La tramitación de la ley trans está elevando el nivel de tensión entre los dos socios del Gobierno de coalición. El PSOE ha salido al paso de la denuncia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, de que los socialistas no quieren el acuerdo al mantener vivas sus enmiendas que limitan la autodeterminación de género, el eje fundamental de la ley. La ministra se ha mostrado preocupada porque esas enmiendas puedan salir adelante con el apoyo del PP.

Los socialistas sostienen que no dan por "cerrado ningún proceso de negociación" respecto a la ley del Ministerio de Igualdad aunque insisten en que es necesario dotarla de mayor "seguridad jurídica" en el tema de los menores.

Fuentes del grupo parlamentario añaden que queda todavía trabajo parlamentario por delante y que hay que blindar el texto legislativo ante los previsibles recursos que el PP y Vox presenten ante el Tribunal Constitucional.

La ministra de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero, ha defendido que no se trata de tener una posición "inmovilista" sino de "reforzar la seguridad jurídica" para los menores de 14 a 16 años, de forma que necesiten el aval judicial para poder cambiar el nombre y el sexo en el Registro Civil.

"Es una cuestión imprescindible, fundamental, tener esa seguridad jurídica", ha remarcado Montero que reivindica la legitimidad de su partido para presentar enmiendas como con cualquier otro proyecto legislativo. "No se trata de posiciones inmovilistas sino de perseguir el interés general", ha argumentado.

Montero pone el foco en que los menores forman un colectivo "muy sensible" al que hay que proteger y ha precisado que en las enmiendas del PSOE "no se niega su derecho a la inscripción en el registro" de los jóvenes de 14 a 16 años.

La autodeterminación de género en los menores ha sido el principal motivo de desacuerdo entre el PSOE y el Ministerio de Igualdad. Los socialistas registraron sus enmiendas parciales a la ley con las que pretende que los menores de 12 a 16 años necesiten el aval judicial para poder cambiar el nombre y el sexo en el Registro Civil, una exigencia que el texto actual contempla únicamente para los menores de 12 a 14 años.