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El Gobierno no ha escondido su interés en que el Tribunal Constitucional se renueve cuanto antes, toda vez que esa renovación supondrá un vuelco en el equilibrio de sensibilidades de los magistrados y configurará una mayoría progresista. De hecho, después de tener vetada la principal función del CGPJ -nombrar jueces- mientras estuviera en funciones, en julio reformó ese veto para que el Consejo del Poder Judicial sí pudiera nombrar a los del Constitucional y solo a ellos. Pero, ¿Por qué es tan importante para el Ejecutivo?, y no sólo eso, ¿Por qué el PP no tiene ninguna prisa?.
La respuesta es sencilla, porque de ese tribunal depende el futuro de muchas leyes aprobadas por el Gobierno. El cometido del TC no otro que revisar que las decisiones de otros tribunales, y muchas veces de la Administración, se ajustan a la Carta Magna. Ahí, nos encontramos con el concepto de interpretación. El trabajo de estos 12 magistrados es interpretar la Ley, y la Ley se puede interpretar de formas muy distintas y por motivos diversos, también en función de la sensibilidad del magistrado en cuestión, de si es progresista o conservador. En la labor del tribunal de garantías hay una parte importante técnica. Quienes han pasado por él recuerdan que los bloques no son inamovibles y que muchas veces los progresistas votan conservador y a la inversa.
Pero los partidos políticos, tienen claro que la ideología importa y conscientes de eso, acuden al Tribunal Constitucional para tirar abajo cada ley del gobierno de turno que no les gusta. Es decir, como si fuera una tercera cámara parlamentaria en la que recurrir cuando no han conseguido parar normas, o reformarlas, en el Congreso y en el Senado.
Unas veces lo consiguen, otras no, y otras se quedan en el limbo, como el recurso del PP contra la Ley del aborto, presentado hace 12 años y que tras pasar por las manos de una magistrada progresista -Elisa Pérez Vera- y otro conservador -Andrés Ollero- no ha conseguido un acuerdo entre los magistrados que han ido pasando por el Constitucional en estos años.
La progresista Pérez Vera avalaba la ley, pero sabía que muchos de sus compañeros no iban a refrendar su sentencia y no la llevó a pleno. Pero Ollero, conservador, hizo uno en contra de la norma, y tampoco la llevó porque sabía que no iba a obtener mayoría. Total, que ahí sigue, a la espera de que Enrique Arnaldo, azote de la ley del aborto con sus artículos, en su día, emita una sentencia difícil y más aún si el Constitucional tiene mayoría de los progresistas.
En los últimos tiempos, Vox ha liderado la batalla en el TC, con recursos contra prácticamente todo lo que ha aprobado el Gobierno. Entre los últimos, hace unos días, ha presentado uno contra la ley de igualdad de trato y otro contra la ley que penaliza el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para abortar.
Muchos de las decenas de recursos de Vox están a la espera de admisión, pero lo cierto es que los de Abascal se marcaron una victoria política cuando el Constitucional tumbó el Estado de Alarma. Sólo les aceptaron una pequeña parte, la de que no hubo que utilizar el estado de alarma para confinar a la población, sino que se debería haber usado el estado de excepción. Pero con la sentencia decayó el estado de alarma y las multas impuestas en virtud del mismo, es decir, el TC anuló los decretos que había acordado el Parlamento.
La sentencia está firmada por Pedro González Trevijano, actual presidente del TC considerado conservador. Pero es ciertoque su ponencia estuvo apoyada por algunos compañeros progresistas. Otros aseguran que el estado de alarma se pudo haber mirado desde otra perspectiva, teniendo en cuenta que el estado de excepción habría sido demasiado duro y no se correspondía con la situación. Los votos en contra -y a favor- vinieron de ambos sectores, lo que refuerza la idea de que en muchos asuntos, la ideología quede al margen aunque en muchos otros sí que pesa.
Hasta la saciedad ha exhibido Vox aquella sentencia y la que llegó después, aceptando su recurso contra la decisión de "cerrar" el Congreso. Con 52 diputados, el partido verde se ha quedado solo en distintas ocasiones en el Parlamento, pero a fuerza de poner recursos, a veces consigue que su tesis se imponga, por la vía del Constitucional.
Con menos intensidad que Vox, pero también activo, el PP está llevando algunas de las grandes leyes del Gobierno al tribunal de garantías, a veces de la mano de Vox y también de Cs.
En su caso, está a la espera de respuesta a recursos contra leyes que tocan la columna vertebral de la agenda legislativa de Sánchez. Hablamos de la ley de Eutanasia, la de Educación de Isabel Celáa, o la ley del Ahorro energético, contra el que recurrió la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Y es que esa tendencia a buscar en el tribunal lo que no se ha conseguido en las votaciones del hemiciclo lo practican todos. También lo ha hecho el PSOE cuando estaba en la oposición, como hizo contra la llamada "Ley Mordaza", avalada casi en su totalidad por el pleno del TC en 2020, un pleno, precisamente, de mayoría conservadora.
Ahora que está en el Gobierno, Sánchez quiere un tribunal más parecido a lo que está representado en el Parlamento y por lo tanto a lo que dicen las urnas, porque los futuros magistrados van a tener que dictaminar sentencias sobre las leyes recurridas y otras que con toda probabilidad lo serán, como la ley Trans, aprobada hace sólo unos días. Y por eso mismo, a Feijóo le gusta como está, porque la sensibilidad actual del tribunal está más cerca de sus postulados que de los del PSOE.
Lo cierto es que no estamos hablando sólo de jueces de carrera y que sus miembros pueden ser también fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, la condición es que sean "juristas de reconocido prestigio". Su función no es tanto juzgar como interpretar la Constitución, y de hecho, no es un tribunal integrado en el Poder Judicial.
En total, el pleno debe estar compuesto por 12 miembros, llamados magistrados, que salen de cuatro ámbitos distintos incluidas las cámaras parlamentarias, es decir, nuestro sistema da voz al Parlamento a la hora de decidir quien integra este tribunal, a diferencia del resto de órganos judiciales, incluido el Supremo.
Los magistrados son nombrados para nueve años propuestos por estos órganos:
Los cuatro propuestos por el Gobierno y el CGPJ van en la misma tanda y es la que precisamente toca renovar ahora y la que supondrá el giro hacia una mayoría progresista.
Eso sí, aunque la mayoría vengan propuestos por poderes políticos, una vez acceden al cargo, el puesto es incompatible con cargos políticos, o incluso con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal.
Los magistrados siempre defienden que ellos estudian las leyes con perspectivas teóricas y que sus dictámenes no tienen que ver con la ideología política. Sin embargo, la mayoría se acaba notando en muchas ocasiones -no en todas-, así que tras años de mayoría conservadora, Sánchez espera que sus leyes sean revisadas por un tribunal que comparta su visión -y por tanto refrendadas-. Y Feijóo, pues eso, que no tiene prisa porque cambie la tendencia.