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La Ley del "solo sí es sí", por el momento y solo en algunos casos, está consiguiendo el efecto contrario: que varios abusadores sexuales vean ahora rebajada su condena con la aplicación de este cambio en el Código Penal. Y eso ha levantado en los últimos días un abanico de declaraciones públicas para tratar de arreglarlo. Son palabras de miembros del Ejecutivo que van desde las declaraciones de la ministra de Hacienda María Jesús Montero, que se mostraba partidaria de una reforma de la ley, hasta la ministra de Igualdad, Irene Montero, que echa directamente la culpa a los jueces de estas rebajas de condena porque, a su entender, son unos “machistas”. En medio, Pedro Sánchez desde Bali, donde se celebra la cumbre del G-20, apuesta por la inacción y evita cualquier crítica a la normativa de sus socios de Gobierno; que sea el Supremo el que decida cómo se tiene que aplicar la Ley cuando le lleguen estos casos, y con su decisión sobre la mesa, ya veremos.
Así, lejos de un mensaje unánime, la crisis abierta por la aplicación de la normativa estrella del Ministerio de Igualdad ha desatado dentro del Ejecutivo declaraciones que van del blanco al negro con distintas escalas de grises. pero ¿Qué posibilidades reales hay de modificar la normativa? ¿Están aplicando mal los jueces la norma pensada por Igualdad? ¿Cuánto puede tardar todo esto en resolverse? y sobre todo ¿Qué pasará con este tipo de sentencias mientras tanto?
Para aportar una respuesta a estas preguntas hay que entender primero lo que genera el problema. La norma impulsada por Igualdad elimina los llamados abusos sexuales dentro del Código Penal y considera cualquier delito de este tipo como una agresión sexual. Como ahora el arco de conductas a las que afecta es más amplio, las penas mínimas para los abusos sexuales son menores. El problema viene cuando los condenados con delitos de agresión sexual en su horquilla más baja, pero sin sentencia firme, recurren y reclaman que se les aplique esta nueva normativa. Entonces consiguen que se les aplique el mismo escalón de la nueva Ley, que les deja con una condena dos años menor. Algo que es completamente opuesto al espíritu de la Ley, pero que ya había sido alertado por numerosos juristas antes de su aprobación, al ser un principio legal de aplicación en cualquier reforma.
Ahora y para paliar este problema, en uno de los lados de la balanza, la ministra de Hacienda y vicepresidenta del PSOE María Jesús Montero reconocía públicamente que la ley del “Solo Sí es Sí” necesitaba un nuevo cambio en su articulado. Una modificación que consiga que este problema no se repita. La ministra no llegó a citarlo en sus palabras, pero la mayoría de los expertos apuestan por la inclusión de una disposición transitoria, un apartado en la Ley que acote los casos en los que era posible optar a una revisión de condena para conductas cometidas antes de la aprobación de la Ley pero todavía no juzgadas.
En 2021 fue el Consejo General del Poder Judicial el que advirtió también de los riesgos jurídicos que tenía unificar los delitos de agresión y abuso sexual en un solo tipo penal. A juicio de los juristas, la medida podría provocar "un efecto de desprotección de las víctimas, pues para el autor del delito no tendrá mayores consecuencias emplear un medio comisivo más lesivo que otro de intensidad menor". Así, indicaba que "para evitarlo, sería necesario prever una modalidad agravada de agresión sexual cuando concurra un medio comisivo especialmente lesivo (claramente, con violencia, con amenazas), imponiendo la pena en su mitad superior".
La ministra de Hacienda fue la primera en señalar la necesidad de introducir cambios en el texto para paliar los efectos no deseados de la nueva ley y a ella se han sumado distintas voces dentro del PSOE incluso después de haber escuchado a su jefe Pedro Sánchez defendiendo la norma. Desde la ministra Pilar Alegría al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, varios consejeros de la Generalitat Valenciana o la Delegada del Gobierno en Asturias. Todos reclaman "corregir inmediatamente" el "efecto perverso" de la norma impulsada por el ministerio de Igualdad.
Page exigía que se "reforme cuanto antes" y con "humildad" porque "la soberbia no es la solución" mientras la ministra de Defensa, Margarita Robles indicaba que "el camino no es descalificar a los jueces" en lo que es su enésimo enfrentamiento con Irene Montero.
En un punto intermedio, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez defendió la actual legislación desde Bali, donde se celebra la cumbre del G-20. El líder socialista aseguró incluso que la legislación aprobada en España “va a inspirar muchas leyes en el mundo”, y al contrario de la postura tomada por su número dos en el PSOE, Sánchez declinó crítica alguna a la ley impulsada desde Igualdad. En su caso, el presidente del Gobierno apostó por la inacción. Es decir: esperar a que estas reducciones de condena lleguen al Supremo y sea el tribunal quien unifique la doctrina. El problema de esta medida es el tiempo que pueden tardar esos procedimientos en ser resueltos, con el atasco judicial que sufren los juzgados españoles. Y que la interpretación de los magistrados del Supremo del articulado no tiene porqué ser similar a la que hace el Gobierno.
En su intervención desde Bali, Sánchez puso también la responsabilidad de “unificar esta doctrina” en la Fiscalía. Pero hay otro problema: los fiscales españoles no tienen capacidad de decisión sobre las penas impuestas a los condenados. Solo las solicitan, pero son los jueces quienes deciden si esas peticiones se ajustan o no a derecho y por tanto, las conceden. Es una práctica común que la Fiscalía española pida la máxima pena posible dentro del Código Penal y que esa petición se vea después notablemente reducida tras las decisiones judiciales.
Para la ministra de Igualdad, el problema no está en la Ley, sino en aquellos que la aplican. Para Irene Montero, la modificación del Código Penal no requiere cambio alguno, ya que el problema es el “machismo” de los jueces que han decidido rebajar las condenas de algunos agresores sexuales en aplicación de la nueva normativa. Para ella la solución se limita a mandar a "todo el personal que opera en la justicia" a cursos de "formación" sobre género para aplicar correctamente la Ley de Libertad Sexual.
En un tono todavía más duro, Victoria Rosell, Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, aseguraba que el problema era de algunos magistrados que no tenían perspectiva de género, por lo que la voluntad de las responsables de Unidas Podemos pasa por crear programas de formación y concienciación para magistrados en esta materia y dejar la Ley sin tocar un solo punto de su articulado.