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El ministro de Presidencia y mano derecha del presidente Pedro Sánchez, Félix Bolaños, enumeraba desde la mesa del Consejo de Ministros los requisitos que se deben exigir a un candidato a magistrado del Tribunal Constitucional: "Ser español, ser jurista, tener 15 años de trayectoria y reconocida competencia". A su juicio los candidatos designados por el Gobierno, el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y Laura Díez, vicepresidenta del Consell de Garantías de la Generalitat de Cataluña y asesora de Moncloa hasta hace seis meses, son absolutamente "idóneos". Pero el nombramiento de estos candidatos han provocado críticas furibundas por parte de la derecha y ha disgustado incluso a sus socios.
Jaume Asens, el hombre de la vicepresidenta Yolanda Díaz para negociar el Poder Judicial con el PSOE, se quejaba ayer del ninguneo del ala socialista del Gobierno, utilizaba palabras duras contra la designación de los candidatos del Ejecutivo: "Nos parece un acto de cinismo que se vetara a Vicky Rosell [delegada del Gobierno contra la Violencia de Género] para ir a un órgano como el Consejo General del Poder Judicial y en cambio se utilice una puerta giratoria para llevar a un exministro del PSOE al Tribunal Constitucional donde la independencia es un valor político y constitucional". Fuego amigo contra la línea argumental de Bolaños.
Desde la sala de prensa del Consejo de Ministros, el ministro Bolaños ha defendido el nombramiento de Juan Carlos Campo, ministro de Sánchez, hacedor de los indultos a los presos del 'procés', y antes de eso diputado socialista y alto cargo en la Junta de Andalucía de Manuel Chaves. "Hoy cumplimos con la Constitución. El Gobierno tiene el derecho y el deber de nombrar dos magistrados al Tribunal Constitucional", insistía.
El Partido Popular ha puesto el grito en el cielo, pero tanto ellos como el PSOE son rehenes de los nombramientos que hicieron en el pasado colocanndo a afines ideológicamente, militantes y ahora hasta ministros para el tribunal de garantías. Un fenómeno relativamente reciente y que ha ido a más en los últimos diez años.
La semana pasada el presidente Pedro Sánchez echaba en cara a Feijóo que los populares nombraran "a uno de sus militantes" en el Constitucional cuando gobernaba Rajoy. Siete días después él mismo ha designado a un exministro de su Gobierno. Nunca había sucedido antes. Lo cierto es que la afinidad ideológica e incluso política ha ido ganando terreno en los últimos años a la hora de nombrar a los magistrados del Constitucional. Cada vez con menos disimulo.
Tanto el PSOE como el PP tratan de controlar la mayoría en un tribunal que a menudo se convierte en una suerte de tercera cámara que avala o rechaza las políticas de los gobiernos de turno. En buena medida debido a que son los propios partidos políticos los que recurren esas leyes al Constitucional cuando han salido del Congreso con su voto en contra.
El Partido Popular ayer se daba un auténtico festín con todos los frentes abiertos por Sánchez. La sedición que volverá hoy al Congreso, el caso Arandina como el último exponente del goteo de rebajas de sentencias a violadores consecuencia de la ley del 'solo sí es sí', o la revelación de que hubo al menos un muerto en el lado español en el asalto a la valla de Melilla. "Hoy es uno de los peores días para el Estado de Derecho", sentenciaba el vicesecretario Institucional, Esteban González Pons, mientras Génova reclama por enésima vez las cabezas de los ministros Irene Montero y Fernando Grande-Marlaska.
Pero es en la designación de Juan Carlos Campo al Alto Tribunal donde los populares han encontrado un filón. El catálogo de voces que en el PP han salido en tromba es largo. Desde su jefe, Alberto Núñez Feijóo, que denunciaba que a Sánchez "sólo le interesa una justicia sanchista", pasando por el "Campo será el 'sheriff' del Gobierno en el Constitucional" de su hombre de confianza Esteban González Pons, al último mensaje apocalíptico de Aznar alertando de una "crisis constitucional" y de que la democracia "peligra".
Pero el plato fuerte de los populares pasa por Bruselas. Su vicesecretario de Acción Institucional y eurodiputado, Esteba González Pons, alertaba sobre que estos nombramientos "no pasarán desapercibidos" en la Unión Europea. "Es que son miembros de un Gobierno pasando al Constitucional que juzga las leyes de ese Gobierno. Esto condicionará la presidencia española de la UE si no se evita", advertía ayer en una rueda de prensa convocada de urgencia en Génova.
González Pons vaticina que el nombre de España aparecerá en el informe del estado de Derecho que Bruselas publicará el próximo mes de Junio. En el de este año se recomendaba a los países miembros reforzar la independencia judicial y se daba un toque a Polonia y Hungría. Algo que podría extenderse a nuestro país, aunque Génova niega que estén trabajando en las instituciones europeas para desacreditar la imagen del país.
"En Bruselas podemos hacer muchas cosas pero espero que no tengamos que hacer ninguna porque el Gobierno sea capaz de rectificar este gravísimo error que ha cometido", amagaba el dirigente popular sin detallar hasta donde están dispuestos a llegar en el PP para desgastar a Sánchez en la Unión Europea.