Fue el 1 de septiembre de 2020 cuando los agentes de la DEA, la agencia anti-droga de los Estados Unidos, se pusieron en contacto con la Guardia Civil para dar la voz de alarma. Desde hacía meses, sus hombres realizaban una investigación sobre una red de blanqueadores para los clanes de la droga de América Latina. En una de esas pesquisas, los agentes de la oficina en Los Ángeles (California) pudieron saber que entre los “corredores”, entre las personas que movían dinero de estos grupos para blanquearlo, habría un español, de nombre Fernando.
“Tan pronto como los traficantes logran entrar un envío grande de estupefacientes a otro país, la misma organización criminal busca la forma de repatriar el dinero producto de dicha venta a Colombia o Panamá. Los corredores se especializan en facilitar el blanqueo de ese mismo dinero”, explican los agentes de la DEA en su alerta, emitida desde la oficina que los miembros de este grupo tienen dentro de la embajada de los EEUU en Madrid. En este caso concreto, los investigadores anti-droga habían detectado que el pasador español ofrecía presuntamente “la recogida de aproximadamente un millón de euros en Madrid. En este caso la DEA prefiere que la Guardia Civil intervenga el dinero: no pedimos que se recoja el dinero para luego transferirlo a una cuenta bancaria de la DEA”, explica el comunicado emitido por la agencia y al que ha tenido acceso NIUS. “Esta información es altamente sensible”, alertaban los agentes, que pedían al Instituto Armado máxima discreción.
Y así fue. Los agentes comenzaron a trabajar con el control del Juzgado de Instrucción número 3 de Alcalá de Henares, que se hizo cargo de las diligencias, y pronto identificaron a los primeros investigados. El tal Fernando era en realidad un financiero que manejaba según los agentes un negocio de criptomonedas desde Madrid sin estar dado de alta en la CNMV, detenido en 2006 por un presunto delito de tráfico de drogas. Desde ahí, la madeja creció a una red dedicada a crear páginas web ficticias con pasarelas de pago que hacían llegar a España el dinero desde América Latina en forma de supuestas compras. Todo servía para justificar el movimiento de dinero desde República Dominicana, Panamá o Brasil, siempre que fuera de alto precio: ordenadores, tablets, bicicletas de alta gama o incluso karts. Según los investigadores, las personas que ingresaban el dinero nunca recibían esos productos. En realidad los fondos eran transformados en criptomonedas y devueltos después a sus propietarios en forma de inversiones presuntamente legales… y a cambio de una comisión.
Tal y como adelantó este diario, fue en el marco de estas pesquisas cuando los agentes detectaron los contactos entre dos de los principales investigados y el empresario gaditano Manuel García Gallardo, detenido en enero de este año y acusado de participar en un pelotazo frustrado con la venta de test contra el Covid a la Junta de Andalucía. En una de las escuchas, los dos financieros llegan incluso a mantener que el empresario habría valorado montar una plantación de marihuana en una de sus naves industriales. “Para eso monta un laboratorio de farlopa”, explica uno de los investigados a otro en las grabaciones telefónicas.
Sin embargo, los agentes destacan en sus informes que no hay más pruebas que esas palabras de las posibles intenciones del el empresario, ya que la plantación nunca se materializó ni se detectó gestión alguna en ese sentido, y todas las conversaciones que hacen referencia a García Gallardo están protagonizadas por terceros. De hecho, los agentes destacan en sus informes que los investigados planeaban estafar al empresario gaditano entregándole dinero falso comprado en Portugal.