La decisión de Pedro Sánchez de suprimir el delito de sedición, con el que fueron condenados los políticos independentistas del procés, vuelve a agitar el panorama político y coloca al presidente del Gobierno ante otro momento clave de la legislatura. El movimiento es igual de arriesgado que el que hizo en junio de 2021 cuando indultó a los nueve presos soberanistas que organizaron el referéndum del 1 de octubre. Sánchez apuesta la gobernabilidad y su futuro político a Cataluña. Necesita los votos de los ciudadanos catalanes y los votos de los partidos catalanes.

Movimientos que van de la mano de ERC, su socio imprescindible de la legislatura y una pieza clave para el PSOE si quiere seguir gobernando. El argumento para eliminar la sedición es el mismo que utilizó para los indultos, fomentar la convivencia en Cataluña dentro de una estrategia de desinflamación del conflicto.

El presidente del Gobierno cree que esa hoja de ruta ha dado sus frutos. "¿Qué Cataluña está mejor, la de 2017 o la de 2022?", repite Sánchez que presume de que el conflicto ya no es un problema para la mayoría de los españoles, la sociedad catalana no está fracturada, han bajado los ciudadanos que quieren la independencia y el PSC está disparado en las encuestas.

Con las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023 cada vez más cerca, Sánchez y todo el PSOE admiten que una decisión de ese calado tendrá un coste electoral en algunos territorios. "Lo asumimos", dicen sin tapujos fuentes socialistas que reconocen que sus votantes más tradicionales de Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha no entienden que se suprima un delito que llevó a la cárcel a los políticos que se saltaron la Constitución. Los barones más críticos con los pactos de Sánchez con los independentistas como Javier Lambán o Emiliano García-Page ya han mostrado públicamente su rechazo a la medida.

Los líderes territoriales se juegan el poder en sus comunidades autónomas dentro de seis meses y les coloca en una situación incomoda ante sus electores. El presidente confía en que el ruido de estos días, con la derecha azuzando el debate de que el Gobierno ha traicionado el Estado constitucional y se ha vendido al independentismo radical, acabe diluyéndose como pasó con los indultos.

Pero hay un factor incontrolable y de efectos políticos y electorales imprevisibles: ¿qué pasa si Puigdemont vuelve a pasearse libremente por Cataluña porque no se le puede aplicar ni el antiguo delito de sedición ni el nuevo de desórdenes públicos agravados? Este es un escenario que auguran algunos magistrados del Tribunal Supremo.

Pero sobre todo la gran esperanza del PSOE es que ese malestar sea contrarrestado por el buen resultado que auguran todas las encuestas al PSC liderado por Salvador Illa. Sánchez necesita el mejor resultado posible en Cataluña para mantener opciones tras las generales, una comunidad que aporta 47 escaños al Congreso de los Diputados. En 2008, Zapatero consiguió llegar a los 25.

El último sondeo del CEO, el centro de estudios de opinión de la Generalitat, asegura que Illa volvería a ganar las elecciones autonómicas por encima de ERC y de Junts. El PSC obtendría entre 35 y 41 diputados, hace año y medio ganó los comicios con 33 diputados. En Cataluña no hay autonómicas en mayo pero los estudios demoscópicos indican que los socialistas catalanes están muy fuertes para las próximas citas en las urnas.

Sánchez no sólo necesita votos catalanes, también sabe que si quiere gobernar necesita sumar tanto a ERC como a otros socios de investidura porque el PSOE y Podemos se quedarían por debajo de su resultado actual. El PSOE no tiene más alternativas para seguir en Moncloa que pactar con los republicanos y otros partidos como Bildu, el PNV o la izquierda minoritaria.

El líder socialista se dio de bruces con la realidad tras las elecciones de 2019 y lo ha podido comprobar en los tres años de legislatura. Pasó de hacer una campaña de mano dura contra los independentistas con promesas como una reforma del Código Penal para castigar la celebración de referéndums ilegales o proclamar solemnemente que iba a traer a Puigdemont a España a adoptar medidas enormemente polémicas que marcarán su mandato como conceder los indultos a los presos independentistas condenados, constituir una mesa de diálogo con Cataluña que ya se ha reunido tres veces para "superar la judicialización del conflicto" y ahora eliminar el delito de sedición.

En el camino trazado por Sánchez está que la reforma se haga lo más rápido posible para separarla al máximo de las elecciones. Es el motivo de que se haya elegido la fórmula de la proposición de ley y no un proyecto del Gobierno aprobado en Consejo de Ministros. De esa forma se acortan los plazos, para empezar se han evitado los informes previos preceptivos del Consejo de Estado y del CGPJ.

La intención de PSOE y Unidas Podemos, los firmantes de la propuesta, es poner el acelerador parlamentario y que la reforma pueda aprobarse cuanto antes. No ponen públicamente plazos concretos, pero en privado sostienen que podría estar a finales de este año si se tramita con urgencia. La intención es que el asunto esté liquidado unos meses antes de la cita electoral del 28 de mayo para que la tormenta se haya disipado.

El PSOE se esfuerza en subrayar que esto no tiene nada que ver con la negociación de los presupuestos generales del Estado y las exigencias de ERC porque es un compromiso de investidura de Sánchez. Hasta ahora siempre se había argumentado que no había una mayoría suficiente para reformar el delito de sedición porque Esquerra solo quería la amnistía para sus presos. El cambio de los republicanos de aceptar una reforma como la que se aborda ahora ha sido el detonante para emprender un cambio legislativo que necesita mayoría absoluta, 176 votos.

Una de las ideas más repetidas por Sánchez y todos sus ministros es que la situación actual en Cataluña no tiene nada que ver con la que había en 2017 cuando los independentistas, con Mariano Rajoy en el Gobierno, aprobaron las leyes de desconexión, declararon unilateralmente la independencia y celebraron el referéndum ilegal. Una sociedad rota, dividida y con un grave problema de convivencia.

Sánchez tira de datos para justificar que su 'agenda para el reencuentro' ha dado resultados. Subraya que en 2017, según el CIS, la situación en Cataluña era el segundo problema para los españoles, ahora ocupa el puesto 41. Otra cifra de la que echa mano Moncloa es que el número de catalanes que no quiere la independencia supera el 50%. El último CEO apunta además que solo uno de cada 10 catalanes apuesta por la vía unilateral y prefiere el diálogo.