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No solo el empresario Manuel García Gallardo, investigado por inflar presuntamente un contrato de test convid para la Sanidad andaluza contactó con el financiero y presunto blanqueador Fernando P. Además y según ha podido confirmar NIUS, las escuchas telefónicas arrojaron un nuevo nombre: el del empresario canario Rayco Rubén González, administrador de la firma RR7 e investigado junto a dos responsables de la sanidad por otro contrato relacionado con el Covid; en este caso, por la presunta venta fraudulenta de mascarillas por un valor de 4 millones de euros.
Según los informes de la Guardia Civil, el principal objetivo de sus pesquisas, señalado por la DEA estadounidense como el posible enlace en España de una red de blanqueo de capitales del narcotráfico y especializado en la comercialización de bitcoins, recibió el 28 de noviembre de 2020 una llamada de un hombre hasta ese momento desconocido. Una persona que se identifica que les explica que tiene un cliente interesado en “su bingo” y que pasa el teléfono a una tercera voz. Este nuevo interlocutor se identifica como “socio de Lucas, allá en Palma de Gran Canaria” y le explica que ha llegado ese mediodía a Madrid.
Los agentes encargados del caso identificaron al primer interlocutor como un ciudadano italiano llamado Ferdinando G, nacido en 1981, y a la tercera voz que aparece como Rayco Rubén Gonzalez, que según la herramienta mercantil Informa ocupa en total 11 cargos en distintas sociedades en España y es administrador de la sociedad RR7, involucrada en el caso de la venta de mascarillas a la sanidad canaria. Los miembros de la UCO confirmaron la identidad de ambos comparando los números de teléfono con los vuelos que partieron desde Canarias ese día con destino Madrid. Los informes de la Guardia Civil reflejan que tras distintos contactos, la reunión no llegó a producirse, por lo que consideran que “la operativa de blanqueo de dinero” por medio de criptomonedas quedó “pendiente de ejecución”.
Según adelantó el diario Canarias 7, González prestó declaración el pasado mes de noviembre como investigado por presuntos delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales y señaló al director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, como la persona que negoció directamente el contrato investigado, que ascendió a cuatro millones de euros por un millón de mascarillas, cuando en un primer momento era de 3.9. En su testimonio ante el juez, González mantuvo que ese incremento de 100.000 euros en la factura fue solicitado por una de las personas de confianza del director del SCS y que “imaginaba” que ese dinero iría a pagar comisiones distintas a la suya.
El procedimiento judicial, cuyas diligencias han sido encargadas a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, mantiene como investigados tanto a Conrado Domínguez como a la ex responsable de Recursos Económicos de la Sanidad canaria, Ana María Pérez.
Según la misma fuente, en su declaración el empresario investigado explicó que parte del dinero que RR7 ingresó de las arcas públicas se dedicó a la compra de vehículos de lujo en Italia e hizo descansar la responsabilidad de estas operaciones en el que fue, según su versión, su asesor financiero, llamado Lucas Cruz, al que después denunció.
Cabe recordar que en la llamada captada en noviembre de ese mismo año por la Guardia Civil en este segundo procedimiento, seguido por un juzgado de Alcalá de Henares (Madrid) González se describe según los informes como “el socio de Lucas, de allí en Gran Canaria”. Su interlocutor, investigado por blanqueo, explica entonces que les esperaba “esta semana, que no esperaba que el fin de semana le llamara nadie”, a lo que la voz que los agentes identifican como Rayco Rubén González mantiene que “se han demorado ellos organizando todo” y que a su llegada a Madrid “comieron y hablaron con ellos para el tema de los coches”, en una posible referencia a los vehículos italianos que investiga la Justicia canaria.
Entre los vehículos investigados, según la querella presentada por la Fiscalía, habría coches por valor de 720.000 euros, y entre ellos tres Lamborghini y un Bentley, todos ellos con un valor de mercado superior a los 100.000 euros.