La cría en casa de animales domésticos como los perros o gatos consta como una “infracción leve” en el anteproyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, una propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2023 que dirige Ione Belarra y que deberá aprobarse en el Parlamento. Esto, de aprobarse, se penaliza con entre 500 y 10 000 euros de multa, según ha podido saber el diario El Español, que ha tenido acceso al texto íntegro de la norma.

La prohibición de criar cualquier animal doméstico se extenderá todos excepto a aquellos que se den de alta en el ‘Registro de Criadores de Animales de Compañía’. “Quedan expresamente prohibidas las siguientes actividades sobre animales de compañía", adelanta el artículo 27 del anteproyecto, especificando en el aparatado k la prohibición de "la cría de cualquier especie de animal de compañía por criadores no inscritos en el Registro de Criadores de Animales de Compañía".

De hacerlo, se consideraría una infracción leve ya que según el artículo 81, recogido por el mismo medio, estas son aquellas conductas que "por acción u omisión, conlleven la inobservancia de las prohibiciones y obligaciones establecidas en esta ley” y este tipo de sanciones se sancionan con una multa entre los 500 y los 10 000 euros.

Además, de incurrir varias veces en la misma sanción, esta podría considerarse grave, lo que se penaliza con hasta 50 000 euros. Esta ley también obligará a la esterilización quirúrgica de “todos los gatos antes de los seis meses de edad".

La normativa busca conseguir el "sacrificio y abandono cero" de los animales y con este objetivo prohíbe la venta en tiendas, recrudece los castigos por maltrato animal y fija también un número de animales por hogar.

La crianza por particulares o por profesionales sin control para evitar que miles de ejemplares terminen abandonados posteriormente. Tal y como ya explicaron desde el Ministerio de Derechos Sociales, es uno de los "mayores problemas de sobrepoblación, maltrato y abandono" que enfrentará la futura normativa.

Por ello, para evitar los "cientos de casos" al año de intervenciones de centros de cría, donde perras paren "sin descanso" incluso hasta morir o llegan a desarrollar enfermedades y deformidades, el Ministerio fija un límite de camadas en la vida de cada hembra que se determinará según la especie, así como la obligación de registrarse como criador y dar cuenta del grupo de animales nacidos para controlar su trazabilidad.

Fija también que los particulares no podrán tener más de cinco animales en su hogar, lo que incluye a los perros de caza, y se regulan las importaciones de animales con los mismos requisitos establecidos para los criadores nacionales, cerrando así la puerta a la entrada desmedida de cachorros desde el exterior, como ocurre en la actualidad con criadores en países del este de Europa.

Igual sanción acaparará la cría de animales exóticos al suponer un posible riesgo para el medio ambiente y la seguridad pública, pues hay especies invasoras e incluso animales venenosos, como pueden ser serpientes o tarántulas.

La cría de visones americanos para obtener sus pieles se considerará una infracción grave al estimar que las condiciones de enjaulamiento no cumplen el mínimo requisito de bienestar animal. A ello se suma su consideración de especie catalogada como invasora, lo que entraña también un riesgo para el medio ambiente autóctono al poner "en jaque" a otras razas, como el visón europeo.

Aedmás, la ley pretende poner fin a las peleas de gallos, que aún están permitidas bajo ciertas condiciones en Canarias y Andalucía (bajo la denominación de 'riñas'), y su práctica se considera una infracción muy grave, merecedora de unas sanción que oscila entre los 100.001 a los 600.000 euros. De esta forma, la futura ley busca erradicar la cría de determinadas razas que recurren a peleas para seleccionar a los ejemplares, que en ocasiones acaban con mutilaciones de crestas y espolones.

Los espectáculos de circo con animales salvajes también entrañarán, según el proyecto de ley, sanciones graves que pueden alcanzar hasta los 100.000 euros- Una práctica que ya está prohibida, de facto, en muchas autonomías.

Desde el Ministerio justifican que no puede haber bienestar animal para ejemplares que no pueden tener garantizadas sus "necesidades etológicas" (el despliegue de su conducta dentro del medio natural de origen).

El Ministerio destaca que las asociaciones de veterinarios y biólogos establecen que "retener y emplear animales salvajes en actividades antinaturales, con entrenamientos a base de castigos, suponen un evidente ejemplo de maltrato animal".