresas los presupuestos tendrán el voto favorable de una decena de partidos, el de los socios parlamentarios que han ayudado al Ejecutivo a impulsar su agenda normativa desde hace tres años con una pandemia de por medio y ahora una guerra en Europa. La mayoría de esos partidos ha confirmado de forma oficial su "sí" menos ERC que lo aclarará desde la tribuna. Teruel Existe finalmente votará en contra al no haber alcanzado un acuerdo con Hacienda.

En las últimas horas el debate se ha caldeado tras el pacto presupuestario alcanzado con Bildu. El PP, Vox y Ciudadanos han cargado contra Sánchez por "arrodillarse" ante los que califican como "herederos de ETA". Le acusan de expulsar a la Guardia Civil de Navarra al aceptar la petición de los independentistas vascos de traspasar la competencia de Tráfico a esa comunidad. Todo el Gobierno, con el presidente al frente, salió este miércoles a defender el acuerdo y argumentar que se trata de "cumplir con la Constitución" porque es una competencia recogida en el Estatuto de Navarra pendiente de transferir.

Varios ministros recordaron además que el primero que pactó ese traspaso fue José María Aznar en el año 2000 con UPN, que con Mariano Rajoy desaparecieron 330 agentes de Navarra y que desde que gobierna Sánchez han aumentado casi 100. El PSOE considera que los populares buscan el enfrentamiento entre españoles con un lenguaje grueso cargado de "insultos y "descalificaciones".

El otro gran reproche que escuchará el Gobierno de la bancada de la derecha es que ha cedido ante ERC derogar la sedición, el delito por el que fueron condenados los presos del procés. La reforma del Código Penal fue un compromiso de Sánchez en su discurso de investidura y una exigencia de Esquerra. La posible rebaja también del delito de malversación, planteada por Oriol Junqueras y Pere Aragonès, sigue en el aire porque a día de hoy los republicanos no han concretado su propuesta. Los últimos movimientos enfrían esa posibilidad, al menos de momento, porque la prioridad es que la sedición esté aprobada antes de que acabe el año.

El PP ha elevado su ofensiva consciente de que este asunto puede tener un coste electoral importante para el PSOE en algunos territorios como Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón o Andalucía y ha forzado una votación nominal para que los diputados socialistas se retraten y digan a viva voz si votan a favor, en contra o se abstienen en la proposición de ley. Han lanzado una campaña citando directamente a los parlamentarios socialistas con nombres y apellidos y enseñando su foto.

En el PSOE denuncian que eso es un "señalamiento". "No vais a tapar la insolvencia de Feijóo ni los terceros presupuestos de la legislatura", respondieron algunos diputados en sus redes sociales. Precisamente el Gobierno aprovechará la aprobación de las cuentas públicas para lanzar otro mensaje: contrarrestar su fortaleza con la "falta de propuestas y alternativa" de un Feijóo que no actúa de manera autónoma.

La hoja de ruta de Moncloa se mantiene respecto a Cataluña con pasos hacia la "distensión política". Sánchez ha denunciado que al PP le gustaría que se hundiera y rompiera España pero ha proclamado que ni una cosa ni la otra porque la economía crea empleo y crece por encima de la media de la Unión Europea y porque el riesgo de ruptura en nuestro país solo existió en 2017 cuando gobernaba Rajoy y los independentistas declararon unilateralmente la independencia y celebraron el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Se espera una larga sesión en el Congreso con infinidad de votaciones en las que serán las últimas curvas fuertes para Gobierno este año antes de que la política española se ponga en modo electoral.