Qué es la malversación y cómo se castiga
La malversación es un delito contra la Administración Pública, en la que un funcionario o autoridad se apropia del dinero público o lo administra de forma desleal
Hay distintos grados de malversación, y las penas oscilan entre los dos y los ocho años de cárcel y hasta los 20 de inhabilitación
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Hecha la propuesta del PSOE para eliminar el delito de sedición del Código Penal, en entra en escena otra modificación, la del delito de malversación, por el que también fueron condenados los líderes del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017.
La malversación consiste en hacer un uso indebido del dinero público, bien sea en beneficio propio o no. Las penas van desde los dos años de cárcel hasta los ocho. Y además, inhabilitaciones de hasta 20 años de prisión.
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Está regulada en el el artículo 432 del Código Penal, dentro del capítulo que recoge los delitos contra la Administración Pública.
Dos grados
La malversación está directamente relacionada con el delito de administración desleal, pero se ocupa específicamente del dinero público.
- Penada con entre dos y cuatro años de cárcel cuando se causa un daño patrimonial a las arcas públicas por una mala administración, infringiendo las normas. Tanto si es en beneficio propio como si no.
- Penada con entre cuatro y ocho años de cárcel para quien malverse el dinero público...
- Causando un grave daño o entorpecimiento al servicio público.
- O si el valor del perjuicio fuera superior 50.000 euros.
Autoridades y funcionarios
La malversación se comete siempre por parte de funcionarios públicos o autoridades, que además de ir a prisión pueden ser inhabilitados.
- En el caso de los que malversen, pero no para apropiarse de los fondos las penas de inhabilitación para cargo público y para concurrir a unas elecciones van entre los seis y diez años.
- En los casos más graves, la malversación en beneficio propio o de terceros, la inhabilitación va entre diez y veinte años.
En el caso del juicio del procés, por ejemplo, sólo están condenados por malversación, en concurso con la sedición, cuatro consellers del Govern. Se trata de los que tenían fondos a su disposición y los emplearon en el 1-O. Los líderes civiles, como Jordi Cuixart o Jordi Sánchez, o la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, sólo fueron condenados por sedición. Lo mismo ocurrió con otros miembros del Gobierno de Puigdemont que no intervinieron en el pago de los preparativos o celebración del referéndum.