La presión arrecia desde todos los flancos contra Irene Montero tras el incesante goteo de sentencias que rebajan las penas a condenados por agresión sexual con motivo de la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'. La ministra de Igualdad está asediada por las asociaciones judiciales, los partidos de la derecha que reclaman a Pedro Sánchez su cese inmediato, los barones socialistas urgiendo a buscar una solución y hasta los socios de investidura del Gobierno pidiendo que se revise la ley para evitar que los violadores se beneficien del nuevo texto que entró en vigor el 7 de octubre.

En Moncloa la preocupación es evidente y algunos ministros del PSOE se desmarcan claramente de los ataques de Montero a los jueces que han dictado esas sentencias. Eso es lo que más malestar ha generado en las filas socialistas. La ministra de Podemos les acusó de machismo y de no aplicar bien la legislación. Ella, más cuestionada que nunca, sigue atrincherada en que el texto no tiene deficiencias y en que el problema es la aplicación que hacen los magistrados.

La polémica está generando un importante desgaste al Gobierno que intenta evitar un choque frontal con el Poder Judicial. Pedro Sánchez sigue con su gira asiática y de momento no ha tomado cartas en el asunto. Ha optado por la prudencia a la espera de que los tribunales fijen doctrina antes de decidir si hay que tocar la ley.

La agenda llevó este jueves a la ministra al Senado a la inauguración del VIII Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y allí coincidió con el presidente del CGPJ y con el Fiscal General del Estado. Montero, en su discurso, no hizo referencias explícitas a la polémica pero insistió en los mensajes que viene lanzando Igualdad desde que estalló la tormenta. Reclamó la necesidad de que los jueces tengan una formación en perspectiva de género para una "correcta aplicación de las leyes" y evitar "estereotipos y sesgos machistas que comprometan la imparcialidad".

Denunció la "justicia patriarcal" que se resiste a avanzar y pidió a la Fiscalía ayuda para una "aplicación efectiva" de las nuevas normas ante las resistencias de algunos sectores. Allí mismo tuvo la respuesta judicial. La presidenta del Observatorio del CGPJ, Ángeles Carmona, defendió ante Montero la formación de los jueces en materia de violencia de género y proclamó que "las mujeres pueden estar seguras". Aunque admitió que la nueva ley busca reforzar la protección de las mujeres considera que "habría que afinar" la técnica jurídica del texto para evitar la cascada de revisiones de sentencias.

Mientras que el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, aseguró que la Fiscalía va a mirar minuciosamente y "sin automatismos" todas y cada una de las condenas que se están modificando con la vocación de proteger a las victimas y el respeto a los principios constitucionales.

Montero está siendo respaldada por el ala dura de Podemos que cierra filas con ella y denuncia una "cacería" contra la ministra. Pablo Echenique, portavoz del grupo parlamentario, justifica que "la obligación de cualquier camarada es apoyarla "por decencia y por "estrategia". Una llamada interna para no dejar sola a su ministra más emblemática.

Un respaldo que contrasta con la prudencia expresada hasta ahora por la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que vuelve a evidenciar la división dentro del espacio confederal. Díaz no entró en las descalificaciones a los jueces, y en la línea de Sánchez, apostó por la prudencia y analizar el recorrido de la Ley de garantía de la libertad sexual.

En el PSOE aumenta la inquietud por el debate social que está generando este asunto y cada vez son más las voces que piden una revisión de la ley. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue la primera en abrir esa posibilidad y este jueves se unieron varios barones socialistas. Quieren cuanto antes una solución. Los presidentes de Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Extremadura y el líder del PSOE en Madrid no comparten las críticas a los jueces y exigen una rectificación, corregir la norma si tiene resquicios que provocan diferentes interpretaciones.

El ala socialista del Gobierno también se esfuerza en desmarcarse de la andanada de Podemos a la judicatura. La portavoz Isabel Rodríguez salió en su defensa y les respaldó. "Absoluto respeto a todos los jueces y magistrados", dijo. Fue más allá y añadió que esa afirmación era a título personal y en nombre de todo el Ejecutivo. La ministra socialista recordó a los morados que existe separación de poderes y negó que esta situación esté generando un nuevo enfrentamiento entre los dos socios de la coalición.

Los toques de atención a la ministra llegan también desde las filas de todos los socios de investidura, partidos que votaron a favor de la ley en el Congreso y que participaron en su elaboración a lo largo de la tramitación parlamentaria. Una de las más claras ha sido Mónica García, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, el partido de Íñigo Errejón. Considera que el Ejecutivo debería "rectificar" y "cambiar" la ley porque se ha abierto una puerta "que no se quería abrir".

Gabriel Rufián, de ERC, respalda a Montero frente a "unos jueces capciosos y unos abogados desalmados" pero a la vez el portavoz republicano en el Parlamento propone "enmendar lo que se haya que enmendar para que esto no vuelva a pasar".

Desde el PNV también apuestan por retocar el texto para no dejar margen a que los jueces rebajen las penas. El portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, cree que hay que reconocer que hubo "una equivocación por parte del Parlamento al no haber previsto una transitoria" que cerrase la puerta a las interpretaciones.

Se ha quejado de que en algunos ministerios, sobre todo los de Podemos, hay "prisas por hacer las cosas" y ha pedido a Montero que se "modere" en sus declaraciones y no convierta cualquier asunto en una "batalla ideológica". Bildu por su parte defiende los avances de la ley pero tampoco se cierra a modificarla si hay "puntos de fuga" que propician las rebajas de las condenas de los agresores.