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El ambiente en el hemiciclo del Congreso está alcanzando unos niveles de tensión que no se habían visto hasta ahora. Las broncas entre diputados van en aumento con insultos, palabras ofensivas, gritos, protestas y abucheos. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, intenta poner orden ante una crispación creciente y se desgañita en los plenos pidiendo silencio y respeto, pero hasta ahora no ha dado ningún resultado.
El lenguaje se ha calentado y las últimas sesiones son la demostración palpable de las dificultades que tiene la presidencia de la Cámara para mantener el complejo equilibrio entre la libertad de expresión de sus señorías y el respeto en la sede de la soberanía popular. ¿Dónde está el límite? La respuesta no es sencilla. Batet leyó la cartilla este martes a todos los portavoces en una reunión donde no se tomó ninguna medida concreta aunque les advirtió de que sería "más estricta" en la aplicación del Reglamento del Congreso, la única herramienta que tiene en su mano.
La presidencia fía al "autocontrol" y la "contención" de los diputados el buen desarrollo de las sesiones. En la sesión plenaria de este miércoles ha sido más dura y ha reprendido de forma constante a todos los diputados que rozaban la línea del insulto con sus expresiones.
Podemos y otras fuerzas políticas se quejan de que la presidenta de la Cámara mete a todos en el mismo saco cuando consideran que es Vox quien "ha embarrado" el debate parlamentario. Unos partidos que denuncian la permisividad y tibieza de Batet ante algunas situaciones. No confían además en que el partido de Santiago Abascal se controle porque sostienen que sustenta su estrategia política en la provocación. Algunos dirigentes morados han llegado a hablar de "vacío de autoridad". Jaume Asens pidió una reforma del código ético que contemplase sanciones y multas para los diputados pero esa propuesta ha caído en saco roto y no ha sido secundada por la mayoría.
Enfrente se sitúa Vox que reprocha una "doble vara de medir" de la presidencia del Congreso que permite que a ellos les llamen "fascistas, "extrema derecha" o "ultraderecha" sin que pase nada.
Este miércoles la chispa saltó cuando la ministra de Igualdad, Irene Montero, acusó al PP de "promover la cultura de la violación" en una pregunta de una diputada popular sobre la aplicación de la 'ley del solo sí es sí'. La bancada del PP estalló en sonoras protestas, el pleno se interrumpió y Batet tuvo que esforzarse para que la sesión pudiese continuar. Reprochó además a la ministra que su expresión "no era adecuada en términos parlamentarios". Se trata de un toque de atención inédito y excepcional de la presidencia a un miembro del Gobierno.
Batet no le exigió en ese momento a Montero que retirase sus palabras aunque posteriormente decidió quitar del Diario de Sesiones de la Cámara esa expresión con el consiguiente enfado de Podemos que calificó la acción de la presidenta como "inaceptable" e "inaudita". Los morados justifican las palabras de la titular de Igualdad en que es un término que utiliza la ONU. Consideran que las campañas institucionales de los gobiernos del PP de Galicia y Madrid criminalizan a las víctimas y no ponen el foco sobre los agresores. El PSOE se desmarcó del ataque de Montero, los socialistas no aplaudieron a la ministra y dijeron claramente que esas palabras "no eran las mejores".
Minutos antes, en la misma sesión, se produjo otro episodio ejemplo de la complejidad de un asunto con varias aristas. Santiago Abascal, en su pregunta a Pedro Sánchez, calificó a los socios del Gobierno, en referencia a Bildu, como "filoterroristas". Presidía la sesión en ese momento Meritxell Batet que no reprochó esa expresión al líder de Vox.
La tarde del martes el vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, había expulsado de la tribuna de oradores a la diputada de la formación Patricia Rueda por decir "filoetarras" y llamarla al orden tres veces.
Ciudadanos acusa a la presidencia de "partidismo" al censurar algunas expresiones pero no reclamar la retirada de otras. Ha enviado un escrito a la Mesa en la que pide fijar unos "criterios neutrales y claros" para que los oradores sepan qué es admisible y qué no.
El ambiente ya venía caldeado de la semana pasada cuando la diputada de Vox, Carla Toscano, profirió insultos machistas contra Irene Montero que sí recibió en aquella ocasión el apoyo de todo el Gobierno con el presidente al frente y de la mayoría de los grupos parlamentarios. Toscano desde la tribuna, además de llamarla "libertadora de violadores" le espetó que "su único mérito es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias". Montero denunció que se ejercía contra ella "violencia política".
Vox también estuvo en el centro de otro de los momentos más tensos que se ha vivido en el hemiciclo. El diputado José María Sánchez gritó "bruja" a la diputada del PSOE, Laura Berja, que estaba interviniendo desde la tribuna. También estaba presidiendo aquel pleno Gómez de Celis que ordenó expulsar del hemiciclo a Sánchez tras llamarle al orden por tres veces. El parlamentario de extrema derecha se negó a abandonar el salón de plenos.
El instrumento con el que la presidencia dirige los debates es el Reglamento del Congreso. El artículo 103 dice que los diputados serán llamados al orden "cuando profirieren palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o a sus miembros, de las Instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o entidad", también cuando alteren el orden de las sesiones cuando un orador pretenda seguir hablando si se le ha retirado la palabra.
El 104 establece que cuando se le ha llamado al orden tres veces le será retirada la palabra y el presidente, "sin debate, le podrá imponer la sanción de no asistir al resto de la sesión". Y añade que si se negase a abandonar el salón de sesiones el presidente "adoptará las medidas que considere pertinentes para hacer efectiva la expulsión". Ese mismo artículo contempla que el presidente requerirá al diputado "que retire las ofensas proferidas y ordenará que no consten en el Diario de Sesiones".
Hay ejemplos de palabras gruesas y broncas a lo largo de estos últimos años. El 2 de marzo de 2016, con Pablo Iglesias recién aterrizado en el Congreso, el fundador de Podemos se dirigió a Pedro Sánchez y pronunció una frase que todavía escuece entre los socialistas: "Le han prohibido gobernar con nosotros. Se lo ha dicho Felipe González, el que tiene el pasado manchado de cal viva". Hubo gritos, quejas y protestas en la bancada del PSOE e Iglesias pidió el amparo del entonces presidente de la Cámara, Patxi López.
Iglesias también protagonizó un sonoro encontronazo con la que fuera portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, que afirmó que Iglesias era "el hijo de un terrorista" por su pertenencia en el pasado al grupo armado FRAP, el frente revolucionario antifascista y patriota. Aquello acabó en los tribunales, el padre del líder de Podemos la demandó por vulnerar su derecho al honor y le reclamó una indemnización de 18.000 euros.
Durante 2018, la presidenta Ana Pastor también se quejó del lenguaje de los diputados. Ella decidió retirar del Diario de Sesiones las expresiones "golpistas" y "fascistas" que se lanzaban continuamente los miembros de ERC y el por entonces presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.
Fue ella quien echó a Gabriel Rufián del hemiciclo. Tras acusar al ministro Josep Borrell de ser el "más indigno de la historia de la democracia", señaló a PP, PSOE y Ciudadanos en pie desde su escaño gritando "el tripartito del 155". Tres llamadas al orden y a la calle. Fue el último diputado expulsado de un pleno.